El no intervencionismo no puede ser circunstancial, ambivalente o selectivo. Es doctrina del derecho internacional, y se debe aplicar si se pretende un mundo organizado. No hay Estados fallidos en América Latina, no hay excepción al principio de no intervención.

En consecuencia, todas las formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales, constituyen una violación del derecho internacional.

Según la Carta de las Naciones Unidas, que protege esta doctrina, “ningún Estado puede organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar subversivos, terroristas o actividades dirigidas hacia el derrocamiento violento del régimen de otro Estado”.

Las opiniones personales quedan exentas del principio por la propia libertad de expresión y de opinión que consagran nuestros derechos, pero no quedan exceptuadas las manifestaciones institucionales. Quienes representan roles institucionales deben ser cuidadosos en el respeto de las leyes fundamentales de convivencia de la comunidad internacional.

El gobierno argentino en alianza con otros gobiernos de la región (entre ellos el de Brasil) y la OEA, en ningún momento respetaron la integridad soberana de Venezuela. Los reiterados pedidos de elecciones anticipadas, los intentos de sanciones económicas, la exclusión de Venezuela del Mercosur, y los respaldos fervorosos y crecientes a los sectores de la oposición venezolana dejan al descubierto su falta de cumplimiento del derecho internacional.

El 17 de abril en un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay entre otros, expresaron: “Exhortamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región.”

Separar la actitud de estos gobiernos de la disputa de identidades políticas e ideológicas que existen hoy en América Latina resulta imposible. Latinoamérica en su conjunto enfrenta discusiones internas en cada uno de sus Estados de dos modelos distintos de políticas económicas y sociales. El progresismo y la derecha neoliberal.

No es posible esperar que esos mismos Estados firmantes de las exigencias a Venezuela, exhorten hoy al gobierno de Brasil a una pronta convocatoria a elecciones por la corrupción de su presidente y por la crisis política y social que atraviesa ese país. Y no porque se respete a Brasil, sino porque hay una identidad ideológica compartida entre los gobiernos que está trascendiendo los límites del respeto al derecho internacional que posibilita el orden de la comunidad global.

El derecho trasciende la amistad y debe superar la enemistad. Rige para todos como entes soberanos, independientes y autónomos. Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, a fin de mantener la paz, la seguridad internacional y promover la estabilidad económica, el progreso, el bienestar general y la cooperación internacional libre de discriminación basada en esas diferencias.

Las diferencias internas de los países entre las distintas ideologías se trasladan a la política exterior de los Estados, y se cometen graves atropellos a las libertades y al principio de la soberanía. La inexperiencia de algunos de los gobierno latinoamericanos en materia de política exterior comienza a vislumbrar consecuencias impredecibles en relación al incumplimiento del derecho internacional y a la violación del principio de no intervención.

Ni el progresismo opositor debe pedir (en rol institucional) la renuncia de Temer y las elecciones directas en Brasil, ni mucho menos la derecha gobernante puede pedir la renuncia de Maduro y elecciones urgentes en Venezuela. Pero la moralidad está sesgada al símbolo partidario o a los principios políticos que detenta cada uno de los gobiernos señalados.

Ni mencionar la inmoralidad de juzgar y rechazar las detenciones de dirigentes políticos en Venezuela por parte del gobierno argentino, mientras la República Argentina continúa desoyendo los reclamos de la CIDH y de la propia ONU por la liberación de Milagro Sala, y de otros dirigentes de las provincias de Jujuy y Mendoza.

Las actitudes diplomáticas gravísimas de injerencia y la desquiciada actitud de los organismos internacionales como la OEA en su intento de derrocar al gobierno de Maduro, tienen una prueba de fuego con la cuestión Brasil. O mantienen su posición intervencionista y la aplican también sobre Brasil, o desisten de su intento golpista en Venezuela para no intervenir sobre el conflicto brasileño.

Diputados de Cambiemos y algunos opositores allegados al gobierno viajarán a Brasilia a una cumbre parlamentaria que se va a realizar el próximo martes 23. Allí abordarán la crisis en Venezuela. Suena irónico, pero así será salvo que en el marco de la profunda crisis que atraviesa ese país el cónclave modifique lo que está programado hasta la fecha.

El diario O ‘Globo, parte del poder concentrado de Brasil y los partidos conservadores aliados al gobierno de Temer, parecen brindarle una alternativa a la derecha regional, al haberle soltado la mano al presidente. Quizás Temer caiga antes de que se haga necesaria una expresión regional.

Pero de no ser así, los gobiernos neoliberales, entre ellos el argentino y los parlamentarios de este país deberán optar por una postura. Que no podrá ser otra que la indiferencia, la intervención o la hipocresía.