El 28 de septiembre fue establecido como Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a partir del V Encuentro Feminista Latinoamericano realizado en 1990. Desde hace 27 años, el movimiento de mujeres salimos a las calles a denunciar que la clandestinidad del aborto es una de las principales causales de muerte de mujeres gestantes y a exigir este derecho elemental a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras vidas.

En Argentina, si bien no hay estadísticas oficiales, se considera que se efectúan 460.000 abortos por año. Según registros hospitalarios son más de 80.000 las internaciones como consecuencia de las prácticas inseguras en la clandestinidad, y más de 300 las mujeres jóvenes y pobres que pierden la vida anualmente.

La penalización del aborto no impide su práctica

Las tasas de abortos inducidos en países donde el aborto es legal, son similares a los países donde no lo es. En nuestro país, durante los últimos 30 años la tasa se mantiene constante: 1 de cada 3 embarazos termina en aborto inducido. Los números hablan por sí solos: aún en la ilegalidad, las mujeres continúan interrumpiendo los embarazos no deseados.

Aunque el aborto es ilegal para todas, las que no pueden pagar para realizarlo en condiciones seguras y de asepsia, sufren consecuencias graves en sus cuerpos, y ponen en riesgo su salud y su posibilidad futura de tener hijos deseados, e inclusive su propia vida.

El Estado es responsable

El Estado y los gobiernos se vienen negando a debatir seriamente y avanzar en la legislación necesaria. Esto, lejos de evitar su práctica, garantiza que la clandestinidad del aborto se convierta en un negocio altamente redituable. Según una investigación de periodistas de Radio Nacional en el año 2010, la industria del aborto involucra unos 1.000 millones anuales que se reparten entre médicos y clínicas privadas, farmacias y laboratorios. Los números hablan por sí solos: si multiplicas los casi 500.000 abortos inducidos al año por los entre 8.000 a 25.000 pesos que puede costar un aborto quirúrgico, ó bien por los 4.000 pesos que pueden cobrar un blíster de Misoprostol, la cuenta cierra perfecta.

La ilegalidad del aborto en nuestro país constituye un verdadero femicidio estatal, del cual son cómplices todas las fuerzas políticas que se niegan a tratar y aprobar el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado ya en seis oportunidades en el Congreso de la Nación por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA), que integran más de 350 organizaciones sociales, políticas y de mujeres en todo el país.

Es necesario un debate profundo que, más allá de las posiciones personales o los credos religiosos, las mujeres necesitamos. El aborto legal es un tema de salud pública y el Estado es el responsable de garantizarnos este derecho.

A las calles por el aborto legal en el hospital

Todos los derechos que conquistamos las mujeres a lo largo de la historia fueron producto de nuestra lucha y movilización. Por eso, en el “Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”, volvemos a salir a las calles a exigir Ni Una Menos por abortos clandestinos, educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, y aborto legal en el hospital para no morir.

El aborto, un debate de campaña

Desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas queremos que todos los candidatos y candidatas a diputados nacionales de nuestra provincia, hagan exp0lícita su posición respecto del aborto. Queremos saber si una vez que conquisten una banca en el Congreso van a apoyar o no el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que desde durante doce años espera su tratamiento y aprobación en el recinto.

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya se pronunció. Justificó su posición anti derecho al aborto en argumentos de experiencias personales. Por más traumática que haya sido la vivencia personal de quien fue presidenta durante dos mandatos consecutivos, no puede justificar la clandestinidad del aborto y que sigan muriendo mujeres jóvenes y pobres. A lo largo de sus ocho años de mandato, son más de 2.000 las mujeres que murieron por las consecuencias de los abortos inseguros que se practican en la clandestinidad. 

El Frente de Izquierda ya se pronunció a través de sus diputados en la Legislatura provincial, en el Congreso de la Nación y en la calle, acompañando el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y la lucha del movimiento de mujeres. Queremos que el resto de las fuerzas políticas también se pronuncien.