La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que, según todas las encuestas existentes, es la figura política con mejor imagen de la actualidad, viene promoviendo, más allá de las acciones que le son propias en la administración de su provincia, algunas que involucran y perjudican al resto de los estados argentinos y consecuentemente a sus habitantes.

En el caso particular de Río Negro, la mandataria pretendió indebidamente obtener el uso de 200 metros cúbicos por segundo a valores permanentes y durante todo el año de las aguas del río Negro, del cual Buenos Aires es condómina por tener sector fluvial bañados pos sus costas.

Los técnicos y especialistas no solo han expresado que no le corresponde peticionar sobre el particular, sino que la cifra solicitada es inadmisible.

En realidad todo se remonta a fines del año pasado cuando en una reunión del consejo de Gobierno de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), de la que la carismática gobernadora participó solo durante diez minutos, pero que les fueron suficientes como para dejar planteada la necesidad de realizar un estudio para determinar los cupos de agua que corresponde a cada provincia. La propuesta contó inicialmente con la aprobación de los presentes por ser de conveniencia para todos.

Tiempo después se firmó un acuerdo entre Buenos Aires y Río Negro para llevar a cabo el estudio integral de la cuenca del río Negro con la finalidad de establecer de manera inequívoca los volúmenes que le corresponde a cada una de las provincias que comparte el recurso.

En aquella oportunidad el representante de Neuquén, Elías Sapag hizo conocer su voto contrario, por presumir con razón, que detrás de todo este trámite se esconde la intención de los funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal de obtener más agua de la que le correspondería al “primer estado argentino”.

Y efectivamente se trató de una premeditada jugada política del gobierno que comanda Vidal que detrás del estudio que solicitó, escondía una pretensiosa maniobra para lograr un viejo, discutido y denegado proyecto de trasvasamiento de aguas del Negro al Colorado que tiene sus orígenes en el año 1976.

La nueva arremetida ratifica las renovadas e intolerables apetencias de Buenos Aires sobre los recursos del río Negro que se vienen incentivando desde esa fecha, con la diferencia de que en aquella época el gobierno de facto de la mayor provincia argentina demandaba 50 metros cúbicos de agua por segundo, teniendo en cuenta su extensión de zona ribereña, y ahora pretende sin fundamento alguno que se le otorguen 200 metros cúbicos.

Los especialistas que se han expresado sobre el tema manifiestan que, en el mejor de los casos, a Buenos Aires no le corresponderían más del 4 por ciento de la cuenca, o sea los viejos 50 metros.

Según el neuquino Elías Sapag, “los bonaerenses presentaron ideas sin ningún estudio o puntos de referencias”. Un verdadero ejercicio de audacia e improvisación, en el marco de una torpe jugada política.

Luego las autoridades de la AIC finalmente desecharon la propuesta de Buenos Aires de que se convocara por licitación pública a firmas consultoras para realizar el mencionado estudio.

Los argumentos utilizados por los representantes de Río Negro y Neuquén fueron que era innecesario convocar a consultoras privadas cuando los estados federales tienen capacitados equipos profesionales para realizar tareas de altas exigencias técnicas con el consiguiente ahorro de recursos y garantías de honestidad intelectual y moral.

La realización del estudio pormenorizado de toda la cuenca por técnicos y especialistas idóneos, seguramente pondrá las cosas en su lugar, pero lo cierto es que hay que estar muy atentos a este tipo de actitudes que poco tienen de federalismo y de entender que hace exactamente 62 años por estos lares dejamos de ser territorio nacional y nos convertimos en provincias autónomas, estados federales, con pleno ejercicio de nuestra soberanía.

La otra pretensión de la “simpática y buena” de la gobernadora bonaerense está en el más alto nivel de la justicia y no perjudica solo a Río Negro sino al restos de los estados provinciales.

También, en busca de reivindicaciones para su provincia, Vidal promovió en agosto pasado una demanda contra el Estado nacional con la finalidad que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establece un tope de 650 millones de pesos anuales en la participación del 10 % que la provincia tiene en el producto del gravamen destinado al “Fondo del Conurbano Bonaerense”.

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 para devolverle a Buenos Aires los puntos de coparticipación que había perdido en los años 80, pero en 1996 fue congelado en esa cifra de 650 millones ante los reclamos de los gobernadores, y se modificó la ley para ponerle tope.

La demanda de la mandataria bonaerense ronda los 400 mil millones de pesos, suma que surge del reclamo por el retroactivo de los recursos que la provincia de Buenos Aires no recibió entre 2011 y 2016, que alcanzan a los 350 mil millones de pesos, además de los 48 mil millones de pesos que este año significará el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias, con el que se constituye ese fondo.

De prosperar el reclamo son las restantes provincias quienes tendrían que ceder parte de su coparticipación para que la reclamante perciba lo que pretende.

En el caso de la provincia de Río Negro si se aceptara la demanda produciría una merma en la coparticipación que podría llegar a una cifra cercana a los 1.900 millones de pesos al año.

En consideración de este planteo la Suprema Corte de Justicia de la Nación citó a todas las provincias del país para que comparezcan y tomen intervención en defensa de sus derechos, y expresen su opinión sobre el particular.

Para evitar un “retraso extensivo en la tramitación de la causa”, la Corte fijó un plazo máximo de 15 días para que la demandante curse las notificaciones al resto de las provincias argentinas.

Así fue que la administración bonaerense empezó a apurar a las demás provincias para que se sienten a discutir el reparto del impuesto frente a los ministros de la Corte. Para ello el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, emplazó a los gobernadores a través de los juzgados federales de cada una de las jurisdicciones.

Ahora hay que ver qué estrategia elige cada provincia, si mandar escritos para explicar por qué dar más dinero al Fondo del Conurbano dejaría sin financiación sus propias arcas o pedir audiencias frente a la Corte Suprema con el mismo objetivo.

Por lo pronto el ministro de Economía rionegrino, Isaías Kremer, dijo que “de ninguna manera vamos a permitir tener menos recursos de los que nos están mandando”, pero, al menos públicamente no explicó la estrategia que se utilizará antes los miembros de la Corte o si existe una estrategia común entre las provincias afectadas que son todas menos Buenos Aires.

Solo afirmó que tanto la Fiscalía de Estado como el Poder Ejecutivo están preparando la respuesta. Anticipó que la misma “estará en los términos señalados, es decir que “la provincia no puede ceder fondos, y si alguien tiene que ceder, debe ser Nación”.

Puntualizó que la provincia no permitirá recibir menos, porque de acuerdo al reclamo de Buenos Aires, y si la Corte lo aceptara, Río Negro perdería unos 1.700 millones de pesos anuales, “y si a esto le agregamos aquel 4% que se distribuye a todas las provincias menos Buenos Aires, se perderían unos 200 millones de pesos más”.

En tanto el miércoles de la semana que finaliza, la senadora nacional Magdalena Odarda, se presentó ante la Corte en carácter de “Amicus Curiae”, a fin de “salvaguardar los derechos de los ciudadanos rionegrinos respecto de la percepción de los fondos de coparticipación federal que podrían serle descontados” según cómo se resuelva la causa judicial.

La presentación solicita al alto tribunal que declare la “improcedencia” del planteo formulado por el gobierno de María Eugenia Vidal, por entender que su pretensión “resulta violatoria de los derechos de los ciudadanos del interior en general y de los rionegrinos en particular”.

La senadora rionegrina argumentó que debe ser el Congreso Nacional quien se encuentre en condiciones de discutir democráticamente sobre una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos a través de la cual se establezcan los mecanismos de devolución, sin afectar los ingresos de las demás provincias, del retroactivo del 15 por ciento de la masa coparticipable que habría sido retenido a la Provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que la Constitución Nacional reformada en 1994 exigía que el Congreso dictara en un período no mayor a un año una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Ya pasaron 23 años y si bien hubo enmiendas a la ley nunca se lograron los consensos necesarios para formular un acuerdo.

No vaya a ser cosa que lo que no lograron ni gobernantes nacionales y de provincias, ni los legisladores que ocuparon bancas durante esos 23 años, que era ni más ni menos cumplir con la Constitución Nacional, sea resuelto por cinco integrantes de un poder que ni siquiera ha sido elegido democráticamente por el pueblo.

Porque si bien noes la Ley de Coparticipación lo que está en discusión, el tema de la distribución equitativa de una parte del Impuesto a las Ganancias es lo suficientemente sustancial y comprometido, para que cada una de las provincias argentinas puedan superar de una vez por todas la dependencia económica, financiera, política y social del gobierno “central” que debería ser “federal”, de acuerdo a lo que también establece nuestra Carta Magna.