En la semana que termina en Río Negro el Consejo de la Magistratura ha tomado decisiones que involucran a un camarista y un juez que cumplían funciones en el ámbito de la primera circunscripción judicial con asiento en Viedma.

Por un lado el cuerpo rechazó la renuncia del procesado camarista Juan Bernardi y ratificó su enjuiciamiento por “mal desempeño y graves desórdenes de conductas”. Asimismo suspendió por 180 días y hasta tanto se sustancie el sumario correspondiente, al juez penal Favio Igoldi, que justamente procesó al camarista.

El Consejo consideró que la aceptación o el rechazo de la dimisión presentada por Bernardi la debe resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que deberá expedirse sobre el particular. Al alto tribunal no le quedará mucho margen de maniobra ya que el presidente del Consejo y a la vez integrante del STJ consideró que está avanzado el proceso de juicio político y que hay una gran expectativa social por la resolución del tema.

Bernardi había presentado su renuncia días atrás con la intención de evitar su enjuiciamiento.

A fines de abril del 2015 había sido procesado con prisión preventiva bajo la imputación de ser “promotor de actos corruptivos, en concurso real como promotor de la prostitución de una menor de edad, agravadas por abuso de una situación de vulnerabilidad y su calidad de funcionario público”, hechos repetidos en no menos dos oportunidades.

El camarista perdió sus fueros tras la acusación y quedó detenido por espacio de 49 días, tras los cuales la Cámara lo liberó, argumentando que la prisión preventiva no se justificaba porque no había indicios de que pudiera fugarse, entorpecer la investigación o perjudicar a la víctima.

Como decíamos, quien procesó y encarceló a Bernardi, fue Favio Igoldi, justamente el juez penal que fue suspendido por 180 días en la misma sesión del Consejo de la Magistratura.

La sanción se debió a una serie de “falencias” registradas en su accionar que “afectan el principio de justicia”.

Durante el ejercicio de su función, Igoldi sumó unas ocho denuncias, entre ellas el procesamiento del ex juez del STJ, Víctor Sodero Nievas, que también lo había denunciado en el Consejo, su accionar por un incendio en tribunales que además derivó en una pelea con una fiscal. En este último caso el informe cuestiona su “mal desempeño de la función, al realizar actos de manifiesta arbitrariedad, demostrar reiteradamente ignorancia inexcusable de la legislación vigente y dejando de cumplir disposiciones contenidas en las normas de orden público”.

Tanto el sindicato judicial, como vecinos autoconvocados de Viedma, pidieron la no aceptación de la renuncia de Bernardi. Solicitaron al consejo no ser partícipes de la burda maniobra del juez para procurar su impunidad, que es evitar una posible sanción, esquivando el mecanismo institucional disciplinario que le corresponde por su condición.

Por otra parte el gremio judicial manifestó que “en un hecho sin precedentes, hemos asistido a una burda teatralización, sobre la que probablemente sea la definición política más relevante de los últimos tiempos en lo que respecta al STJ, en la cual dicho Tribunal, en un acto de absoluto desprecio para con la sociedad entera, genera maniobras para deslindar responsabilidades que le son propias y de esa manera evitar los costos políticos, corporativos y sociales”.
Dijeron también que es muy evidente la distinta vara con la que se mide a los diferentes funcionarios públicos en virtud del “consenso político”, y en este marco es muy distinta la suerte de algún juez que en uso de sus funciones decide cuestionar a los poderes fácticos ya sean de orden político o económico, que la suerte de los que son obsecuentes y deciden protegerlos.
A los primeros los suspenden por 180 días con una clara intención destituyente y como contrapartida, los segundos no sólo tienen la protección corporativa para sostener la impunidad, los privilegios y el estatus quo de la familia judicial, sino que a su vez serán recompensados con distinguidos ascensos.
Lo cierto es que la justicia rionegrina se encuentra en el ojo de la tormenta llevando a los jueces al banquillo de los acusados. Y esto siembra, o mejor dicho, acrecienta un aire de desconfianza hacia el funcionamiento de este otro poder del Estado.

La labor de los jueces, como administradores de la justicia y servidores del interés general, adquiere suma importancia para el progreso ético de la sociedad.

La responsabilidad del juez se proyecta también sobre su vida privada. Debido a su alta investidura y a la trascendencia social de su labor, el juez ha de mantener una conducta ética como forma de vida.

Es opinión generalizada que la labor de un juez, es quizá más trascendente que la del legislador al establecer el Derecho, en cuanto decidirá la aplicación de lo justo o de lo injusto al caso concreto. 

El Derecho perdura a lo largo de los siglos por su capacidad de adaptación a la dinámica de la vida en sociedad, siendo objeto de revisión constante. Lo mismo debemos predicar de los órganos encargados de aplicarlo. Si, como ha quedado ya suficientemente expresado, la ejemplaridad en los administradores de justicia constituye una demanda de la comunidad, deberán adoptarse las medidas necesarias para satisfacer dicha exigencia, sin temor a eliminar las estructuras existentes para abrir paso a otras nuevas, libres de los problemas que determinaron el fin de sus predecesoras.