Un préstamo de 450 millones de pesos obtenido por la provincia de Río Negro a través del Banco Patagonia durante la gestión como Ministro de Economía del actual Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, se convirtió en un tema político por encima de su naturaleza económica o financiera y una cuestión que ha generado críticas y acusaciones recíprocas entre el oficialismo y la oposición y en la que se ha visto inmerso el mismo gobernador Alberto Weretilneck con la consiguiente y amplia repercusión mediática que es de imaginar. (ver nota)

El operativo fue muy mal recibido en el oficialismo por razones obvias, pero lo singular, es que fue cuestionado por un amplio sector del bloque del Frente para la Victoria (FPV) al que pertenece el autor de la iniciativa, que en su segunda fase derivó en una denuncia penal.

El padre de la criatura parece haber sido Nicolás Rochas, legislador del FPV, quien fue el primero en cuestionar tanto la gestión como la obtención de ese crédito. Después, acompañado por algunos de sus pares, presentó una denuncia penal contra Palmieri.

Más allá de los argumentos que esgrimen ambas partes sobre la cuestión del crédito -ya Palmieri hizo su descargo en los tribunales- la denuncia de Rochas ha incurrido en la judicialización de la política, un paso que muchos de los integrantes de su propia bancada consideran “inconsulto y exagerado”.

En tanto allegados a Rochás sostienen que el legislador redoblará su accionar continuando con los pedidos de informes a la justicia y al Tribunal de Cuentas sobre el estado de todas las causas vinculadas con casos de corrupción y le otorgará especial atención a la causa del pago de los fondos reservados de la legislatura. Es fácil advertir que están dados los elementos para que haya caminos que dejen de ser comunes para bifurcarse tratándose solo de una cuestión de tiempo.

Ocurre, aunque no se lo diga en voz alta, que las relaciones en la bancada se están haciendo cada vez más difíciles, al percibir los críticos la situación que se está generando, que se hacen evidentes los intentos de injerencia del presidente del PJ, Martin Soria, en la conducción de la representación parlamentaria del FPV sin consultar ni considerar opiniones del conjunto de los legisladores,  ni de los escalones jerárquicos establecidos. 

Se dice que Soria se muestra distante del bloque, el trato no es bueno y el diálogo lo mantiene con unos pocos. Algunos ponen como ejemplo detalles de estilo, como que días pasados se recibió un correo electrónico de muy reducido texto, con un laconismo casi castrense, ordenando a los asesores y personal del sector parlamentario a actualizar o ponerse al día con los aportes mensuales que deben girarse todos los meses con destino a los fondos del partido.

A simple vista se distingue en el ámbito de los legisladores del FPV dos grandes grupos. Con el riesgo de ser imprecisos, porque se distinguen bandos definidos pero también surgen los planos grises de los enrolados en andariveles intermedios. Pero sin vuelta de hoja están los “soristas”, como los casos de Nicolás Rochas, Luis Albrieu, Marcelo Mango y Alejo Ramos Mejía por un lado, y otro sector, donde figura Alejandro Marinao, el titular del bloque junto con Ariel Rivero, un conjunto de una decena de legisladores que provienen principalmente del “pichettismo” y los menos que se podrían considerar como independientes.

En el caso del legislador Palmieri, los legisladores “no soristas”, están muy lejos de justificar la denuncia penal interpuesta porque -según dicen-fue adoptada por un sector minoritario pero que compromete al bloque en su conjunto y contribuye a tornar en muy frontal la relación con el gobierno provincial, siendo atentatoria contra el diálogo que en toda circunstancia los adversarios políticos, aun desde la oposición, deben mantener con el poder ejecutivo, hasta para considerar consensos parlamentarios y tratar la situación de gobernabilidad de las intendencias conducidas por justicialistas y sus aliados.

Más aún, hay dirigentes cercanos a los legisladores del FpV que le imputan a Martñin Soria el avance crítico sobre la figura de Alejandro Palmieri por tratarse del más serio adversario que tiene para retener la municipalidad de Roca en el próximo turno, cuando no pueda repetir su postulación y esté obligado a delegar esa representación en un dirigente de su máxima confianza, seguramente su hermana, la actual diputada nacional María Emilia Soria.

Esta dicotomía es una realidad, no una ficción o una cuestión imaginaria y surgió con toda claridad con el documento que dio a conocer el FPV el viernes pasado, donde los legisladores se expresan entre otros temas, sobre la necesidad del diálogo como herramienta insustituible en el sistema democrático entre el gobierno y la oposición, una manera elíptica pero perceptible de puntualizar su disconformidad con la denuncia penal interpuesta contra el legislador Palmieri, una manera de judicializar la política y sustraerla de sus carriles.

En esa oportunidad el comunicado fue suscripto por once legisladores de un total de 17, habiéndose abstenido el resto, balance que se impone por sí mismo.

En definitiva el panorama del bloque es incierto y el encontronazo en torno el episodio Palmieri, no es otra cosa que la punta del iceberg sobre la superficie, pero debajo de la línea de flotación se encuentra la sorda lucha por el poder en el justicialismo, entre Martín Soria y el sector que lo acompaña y el resto del partido con la mayoría de los legisladores, algunas unidades básicas y los municipios.