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Sobre fin del año pasado, la CSJ falló, después de 10 años de conflicto, a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis contra el Estado Nacional en la demanda que estas provincias seguían para que se les restituya el 15% de la recaudación de impuestos coparticipables que se venía detrayendo a las provincias con el fin de cofinanciar el sistema previsional. Este mecanismo acordado en su momento por la Nación y las Provincias para que el Estado Nacional solventara el pago de los haberes a los jubilados existentes ya que había dejado de percibir aportes y contribuciones en tiempos de las AFJP, dejo de tener fundamento desde 2006 cuando se re estatizó el sistema jubilatorio, y el flujo de aportes y contribuciones volvió a las arcas de Anses. Este elemento sumado a que una ley nacional (en este caso la 26.078 que termino con las AFJP, prorrogó este aporte que hacían las Provincias) no puede reemplazar la voluntad expresa de las Provincias en cuanto a sus derechos sobre los impuestos coparticipables, fueron los fundamentos centrales del fallo de la CSJ.
Las implicancias financieras del fallo son relevantes para las Provincias, para ANSES y para el Estado Nacional. Por un lado, plantea una mejora en el flujo financiero destinado a los Estados Provinciales, pero, simultáneamente, y en la misma magnitud, se lo detraería como recurso a ANSES que lo cuenta entre sus ingresos para hacer frente al pago de Jubilaciones y Pensiones, con lo cual, el Estado Nacional debería compensar esa merma con fondos que tiene destinado a otros fines. Está claro, entonces, que las complicaciones financieras que apareja el cumplimiento del fallo, requerían para su materialización consenso y gradualismo.
Finalmente, el Gobierno Nacional y los Gobernadores acordaron un mecanismo de devolución del 15%, que integra la restitución de un 3% anual adicional durante los próximos cinco años, más la posibilidad de acceder a un crédito que otorgará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES a cada provincia a una tasa subsidiada, acuerdo que debe ser ratificado por las legislaturas y por el congreso nacional.
De esta manera, las Provincias comenzaran este año a percibir un 3% más de coparticipación, que ira creciendo 3% año a año hasta alcanzar en 2020 la restitución total del 15% que originó el conflicto. A su vez, ANSES pondrá a disposición de las Provincias un crédito equivalente al 6%, a cuatro años con amortizaciones semestrales, a una tasa subsidiada por el Estado Nacional, que compensara a ANSES para que en los primeros dos años sea del 15% y los últimos el 12%.
De esta forma, las provincias podrán contar este año con fondos equivalentes a una restitución del 9% de coparticipación, con un préstamo por dos tercios de ese monto a tasa subsidiada, y con la amortización calzada con le restitución acordada para los años venideros con el Gobierno Nacional.
Por su parte, el Gobierno Nacional compensará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que esta operación crediticia con las provincias no le genere perdida de rentabilidad. Según las estimaciones, si todas las provincias optaran por tomar este préstamo, la cifra alcanzaría los 37.000 millones de pesos que representaría solo el 5,5 % del Fondo de Garantía que alcanzo en Diciembre un valor de 664.029 millones de pesos, conformado en un tercio por títulos públicos.
Quedan dos interrogantes no menos importantes a develar. En primer lugar, que destino le darán las provincias a este aumento de sus recursos corrientes, préstamo incluido, y en segundo lugar, cuál será la estrategia del Estado Nacional para sostener los recursos financieros que requiere ANSES para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones.
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