Posiblemente el hecho político-social más trascendente de la semana que finaliza ha sido la detención de los máximos referentes en Río Negro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, que se presume hoy podrían quedar en libertad, aunque en pasillos de tribunales manifestaron que no es tan seguro que eso suceda.

Todo fue consecuencia de una desmedida violencia que se generó fuera de la Legislatura provincial cuando la semana anterior se trataba la autorización de un crédito de 580 millones de dólares para que el Ejecutivo provincial ponga en marcha el denominado Plan Castello, para lo cual se debatía una ley que finalmente sería aprobada por amplia mayoría.

Ya iniciada la sesión, integrantes del gremio sobrepasaron las vallas de contención, llegaron a las puertas del Parlamento, y allí se produce el enfrentamiento con personal policial que arrojó un saldo de ocho policías heridos, uno con lesiones graves, y varios integrantes de ATE afectados por gases lacrimógenos.

Hubo una denuncia con aporte de fotografías, videos y testigos que presenciaron el acontecimiento. La justicia pidió la captura de cuatro de los personajes principalmente involucrados, entre ellos los secretarios general y adjunto del gremio estatal.

Primero fue detenido Capretti, y en el inicio de esta semana se entregó Aguiar en los tribunales de Roca, donde fue apresado y trasladado a Viedma.

El gobernador Alberto Weretilneck repudió de inmediato lo que denominó una “salvaje” agresión a los agentes policiales, a manos de “violentos dirigentes gremiales”.

En la semana fue más allá y calificó de “intento de homicidio” el accionar de los sindicalistas de ATE, y remarcó que “estos dirigentes vinieron a la Legislatura no solo a una manifestación, sino a prender fuego a la Policía, y a agredirlos con piedras y baldosas”.

El mandatario involucró luego a algún sector opositor a su gobierno, al manifestar que “querían que la Legislatura no sesione, en acuerdo político con algún dirigente de la oposición”, dijo, y dejó entrever motivaciones partidarias y electorales del gremio.

Finalmente, afirmó que “sería oportuno analizar algunos cruces de llamadas (telefónicas) entre distintos legisladores, intendentes y la dirigencia de ATE, y capaz que nos encontramos con algunas sorpresas de cómo se coordinó y calificó esto”.

Desde el gremio se repudió la agresión y, luego de las detenciones, Aguiar manifestó que temía por su vida y la de su familia. Agregó que eran “presos políticos” y que “hay una escalada de violencia en la provincia. y no se advierte que las autoridades estén a la altura de las circunstancias para ponerle freno”.

Señaló también que “la causa que se está armando es escandalosa. No existe ningún tipo de prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública. No hay una sola fotografía o filmación que pueda demostrar que cometimos algún delito”.

En tanto, el bloque del Frente para la Victoria (FpV) de la Legislatura emitió un comunicado apelando a un “sano y equilibrado criterio” en las apreciaciones del mandatario provincial.

Los legisladores indicaron que “si el gobernador posee conocimiento y elementos relevantes sobre posibles delitos, es importante que los presente ante la Justicia”.

El legislador sorista Nicolás Rochas, dijo que “el gobernador está desesperado por tapar el endeudamiento al que sometió a todos los rionegrinos, y prefiere encarcelar a dirigentes de ATE y que se hable de esto, antes que explicar las medidas neoliberales que motivaron la protesta del pasado miércoles 24”.

Advirtió, además, que “el problema no serían las burdas declaraciones de Weretilneck”, sino que “el peligro es que cuenta con una Justicia cómplice, que le obedece exponiendo a toda la sociedad”.

El intendente de Roca, Martín Soria, rápidamente desmintió al gobernador. “¿Cómo vamos a tener algo que ver con los gremialistas que denunciamos hace tres meses por venir a golpear empleados y policías adentro del municipio?”, preguntó irónicamente el jefe comunal, también presidente del Partido Justicialista (PJ) de Río Negro.

A todo esto, llegaron a Viedma los máximos referentes de ATE a nivel nacional, encabezados por su secretario general Hugo “Cachorro” Godoy, en tanto que el congreso del gremio definió un paro nacional para el 14 de junio y una jornada de lucha para el miércoles anterior.

Godoy expresó en la capital rionegrina que “estamos convencidos de que aquí hay una injusta persecución política que quiere estigmatizar a nuestros dirigentes, encabezada por el gobernador Weretilnek, que ya el año pasado había dicho que había que detener a los dirigentes delincuentes de ATE, y que ahora los quiere acusar de querer asesinar a los policías, cuando lamentablemente en esta provincia todos sabemos quién asesina a quién”.

“Que cese la persecución política sobre ATE, porque en ATE cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Que defendemos nuestros derechos, damos nuestras opiniones, y sabemos que el Estado debe estar al servicio de las mayorías populares, y no al servicio de las minorías del privilegio y de las trasnacionales”, sentenció Godoy.

Hasta aquí el relato de los hechos y la opinión de los protagonistas.

Lo cierto es que el gobierno tiene la obligación de preservar el funcionamiento de las instituciones, como en este caso fue la sesión ordinaria de la Legislatura.

Evidentemente, los manifestantes tiraron y traspusieron las vallas y llegaron con intenciones de entrar al recinto legislativo, y utilizaron elementos tales como palos, bidones de combustible y cubiertas de automóviles, tal cual se puede apreciar en infinidad de imágenes.

Los antecedentes de Aguiar le juegan en contra. Ha sumado una importante cantidad de causas que se tramitan tanto en la justicia provincial como en la federal. Tanto es así que 48 horas antes de este acontecimiento en la Legislatura, un juez federal le había impuesto ciertas normas de conducta al concederle la excarcelación por denuncias por coacción agravada, daños y atentado contra la autoridad.

Sin embargo, el secretario general de ATE volvió a desafiar a las instituciones del Estado y, por qué no también, a un amplio sector de la sociedad que está en desacuerdo con los cortes de calles y rutas, quema de cubiertas, destrucción de bienes del Estado, etc.

Y asimismo es cierto que gran parte de la sociedad también está siendo objeto de medidas económicas altamente desfavorables para los trabajadores y los sectores más empobrecidos, por lo que tampoco se entiende la persecución, estigmatización o criminalización de las protestas y del derecho a la libre expresión.

Ni un extremo ni el otro. Ni abusar de la libertad para expresarse, ni reprimir con violencia, ni procedimientos judiciales utilizados con fines políticos para criminalizar la protesta.