Que la universidad es una isla se ha dicho infinidad de veces. En algunas ocasiones con el argumento de que lo que allí se estudia o se investiga, no le resuelve los problemas cotidianos a la gente. En otras, como metáfora del aislamiento de quienes allí se desempeñan.

En el último año hemos visto a comunicadores ironizar sobre los temas que se investigan en organismos científicos como el Conicet; a funcionarios del gobierno desacreditar resultados obtenidos del desarrollo tecnológico, como decir por ejemplo que el proyecto Arsat era colocar una heladera en el espacio; o sostener que la investigación básica en ciencias sociales responde a una actitud autocomplaciente de universitarios pagados “con la plata de mis impuestos”.

La sorprendente noticia de que Roberto Salvarezza, doctor en bioquímica y con una trayectoria de más de treinta años en organismos científicos, ocupe un lugar de importancia en la lista de diputados nacionales; que las elecciones internas de candidatos a concejales de la ciudad de Neuquén incluyan docentes e investigadoras en economía, filosofía o geografía de la Universidad del Comahue; que las y los becarios coniceteanos se resistan, ganando la calle, a cumplir el mandato de Domingo Cavallo de ir a ”lavar los platos” o irse del país detrás de un ofrecimiento de empresas extranjeras, habla de que algo está cambiando y en este caso para bien.

En 1971 el doctor en geología Amílcar Herrera escribió un importante trabajo sobre ciencia y política. Allí hacía mención acerca de que una política científica efectiva no es la generadora de un esfuerzo consciente y profundo del desarrollo, sino una de sus consecuencias. Es decir, el adelanto de los países hoy desarrollados se originó en la acción de sus sectores dirigentes que comprendieron el enorme valor de la ciencia para implementar objetivos que se plantea la sociedad. La apreciación de ese valor en el conjunto de la comunidad se produjo con posterioridad y como consecuencia de los resultados obtenidos.

Si pensamos que Japón hasta fines de siglo XIX fue una sociedad que vivía prácticamente sin contacto cultural con la Europa de la revolución industrial y que Rusia hasta 1917 era un país subdesarrollado, nadie en su sano juicio podría sostener que la gran capacidad industrial y tecnológica desarrollada después fue producto de una especial condición de sus sociedades en aprecio por la ciencia. Fue la implementación de una política para la ciencia, con recursos necesarios para su desarrollo, lo que permitió el crecimiento de dichas naciones.

La Argentina ha tenido una ambivalencia manifiesta en materia de política científica. Por ejemplo, experiencias exitosas y potentes como la vivida a mediados de los años cincuenta en la UBA Universidad de Buenos Aires) bajo el rectorado de Risieri Frondizi, terminaron eclipsadas luego de la noche de los bastones largos.

La creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) en el año 2007 fue parte de una política de Estado destinada a la revalorización de la producción de conocimiento en articulación con el desarrollo y el bienestar. En el año 2011, ello se afirmó con la inauguración del Polo Científico, sede del ministerio en la ciudad de Buenos Aires, integrado por centros de investigaciones interdisciplinarias nacionales e internacionales.

El aumento del presupuesto destinado a universidades nacionales y al Conicet que se experimentó entre 2006 y 2015, más la asignación de partidas específicas para el nuevo organismo, sumado al programa de repatriación de investigadores, impactaron sin duda en la reconfiguración interna de la política científica argentina que actualmente se manifiesta en la escena pública.

A la larga tradición de nuestro país de defensa de la educación pública, se suma hoy la defensa de una ciencia también pública y soberana que se ve amenazada por la actual administración nacional con la desaparición de sus organismos y el recorte presupuestario. Frente a esto último, la ciencia y la política han decidido volver a caminar juntas.