Venezuela acaba de aprobar la anexión del territorio Esequibo, el cual se encuentra en una disputa con su vecina Guyana, un territorio de habla inglesa que cuenta con unos 800 mil habitantes. Así, la Asamblea Nacional venezolana creó de manera formal el estado Guayana Esequiba, situación que se da en un marco de fuertes tensiones con algunos sectores opositores (por derecha e izquierda), a cuyos candidatos se les ha impedido participar de las elecciones convocadas para el 28 de julio.

La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba establece que mientras se resuelve la situación interna de la entidad, el Jefe de Estado elegirá al gobernador, y la Asamblea Nacional (Parlamento) asumirá las funciones legislativas del territorio. Otro aspecto importante es que a partir de la promulgación de la ley todo mapa político de Venezuela tiene por obligación señalar la figura del estado de la Guayana Esequiba. La ley surgió luego del referendo consultivo que realizó Caracas el 3 de diciembre pasado, con una participación de algo más de 10 millones de votos; número que fue cuestionado por la oposición.

El Gobierno de Guyana ha expresado su preocupación por la situación. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional declaró a esa decisión como una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Guyana. Señalando además que se trata de una “violación flagrante” de la orden sobre medidas provisionales dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), firmada el 1 de diciembre de 2023.

Por su parte, el ministro para Asuntos Locales, Robeson Benn, dijo que lamentaba que Venezuela ignorara la Declaración firmada por los presidentes guyanés, Irfaan Ali, y venezolano, Nicolás Maduro, también en diciembre pasado en San Vicente y Granadinas, para que la disputa territorial no escalara a un problema mayor. "Esto es una violación a los principios de buena voluntad que se tomaron en Argyle y luego en Brasil", donde hubo en enero una reunión a nivel de ministros de Exteriores, sostuvo Benn. El conflicto ya despertó el interés de Brasil, los EEUU, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el propio Reino Unido que envió, a finales de 2023, al buque HMS Trent.

El conflicto entre Venezuela y Guyana: Una disputa territorial con larga historia

El diferendo entre Venezuela y Guyana gira en torno a un espacio territorial de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que Guyana administra, pero que Venezuela reclama como parte de su propio territorio.

Las raíces del conflicto se remontan a la época colonial, cuando España y Gran Bretaña disputaban por el control de la región. Tras la independencia de Venezuela en 1821, el país heredó la Capitanía General de Venezuela, incluyendo la Guayana Esequiba. Sin embargo, en 1899, un arbitraje internacional, conocido como el Laudo Arbitral de París, otorgó dichos territorios a Gran Bretaña. Venezuela denunció este laudo como nulo e ilegal.

“El Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899, plagado de vicios de nulidad, se fraguó a espaldas de Venezuela bajo coacción y la constante amenaza del uso de la fuerza por parte de la corona británica. La arrogancia de las potencias imperiales de la época, el forjamiento de documentos y mapas, el uso de todo tipo de artimañas y la usurpación de la defensa venezolana, son solo algunas de las múltiples violaciones al Derecho Internacional que se han demostrado y definen este Laudo como nulo e írrito. Venezuela ha denunciado y comprobado, a través de títulos y pruebas documentales, que el territorio de la Guayana Esequiba le pertenece y que el Laudo de París ha sido la más vergonzosa y dolosa acción contra su integridad territorial”, ha venido señalando el gobierno venezolano en sus documentos oficiales.

Por su parte, Guyana defiende la validez del Laudo Arbitral de París y considera que la zona en disputa es parte integral de su territorio; argumentando que el Laudo Arbitral es un instrumento jurídico vinculante e inapelable, que las distintas autoridades han desarrollado y administrado la región durante más de un siglo, y que la comunidad internacional ha reconocido las fronteras del país desde su independencia de los británicos, en 1966, cuando pasó a ser conocida como República Cooperativa de Guyana.

Intentos de resolución

A lo largo de los años, se han realizado diversos esfuerzos para resolver el conflicto. En febrero de 1966, después de cuatro años de negociaciones, Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Británica firmaron en Ginebra un acuerdo, bajo el auspicio de la ONU, que estableció los mecanismos para revisar la controversia y buscar soluciones satisfactorias. Desde entonces, Venezuela tiene como marco jurídico y político ese tratado en su reclamación del Esequibo. El Acuerdo de Ginebra está registrado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el Nº 8192 (1966).

A partir de esa instancia, ambos estados acordaron crear una comisión integrada por dos representantes de cada gobierno para buscar soluciones, y aunque existieron 17 reuniones entre 1966 y 1970, no hubo éxito; existiendo entretanto un levantamiento separatista en el sur de Guyana por parte de un grupo indígena que solicitaban su incorporación a Venezuela, y que finalmente fuera aplastado en 1969 por las fuerzas militares guyanesas.

En 1989 Guyana y Venezuela aceptaron los Buenos Oficios de las Naciones Unidas, bajo la figura de un Buen Oficiante, es decir un facilitador designado por el secretario general de la ONU para acercar las posturas de actores en conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, concluyó en 2018 que no se había alcanzado un “progreso significativo” y acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para abordar el asunto, si bien mantuvo la figura del Buen Oficiante como “proceso complementario”.

Ese mismo año, Guyana inició una demanda contra Venezuela en la CIJ exigiendo que se declarara la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, mientras que Venezuela se opone a la jurisdicción de la Corte en este caso. No obstante, la Corte ha seguido avanzando, lo que algunos analistas señalan como un riesgo para los intereses de la República Bolivariana por un posible fallo en favor de Guyana, a pesar de la no participación venezolana en el juicio. La continuación del proceso legal en la CIJ podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de la controversia.

Actualidad del conflicto

El Esequibo abarca dos terceras partes de Guyana y casi seis de las diez regiones que componen el país. Posee reservas minerales de oro, bauxita, diamantes, cobre y hierro, siendo la mina de oro Omai una gran fuente de ingresos para Guyana. Produjo más de 3,7 millones de onzas de oro entre 1993 y 2005 y se han descubierto nuevas vetas.

Sus aguas territoriales contienen grandes reservas de petróleo y gas natural, la mayoría concentradas en el bloque Stabroek. Desde que en 2015 la empresa estadounidense ExxonMobil descubriera crudo en esa zona, Guyana pasó de ser uno de los países más pobres de Sudamérica, a tener el mayor crecimiento económico del mundo (62 % en 2022). Estas reservas --estimadas en 11.000 millones de barriles de petróleo-- fomentaron, junto a las cuestiones políticas, que las tensiones entre Georgetown y Caracas por Esequibo aumentaran hasta llegar a la actual crisis.

A lo largo de las décadas, este diferendo ha generado tensiones significativas, afectando tanto las relaciones bilaterales entre los dos países como la estabilidad en América del Sur, ante una amenaza latente de conflicto militar e injerencia extranjera. Y como era de esperar, además, se ha entrelazado con el proceso electoral en Venezuela, generando preocupaciones adicionales sobre el equilibrio político en la región.

Recientemente, las cancillerías de Brasil y Colombia lanzaron preocupadas advertencias al gobierno de Nicolás Maduro, cosa que no ha sido recibida con agrado. Advirtiendo acerca del respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, ambos gobiernos expresaron su preocupación ante la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo. La respuesta no se hizo esperar señalando, para el caso brasileño, que “el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela repudia el gris e injerencista comunicado, redactado por funcionarios de la cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela”.

Una vez más la destrucción de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) ha demostrado que la fragmentación ha servido a poderosos intereses extraterritoriales, en detrimento de una mirada común e integrada que defienda a la región en un mundo en reconfiguración.

En este sendero de división, las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, insultando a los presidentes de Colombia y México (ya lo había hecho con el de Brasil), más la crisis con los refugiados opositores en la Embajada en Venezuela (adonde decidió enviar un contingente de gendarmes), alientan tormentas innecesarias ante un panorama internacional en el que la violencia avanza.