Pasados unos días del terremoto “López” y en pleno vendaval “De Vido”, reflexionar sobre los modelos de Estado y la corrupción asociada a ellos resulta un ejercicio necesario. En particular porque ante la serie inagotable de políticas impopulares y la ausencia de la “felicidad” prometida, el recurso a la grieta, que tanto éxito le trajo a la actual administración en el pasado reciente, vuelve a emerger aunque en otros términos.

La pesada herencia es ahora convertida en una década en la que nada se hizo y todo se robó, y se la sintetiza en premisas que dan cuenta de un Estado robado que no se tradujo más que en el negocio de unos pocos y sin traslación alguna a la población. Nuevamente dudando de nuestra capacidad como ciudadanos críticos, se nos enrostra que no pudimos ver nada de lo que varios iluminados, como Elisa Carrió, nos estuvieron advirtiendo por años. Todo ello demostrado en un solo acto, por un ex funcionario corrupto que protagonizó un episodio digno de la pantalla grande y nos muestra en la tapia de un convento lo que no pudimos ver los demás, los tozudos seguidores de un proyecto político al que confiamos nuestras expectativas.

Por supuesto que en esta secuencia no se tiene en cuenta el resultado de las políticas públicas en la población y la legitimidad sustantiva del Estado que esto provocó y que se tradujo en millones de sufragios. Rescatar esa década parece que automáticamente lo convierte a uno hoy, además de un obsecuente, en un defensor de corruptos. Quede claro lo que en sí mismo no necesita aclaración, la corrupción y sus agentes son execrables y un tumor en la sociedad y el Estado que no debiera existir. A ellos, solo condena y una justicia que realmente se haga cargo de su función y aplique el arsenal jurídico del que dispone para al menos hacer cada vez más riesgoso y poco rentable los actos de corrupción sobre lo que nos pertenece a todos, lo público.  

Pero la corrupción y su cruce con diferentes modelos estatales ponen en tensión concepciones que hoy pueblan la mentalidad colectiva, influidas por el nuevo gobierno y sus propagandistas. Los Estados que aplican políticas públicas de inclusión ciudadana necesitan estar bien nutridos de recursos y devienen, en consecuencia, en fuertes estructuras. En este marco, la corrupción de determinados funcionarios es un mal endémico que los asola. Esto no es propiedad de Argentina, sino un rasgo común que se encuentra en países subdesarrollados pero también y con más frecuencia de la deseada en los países del primer mundo. Pero para que esta corrupción exista siempre se necesita del corruptor, que generalmente no habita el Estado en forma estructural sino el mundo de la libre empresa, de aquellos que hoy son presentados en la sociedad como victimas, pero en realidad son los victimarios. Son los que no denuncian a tiempo y hacen sus negocios entregando dinero espurio a integrantes del Estado, de ese Estado al que después impugnan y critican, el mismo que les permitió hacer negocios millonarios y engrandecer sus empresas y patrimonios.

Cuando los gobiernos populares caen en desgracia y son alejados del poder, la sustitución es casi siempre por gobiernos que entienden que el Estado está sobre cargado, que no debe dar respuestas inclusivas y que debe ser saneado financiera y moralmente. Aquí aparece la imagen de un Estado conducido por los gestores de lo privado y con la mentalidad propia del mundo de la empresa. Ante una ciudadanía poco crítica se presenta una mezcla de eficacia y eficiencia en el manejo privado de lo público que trae esencialmente transparencia y limpieza. Pero en realidad y la historia ha dado muestras sobradas, estos nuevos gobiernos que generan en el corto o largo plazo Estados desguazados, mínimos y de baja intensidad pública, no dejan de generar corrupción, sino que la trasladan afuera del Estado, precisamente en lugares de más compleja investigación y de menor acceso judicial. Para qué creen ustedes que se construye ese entramado institucional, económico y financiero inalcanzable para las justicias nacionales sino para encubrir y dificultar el control sobre la evasión, la corrupción y las rentas ilegales. La larga, secreta y compleja investigación internacional del consorcio de periodistas que destapó los “Papeles de Panamá” es un claro ejemplo de lo difícil que resulta sacar a la luz esta intrincada ingeniería a la que muy pocos ciudadanos tienen acceso cognitivo.

La corrupción en los Estados amplios es, por tanto, más fácil que salga a la luz en algún momento que en esos Estados reducidos que entregan los recursos públicos y encubren los negocios ilegales alejándolos de la mirada y el control ciudadano. Sobre estos últimos la justicia suele avanzar menos aún que sobre los expedientes del primer grupo. Además los medios de comunicación transmiten con lujo de detalles a los funcionarios acusados de corrupción, incluso con condena social previa, y mucho menos a los que provienen del mundo de la empresa, varios de ellos relacionados íntimamente con ese  periodismo “independiente”. Pensemos por caso cuantas rotativas y cuanto aire han tenido los tempranos casos de corrupción del actual gobierno.

Si somos ciudadanos auténticamente críticos con la corrupción, debemos señalar a todos y mirar en todas las direcciones. Como protectores del Estado que debemos ser también hay que protestar cuando se abusa del Estado con maniobras que dañan la institucionalidad o cuando se excluye al pueblo en los actos públicos, como el reciente de la bandera en Rosario, o cuando se dilapidan a futuro los recursos de todos en deuda externa, o cuando se permite repatriar capitales con garantía de impunidad, o cuando se gobierna solo para los sectores sociales más favorecidos. 

Francisco Camino Vela