El invierno está llegando, y de su mano las boletas de gas que dejarán congelado a más de uno. El año pasado, el tarifazo sin ningún tipo de reparo económico-social puso en jaque al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien urgido por un fallo salomónico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió aplicar un esquema “gradualista”.

Durante los meses más fríos de este año regirán dos subas: la que fue postergada por el clamor social de 2016 y la de abril último. Así es que los efectos de los aumentos dependerán de la rigurosidad del próximo invierno.

Si bien el último tarifazo entró en vigencia el 1 de abril, el efecto pleno en facturas se verá recién en junio y el doble efecto (mayor consumo invernal y nuevas tarifas) llegará en agosto.

Para evitar facturas abultadas habrá que reducir el consumo de energía con respecto a 2015, para acceder a los esquemas de bonificaciones.

Pero si las temperaturas de este invierno son inferiores al promedio 2015/2016, es posible que algunos usuarios que hayan obtenido descuentos por ahorro de consumo en periodos anteriores los pierdan y por lo tanto recibirán en sus facturas el impacto del mayor consumo estacional de invierno, pero valorizado a tarifa plena que incluirá el nuevo precio del gas.

Para evitar las catastróficas boletas de 2016, que llegaron con subas del más del 1.000% en algunas ciudades patagónicas como Bariloche, habrá un tope de suba del 300% al 500% en función de la categoría de usuario.

El precio del gas representa el 40% del valor final de la factura de un hogar promedio, con lo cual al sumarse los aumentos en los segmentos de transporte y distribución, la boleta se engrosará aún más.

Según un informe del Instituto Argentino de la Energía, el impacto final de las subas en el precio del gas en las facturas de los residenciales sería entre el 50% y el 80% respecto del invierno 2016. Sin embargo, los aumentos podrían llegar a ser mayores si los usuarios pierden los descuentos por ahorro y pasan a pagar tarifa plena.

Tras las audiencias públicas realizadas en septiembre del año pasado, ordenadas por la Corte, Suprema la Nación estableció un sendero de subas progresivas del precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) -lo que se paga a las empresas productoras-, combinado con un una reducción de los subsidios al consumo.

Hace un año atrás, el gas en boca de pozo para el sector residencial cotizaba en promedio 1,29 dólares el millón de BTU, y el 81% estaba subsidiado por el Estado.  A partir de octubre, pasó a costar un 165% más: 3,42 dólares el MBTU, y el subsidio bajó al 50%.

En abril de 2017 el gas subió a 3,48 dólares el MBTU, y el subsidio bajó al 45%. Aún quedará otra suba para este año: en octubre el precio será 4,20 dólares y el Estado se hará cargo del 38%.

Con estos números, durante 2017 el costo fiscal del subsidio al gas sin dudas será mayor al del año pasado, producto del aumento del precio de importación de GNL y por la suba del precio local reconocido a productores. En este contexto, difícilmente se cumpla con la auto promocionada austeridad de las cuentas públicas del gobierno.