Nos enteramos que el juez Claudio Bonadío dispuso procesarnos por actuar para que el Grupo Clarín cumpliera con la ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual; es decir, por haber pretendido -desde La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)- que ese multimedios se adecuara, como el resto de las empresas excedidas en el mercado, a los límites establecidos en una norma democrática sancionada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación.

No sorprende en absoluto. El expediente en el que se nos acusa no se tramitó en Tribunales sino en el propio Grupo Clarín. Es un invento con el que Héctor Magnetto, a través del juez Bonadío, pretende aleccionar a los dirigentes políticos para que ninguno se atreva a tocar sus privilegios; para que a nadie se le ocurra nunca más cuestionar su dominio. Es una causa nacida y criada en el seno de la corporación mediática que hoy gobierna la Argentina junto a Macri, una causa absurda y persecutoria que expresa con claridad esa tríada entre el Poder Ejecutivo, el partido mediático y partido judicial, que hoy ocupa el centro de las decisiones públicas.

Repasemos las razones de este procesamiento dictado por el servicial magistrado federal:

Desde octubre 2009, cuando se sancionó la nueva regulación para los servicios audiovisuales, Clarín se estuvo burlando de la ley, con la complicidad de algunos jueces federales. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad total de la llamada ley de medios, le exigimos al Grupo que se desprendiera de las licencias excedentes, tal como lo estaban haciendo las otras empresas grandes.

Después de muchos años de resistencia, con habituales aprietes públicos de parte de Clarín, logramos que presentaran un plan de adecuación voluntaria, en el que proponían dividirse en seis partes independientes. Desde la Afsca, aprobamos ese esquema porque estaba dentro de lo fijado en la norma; pero cuando trajeron los nombres de los integrantes de las nuevas sociedades, descubrimos que querían hacer trampas: las ventas eran ficticias y las supuestas partes independientes estaban todas conectadas entre sí a través de sociedades en Panamá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina. Es decir: decían que vendían pero no vendían, decían que se dividían pero seguían unidos. Fue entonces cuando decidimos, tal como establecía la ley y como era nuestro deber, comenzar el proceso previsto para adecuar de oficio a quien se resistía a hacerlo en forma voluntaria.

Al quedar expuestas sus trampas, el Grupo volvió a recurrir a sus aliados judiciales para frenar la aplicación de ley que regulaba a todos los servicios de comunicación audiovisual del país. Nuevamente, consiguió el amparo de miembros del partido judicial, y para lograr un escarmiento contundente a quienes habían osado cuestionar su dominio y su impunidad, Magnetto recurrió a los gentiles oficios del persecutor de cabecera. Al juzgado de Bonadío fueron con una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Fue tan grosera la maniobra que el propio día de mi indagatoria, el juez no se animó a hacerme ni una sola pregunta. ¡Una indagatoria sin indagación! Grosero pero lógico: a Bonadío nunca le interesó la verdad, porque la causa no se basa en lo que efectivamente pasó sino en las necesidades que tienen Magnetto y Macri, beneficiarios directos de los servicios del juez.

Descubrimos las trampas que Clarín le quería hacer a la ley de medios y actuamos de acuerdo a derecho, iniciando el proceso de adecuación tal como estaba establecido en la norma. Pero en la Argentina donde hoy gobierna un tramposo, que esconde cuentas y sociedades offshore y que se enriquece a costa del dinero público, actuar en el marco de la ley es sancionado por jueces cómplices como Bonadío.

Es grave, pero no es nuevo ni sorprendente. Esta decisión de Bonadío se contextualiza en la persecución política, mediática y judicial desplegada contra el kirchnerismo. Este caso es solo un capítulo más del show mediático, judicial y político de persecución que montaron para saquear la Argentina, como lo hicieron en la dictadura y en los ’90. La intención es mentir, mentir y mentir, para perseguir a los opositores, para proscribirnos y para esconder lo que hacen los verdaderos delincuentes que son quienes hoy gobiernan el país.