El sábado pasado la Coalición por una Comunicación Democrática se reunió en Santa Rosa para ratificar la voluntad de las cientos de organizaciones que la integran de que la comunicación -en todos los soportes- debe seguir siendo entendida como una industria cultural y por lo tanto seguir dentro del marco de los derechos humanos y la diversidad cultural.

Desde sus orígenes en 2004, la Coalición se concentró en impulsar principios básicos basados en los tratados de derechos humanos a los que la Argentina ha adherido. Así, el 27 de agosto de ese año se presentaron los 21 Puntos que recorrieron el país y dieron origen al proyecto de Ley que el gobierno de Cristina Fernández enviara al Congreso, luego convertido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los contenidos de la LSCA nacieron de la experiencia popular y recorrieron el país. Su texto fue propuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo le introdujo numerosas modificaciones y la votó con amplias mayorías.

La LSCA, tal como fue votada en 2009, dejaba bien claro que todos los servicios regulados estaban debajo del paradigma de la Diversidad Cultural, establecido a partir de la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales” promovida por la Unesco. El artículo 2 dice “El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación...”.

La misma Unesco en su informe “Re/pensar las políticas culturales” presentado el pasado 16 de diciembre destaca que en nuestro país, a partir de la LSCA, aumentaron los contenidos locales en los canales del país en un 28%. Un porcentaje de crecimiento que muy pocas industrias pueden mostrar como consecuencia directa de medidas de promoción dispuestas en un texto legal.

Tengamos en cuenta que la abrumadora mayoría de canales locales de televisión que existen en el país son producto de que las empresas de TV por Cable deben poner al aire un canal propio. Valoremos también que la obligación de poner al aire contenidos locales es una conquista de la LSCA amparada en las disposiciones de la Unesco que permiten a los Estados establecer medidas de promoción. En nuestro país, la Constitución Nacional de 1994 va mucho más allá y por el artículo 75 inciso 19 obliga al Estado a establecerlas.

Esta caracterización es cuestionada a partir de la determinación del gobierno nacional de establecer que la TV por Cable es una actividad de Telecomunicaciones, realizada mediante el DNU 267/2015. Por decisión de la nueva administración ya no es más una industria cultural y pasa a depender de las normas de liberalización comercial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La consecuencia directa -entre muchas otras- es que se cae la posibilidad de establecer reglas de promoción de contenidos -como las cuotas de producción nacional, regional, local e independiente- y por ende es posible imaginar un impacto directo en la actividad.

Sin contenidos locales, sin informativos propios en cada ciudad, no solo se va a saber menos de lo que ahí sucede, también habrá menos producción de otros géneros. Eso es lisa y llanamente menos trabajo para técnicos, periodistas, locutores, sonidistas, escenógrafos, maquilladores, iluminadores, directores y muchos otros rubros. Y esto lo decidió un decreto. No creemos que los votantes de la Alianza Cambiemos hayan pensado en todo esto a la hora de elegir al presidente que preferían para gobernarnos, pero las consecuencias de aquella decisión ya se observan en el ámbito de la comunicación con precarización laboral, despidos y caída de inversiones.

Los contenidos de la LSCA nacieron de la experiencia popular y recorrieron el país. Su texto fue propuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo le introdujo numerosas modificaciones y la votó con amplias mayorías. Por último el Poder Judicial la declaró plenamente constitucional. Pensemos por un momento la barbaridad que significa que sea modificada con la firma de una sola persona.

Si nos relataran esta secuencia y por un momento lográramos abstraernos de las discusiones domésticas, pensaríamos en la obra de un dictador en algún remoto país. Nadie dudaría en condenarlo y se explicaría por el carácter autoritario del gobierno. Los medios de comunicación se escandalizarían.

Aquí no sucede ni un poquito. No sucede con esto ni con el veto presidencial de leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Mucho menos con la ausencia de explicaciones acerca de las empresas offshore y el dinero en paraísos fiscales a nombre del presidente.

No creemos que los votantes de la Alianza Cambiemos hayan pensado en todo esto a la hora de elegir al presidente que preferían para gobernarnos, pero las consecuencias de aquella decisión ya se observan en el ámbito de la comunicación con precarización laboral, despidos y caída de inversiones. Tampoco nos vamos creer que Macri y compañía no avisaron. Desde que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue puesto a debate público ellos se manifestaron en contra. Con la complicidad de los grandes grupos de la comunicación, editorialistas y formadores de opinión influyeron en la manera en que muchísimas personas concibieron esta iniciativa. Y lo votaron en contra o se ausentaron del debate.

En el encuentro de la Coalición en la capital pampeana, hombres y mujeres de distintos sectores y de todo el país dieron un grito, el Tercer Grito de Santa Rosa. En la declaración final se alerta sobre el riesgo que representa que el Enacom esté pensando en una nueva regulación sin tener en cuenta la participación popular. Y demás que se le esté encargando el proyecto a una consultora extranjera.

La disyuntiva es si queremos ser un pueblo que se respeta a sí mismo desde los derechos humanos o queremos ser una simple mercancía al servicio de los intereses de las grandes empresas. Está en juego si nos vamos a pegar, otra vez, un tiro en el pie.