La Corte Suprema de Justicia de la Argentina acaba de liberar al represor Luis Muiña condenado por crímenes de lesa humanidad al aplicarle la ley “2x1”. Esta ley derogada en el 2001, preveía que pasados dos años de prisión preventiva sin condena se debían computar dobles los días de detención. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en una revisión preliminar detectó que de 343 sentencias condenatorias 278 genocidas estarían en condiciones de pedir el mismo beneficio; y en menos de 24 horas de producido el fallo se presentaron cuatro. Por ahora y con una rapidez que advierte que la corona de los supremos no está tan firme, tres tribunales federales le han dicho que no.

Corsi e ricorsi es la expresión que Giambattista Vico utilizó para explicar que la historia no se desarrolla en forma lineal empujada por el progreso sino en ciclos de avances y retrocesos. La historia llevaría implícita su propia decadencia. Algo de esto viene sucediendo en la Argentina.

Al amparo de las leyes de obediencia debida y punto final, en 1995 el capitán Adolfo Scilingo le decíaal periodista Horacio Verbitsky “Usted va a ver que hicimos cosas peores que los nazis” en relación a los vuelos de la muerte. Al mismo tiempoel jefe del ejército Martín Balza admitía que se habían empleado métodos ilegales durante la dictadura de 1976. En ese contexto de supuestos arrepentidos, los organismos de derechos humanos presentaron recursos frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires para que se buscara la verdad sobre la suerte que habían corrido los desaparecidos y así comenzaron los llamados “juicios de la verdad”.

En marzo del 2001 el juez federal de Buenos Aires Gabriel Cavallo sostuvo que la legislación de amnistía de 1985-1987 era inconstitucional. El 9 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal confirmaba por unanimidad dicha resolución, pero le tocaba a la Corte Suprema la última palabra. Un episodio mediático desató un serio conflicto al conocerse que uno de los jueces le habría prometido al obispo castrense Antonio Baseotto – preocupado por sus fieles- que el máximo tribunal ratificaría ambas leyes. "Quédese tranquilo, el fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales" sería la respuesta que Adolfo Vázquez le brindó según el diario La Nación.

No era la primera vez que el debate se dirimía en la Corte Suprema. En 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín se había confirmado la validez de las leyes y durante los gobiernos sucesivos de Menem y De la Rúa no hubo innovaciones. Fue en el año 2005 que la Corte declaró la inconstitucionalidad de ambas normas y habilitó la reapertura de los juicios de lesa humanidad.

Dicha resolución fue aprobada por siete de los nueve jueces de entonces. Sólo tres miembros de esta nueva corte venían de etapas anteriores: Carlos Fayt, que mantuvo su mismo argumento para oponerse; Augusto Belluscio, que optó por retirarse y no votar y Enrique Petracchi, que cambió su opinión argumentando que la evolución del valor normativo de los Derechos Humanos después de la reforma constitucional de 1994 determinó el cambio respecto a la constitucionalidad de esas leyes y así lo expresó en su voto. ¿Qué cambió ahora para que la Corte interceda a favor de los represores concediéndoles un beneficio nunca pensado para crímenes de lesa humanidad?

Decir que el fallo por mayoría de esta Corte es un retroceso en materia de Justicia, es poco. Decir que nos vuelve a los tiempos de impunidad, es algo más. Decir que atenta contra la democracia es correcto, pero un poco abstracto. Pero decir que acaba de habilitar que en vez de 30.000 seamos muchos más los desaparecidos, tal vez sea más acertado. Porque si la privación ilegal de la libertad, la tortura, el asesinato y el robo de niños no se condena, a vos, a mí, a tu hijo y a tu nieta nos acaban de quitar la protección jurídica para que el Estado, más Leviatán que nunca, venga por nosotros.