El Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a los ex jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret a prisión perpetua por encontrarlos partícipes necesarios en numerosos casos de secuestros, tormentos y homicidios cometidos durante la dictadura de 1976. Estos magistrados habían sido acusados por no investigar los hechos que conocían; sin embargo la sentencia confirmó que no se trató de un “dejar hacer” sino de una acción decidida a garantizar prácticas atroces y sostenerlas en el tiempo.

Los gobiernos dictatoriales de la Argentina no encontraron grandes obstáculos en el desempeño de los jueces para sostener su ilegalidad. El acompañamiento que el Poder Judicial brindó a las políticas represivas se refugió en posiciones moralizantes, totalitarias o aberrantes como la creación de un fuero específico para perseguir a militantes políticos.

Por ley 19053 en 1971 se creó la Cámara Federal en lo Penal, conocida en los pasillos tribunalicios como el “Camarón” y en la militancia como la “Cámara del terror”.  Su objeto era el juzgamiento de la actividad llamada subversiva y si bien tenía sede en Capital Federal, su ámbito de jurisdicción era todo el territorio argentino. Se integraba con nueve jueces y tres fiscales divididos en tres salas. Los juicios eran orales y sus resoluciones inapelables. Los hechos sobre los que tenía competencia iban desde actos de protesta hasta actividades que fueran en contra de las autoridades.

En una oportunidad el abogado Martín Grass relató que después de haber sido detenido y torturado bajo la dictadura de Lanusse, lo llevaron frente a uno de los jueces del camarón, Ernesto Ure, a quien le comunicó lo que le había sucedido. Para su sorpresa, este le respondió“No, no, no… yo no vengo a eso, vengo por un sumario, usted comprenda queel suyo es el delito de los vencidos”.

Cuando esta Cámara se desarmó en 1973, algunos de sus miembros se fueron y otros reaparecieron luego, como Jaime Smart. Este personaje en 1968 había sido promovido a fiscal por el dictador Juan Carlos Onganía, luego bajo la dictadura de Levingston fue nombrado miembro de la cámara antisubversiva y en 1976 se convirtió en ministro del general Ibérico Saint Jean, gobernador de facto en la provincia de Buenos Aires.

Con la reapertura de los juicios de lesa humanidad, Smart fue hallado culpable y condenado, aunque su sentencia definitiva continúa sin definición desde hace cinco años en la cámara de casación.

En el año 2006 el ex camarón había presentado un recurso para cobrar una jubilación de privilegio por los años que ejerció esa función. Esto fue apelado por el Estado Nacional a través del Consejo de la Magistratura, pero recientemente la Corte Suprema del 2x1 habilitó que Jaime Smart cobre su “reparación histórica”. Por esos tres años en la cámara del terror, Smart cobrará un retroactivo de 12 millones de pesos.

En Argentina no fue necesario fundar un nuevo aparato judicial para proteger y legitimar las dictaduras. Alcanzó concolocar encima del existentea quienes coincidieran con sus intereses. Hubo quienes se reincorporaron-incluso después haberse retirado conimportantes jubilaciones- o quienes ya formando parte de las fuerzas armadas fueron promovidos,como el caso de Pedro Laurentino Duarte auditor-mayor de la VI Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén,quien asumió como Juez Federal en 1976.

Una significativa porción el Poder Judicial fuecómplice directo del terrorismo de Estado. Sobrevivientes de los centros clandestinos y sus familiares han dado testimonio de las fallidas presentaciones de habeascorpus y recursos que les fueron rechazados o negados en esos años.

La histórica condena de los jueces mendocinos se sumaa las ya existentes deotros partícipes necesarios.Igualmente se viven tiempos contradictorios: condenas ejemplares para algunos, privilegios previsionales para otros. Tiempos, entonces, de seguir caminando el sendero de la verdad y de la justicia.