La ley ómnibus de pago a jubilados y blanqueo de capitales que se propone aprobar el gobierno de Cambiemos el miércoles próximo en Diputados, y que presenta bajo las ficciones de “Sinceramiento fiscal” y “Reparación histórica”, es un proyecto tramposo, contrario al interés general.

En 1992, la ley de “Federalización de hidrocarburos y privatización de YPF” también fue presentada como requisito imprescindible para pagar a los jubilados, pero una vez aprobada éstos siguieron sin cobrar, el país perdió una empresa clave para su soberanía energética y lo que se federalizó a niveles nunca antes vistos fue la pobreza.

Este nuevo alarde legislativo, en cambio, parece destinado a garantizar impunidad a una legión de evasores mientras contribuye a descapitalizar el sistema jubilatorio estatal.

Lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri es usar un resorte sensible para la sociedad como es el de los haberes de los jubilados para beneficiar a los evasores, a los lavadores y a los especialistas en fugar capitales de este país.

De todos ellos hay numerosos representantes en el gabinete de Cambiemos, empezando por el propio presidente de la Nación, como ha quedado en evidencia con el escándalo de sus empresas off shore panameñas y su patriótica decisión de “traer de regreso” al país los fondos millonarios que fugó a Bahamas.

Estamos hablando de un proyecto a la medida de empresarios que, como buena parte de los funcionarios del gobierno Pro, practican el deporte más viejo de la Argentina: burlar al fisco y con ello a toda la sociedad.

A los de esta condición, el proyecto oficial no sólo les permitirá obtener la condonación de sus deudas tributarias sino también dejar esos fondos sustraídos al control de la Afip, fuera del país, en ese lugar que el ‘relato’ oficial llama “el mundo” y el común de los mortales timba financiera internacional.

Otro aspecto no menos grave del proyecto macrista, es que apunta a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuyo 12% está compuesto por acciones heredadas de la nacionalización de las -por decir poco- inicuo sistema de las AFJP.

Al hacer posible la venta de las acciones que la seguridad social tiene en su poder, se cumple con otro doble objetivo: desfinanciar el sistema público de reparto y librar a las empresas, que antes hacían negocios sin riesgo con los fondos de los jubilados, del incómodo control que puede llegar a ejercer sobre ellas un eventual gobierno que, en lugar de representar a los empresarios evasores de divisas, encarne el interés colectivo.

Pero hay más. El proyecto de Cambiemos permite también que los recursos de los jubilados acumulados en el FGS se usen de ahora en más para hacer inversiones en el exterior.

Es decir, en el modelo de “sinceramiento” que impulsa el gobierno, no alcanza con que los privados poderosos fuguen divisas, también es preciso que se puedan fugar los fondos públicos.

¿Para qué todo esto? Sin duda, para desfinanciar el sistema previsional, abonando el terreno para una futura reprivatización, total o parcial, de esa enorme masa de recursos que constituye el aporte jubilatorio de los trabajadores argentinos.

No exageró la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al denunciar que se trata de un verdadero “Caballo de Troya”, destinado a introducir “el huevo de la serpiente” llamado a destruir el Sistema Previsional Argentino.

Seis largos meses alcanzan y sobran para entender qué intereses defiende el gobierno. Lo que no se termina de ver es cuáles son los intereses que defienden algunos sectores de la oposición.

La gran mayoría se da cuenta de que la ley ómnibus es un timo, y también es consciente de los peligros que entraña para el futuro de los jubilados. Pero, a contrapelo de lo que parece razonable -resguardar los intereses de quienes los votaron-, hay sectores de la oposición que parecen optar por lo contrario.

En los hechos, al macrismo y a sus socios de la UCR y el Ari Coalición Cívica les bastó con ceder unas pocas concesiones para sumar al massismo y al bloque Justicialista de Diego Bossio al despacho de mayoría que le permitirá llevar su proyecto al recinto el miércoles próximo.

Seguramente estos sectores de la oposición tratan de despegarse del Frente para la Victoria porque consideran que en el pasado reciente les quitó legitimidad frente a las masas. Y acaso también porque el kirchnerismo es el hecho maldito del país macrista, y ni Massa ni Bossio dan muestras de querer desafiar al poder constituido.

Tal vez lo hacen porque piensan que haciéndole una oposición amigable Mauricio, van a conseguir más que si lo irritan. Sin advertir, que pegarse a un gobierno tan abiertamente antipopular y antinacional como el este es un salvavidas de plomo de cara al futuro.

Sólo así, sumidos en cierta confusión, se entiende que hasta acá lo hayan acompañado en casi todas sus aventuras reaccionarias: los controvertidos decretos de necesidad y urgencia de la primera hora; la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para hacer posible el ominoso pago a los fondos Buitre; el intento de hacer fracasar, con saldo a favor del gobierno, la ley de emergencia ocupacional.

Como acaba de advertir en el diputado neuquino Darío Martínez, el Frente Renovador y el bloque Justicialista “son casi un interbloque con el oficialismo y han resignado cuestiones que fueron el eje de sus campañas electorales”.

Nada diferente, en fin, puede decirse de cierto gremialismo que mira para otro lado, mientras despiden legiones de trabajadores y destruyen la base de sustentación de un mercado interno que, en definitiva, es el que les proporciona razón de ser.

El gobierno de Macri va a fondo con su proyecto de hacer retroceder al país por lo menos una década. En ese tren de cosas, la estafa a los jubilados y la indulgencia para los evasores es un escalón más. Pero que nadie se engañe, a mediano y largo plazo sólo hay lugar para una oposición consecuente contra este proyecto que lesiona los intereses de las mayorías.