El desproporcionado aumento de la tarifa del gas, producto de una combinación de impericia, voracidad económica e insensibilidad social, estuvo a punto provocar un descalabro nacional y obligó al gobierno de Mauricio Macri a dar marcha atrás y atenuar fuertemente la medida.

Está por verse si a partir de aquí se logrará aquietar las aguas o el malestar por el precio del gas seguirá creciendo, sumándose a la creciente conflictividad desatada por un gobierno que no escatima esfuerzos para transferir recursos de los sectores populares a los más acomodados.

El tarifazo en el gas se sumó a los no menos abusivos aumentos en la electricidad y el combustible, y golpeó por igual a los usuarios de todo el país, pero alcanzó ribetes disparatados en la Patagonia, con incrementos que variaron del 700 al 1.800 y hasta el 2.000 %, según se tratara de consumidores residenciales, comercios, hoteles, o Pymes.

En la región sur del país, reside apenas el 6% de los usuarios -5% residenciales y 1% comerciales-, pero la demanda del fluido es mucho mayor debido a las bajas temperaturas durante el prolongado período invernal.

Los primeros en poner el grito en el cielo con el precio del gas fueron justamente los usuarios patagónicos, en particular los asociados de las cámaras hoteleras de San Martín, Villa La Angostura y Bariloche, cuyas facturas treparon a cifras astronómicas que hacían imposible el desarrollo de su actividad.

Pero luego comenzó el goteo de las facturas que empezaron a llegar a los usuarios residenciales. La mayor parte de ellas abarca un período de menor consumo y sólo algunos de los días facturados están alcanzados por las nuevas tarifas, pero todos constituyen un claro indicio de lo que se viene.

Tuvieron que pasar casi tres semanas y un aluvión de reclamos y planteos judiciales a lo largo y a lo ancho de todo el país, para que las autoridades nacionales reaccionaran poniendo límites al aumento.

El tope del 400% para los usuarios residenciales y del 500% para los comercios e industrias, anunciado el jueves por el gobierno nacional, buscó poner paños tibios a los reclamos de los gobernadores y a las protestas que se sucedieron aquí y allá. Pero sobre todo, buscó frenar la gran cantidad de recursos de amparo que se presentaron y se siguen presentando en todo el país contra la suba de los servicios públicos.

Cuando los gobernadores llevaron su primer planteo sobre el tema, el gobierno macrista terminó aceptando a regañadientes un tope del 400% de aumento para los usuarios residenciales. Pero en el caso de los comercios, hoteles y Pymes no quiso escuchar demasiado y dispuso diferir el pago del 50% del consumo de la temporada invernal para el verano, cuando la demanda es menor.

Resultó inútil la advertencia de los mandatarios patagónicos acerca de que ese parche no iba a solucionar el problema y que además de provocar cierres de establecimientos iba a producir pérdida de puestos de trabajo.

“Los dirigentes políticos y gremiales, las asociaciones civiles y la Iglesia no inventaron el problema sino que el gobierno les dio el argumento servido en bandeja”, reflexionó un alto funcionario neuquino.

Es que, para colmo de males el gobierno nacional no se tomó ni siquiera el trabajo de explicar en qué consiste y a quiénes alcanza la tarifa social, tarifa que en Neuquén abarcaría a más de 14 mil familias.

¿Qué les pasó por la cabeza al ministro de Energía Juan José Aranguren y al presidente Mauricio Macri, que no advirtieron que jugaban con fuego?

La lectura entre los funcionarios de Río Negro y Neuquén, es que el desencadenante fue que el macrismo se mueve con criterios demasiado rígidos. Explicaron que, de movida, Aranguren le presentó a Macri una propuesta plana, para que el gas valiera igual en todos lados, sin advertir las diferencias climáticas y el alto volumen de consumo de regiones frías como la Patagonia. “El ajuste podía haber sido homogéneo pero no la tarifa”, razonó un funcionario neuquino.

El brutal incremento tarifario puso en una situación incómoda al gobierno neuquino, que venía de concretar la vieja aspiración del aumento del valor del gas en boca de pozo, y que inevitablemente apareció pegado a la catástrofe desencadenada.

Sin embargo, un hombre del equipo económico de Gutiérrez explicó que el aumento en boca de pozo fue de un 100%, a pasar de 2,20 dólares el millón de BTU (la unidad calórica en que se mide el gas) a 5,50 dólares, pero que en la Patagonia el gobierno nacional subió la tarifa en un 2.000%. “Una cosa no guarda ninguna relación con la otra”, se lamentó.

Para el gobierno neuquino el razonamiento que debe observarse es que hasta el aumento del valor en boca de pozo los argentinos pagaban un gas caro, producto de importar un 25% del fluido que consumen y con el nuevo precio en boca de pozo será posible sustituir las importaciones con una mayor producción local.

Teniendo en cuenta que aumentos del 400 o 500% no dejan de ser muy altos, lo que todos se preguntan ahora es si las nuevas medidas terminarán o no de aquietar las aguas.

En los gobiernos de Río Negro y Neuquén piensan que va a depender mucho de cómo se apliquen las medidas. Si se aplican bien las nuevas tarifas, no hay cortes y sea hacen notas de crédito a los usuarios que ya pagaron por encima de los topes, es probable que las cosas vayan medianamente bien.

Pero si se cometen nuevos errores la cosa puede empeorar. Además siempre queda la incógnita sobre qué va a pasar con los amparos.

Otro tema pendiente son los casos particulares. El gobierno nacional ha prometido ocuparse puntualmente de los clubes, las iglesias y las entidades de bien público. También, de casos como el de Zanon-Fasinpat en Neuquén o Maionchi en Río Negro. El compromiso que arrancaron los gobernadores es que los recibirán la próxima semana en Buenos Aires.

Después del descalabro que provocó el tarifazo, no sorprendería que Aranguren, quien ya viene cuestionado por su falta de tacto político, termine haciendo de fusible. Aunque en el gabinete nacional no pocos lo critican, parece que por ahora la sangre no llegaría al río. Por lo pronto el orgulloso accionista de Shell tuvo que reconocer el jueves ante la prensa que se había equivocado.