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“Dijimos que para que la verdad se sepa debíamos ganar la elección y no nos equivocamos”, sostuvo el gobernador electo Rolando Figueroa sobre el giro que le está imprimiendo la justicia a la causa por la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social, y subrayó que “ahora se inicia un proceso judicial distinto”.
Los dichos de Figueroa, pronunciados el día de entrega de diplomas a las autoridades electas en las elecciones del pasado 16 de abril, se ven justificados por la profundización de la investigación de la estafa, que en los últimos días incluyo varios allanamientos y prisiones preventivas para los presuntos responsables.
En la oportunidad, Figueroa calificó la estafa con planes sociales como “el mayor robo institucional en la historia de la provincia” y advirtió que cuando se haga cargo del gobierno va a separar el ministerio de Desarrollo Social, donde ocurrió el desmadre, porque ha sido “muy bastardeado” y necesita “otra mirada”.
De paso, denunció que Desarrollo Social acumula muchos empleados, algunos de los cuales ni siquiera concurren al trabajo y advirtió sobre designaciones en el gobierno entre personas que formaban parte de la planta política.
Es de suponer que viniendo de las entrañas del partido gobernante, Figueroa habla con conocimiento de causa sobre manejos irregulares y bolsones de corrupción enquistados en estamentos del poder en particular en el ministerio de Desarrollo Social.
No hay duda de que el ex vicegobernador, quien basó su campaña en denunciar los puntos oscuros del partido y el gobierno, sabía muy bien de qué hablaba cuando decía que sólo si su sector ganaba se podría saber qué ocurrió realmente con la estafa.
Hasta ahora los señalados son el ex director de Planes Sociales, y otros dos ex funcionarios del área, todos ellos con prisión preventiva ratificada el jueves. Pero cualquiera que conozca mínimamente las gestiones del MPN tiene motivos para pensar que podría haber más responsables subiendo en la escala jerárquica.
Cuesta creer que tamaña asociación para delinquir haya pasado desapercibida ante los ojos de los responsables políticos, justamente en un ministerio que reparte la ayuda social y es clave para la maquinaria electoral del gobierno.
Es un hecho que el statu quoemepenista incluía una justicia deseosa de no entrar en contradicciones con el poder político. De ello existen numerosos testimonios a lo largo de los años, basten como ejemplos la causa por la estafa al BPN durante el gobierno de Sobisch, o las que se abrieron por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en las que quizá no se fue tan lejos como se debía en la búsqueda de responsabilidades.
Por otra parte no hay demasiados motivos para pensar que Figueroa exagera, porque la campaña ya pasó y el ya ganó, de manera que tal vez ahora que perdió el aparato de su antiguo partido, es posible esperar que la investigación de la estafa con planes sociales escale entre los responsables jerárquicos y políticos del desmadre.
Después de todo, cualquiera que tenga algo de memoria sabe que no es la primera vez que en el MPN se destapa una penosa maniobra de manipulación de los sectores postergados a través del aparato de ayuda social.
En 1999, en la transición entre Felipe Sapag y Jorge Sobisch, estalló el escándalo del líder de los desocupados de Centenario, Héctor “Zapallito” Molina, ligado al aparato clientelista del MPN. Molina mantenía poco menos que cautivos a numerosos desempleados.
Más tarde, en 2002, durante el segundo gobierno de Sobisch estalló en Centenario el denominado “escándalo de los subsidios”, que tuvo de nuevo entre sus protagonistas a “Zapallito” pero también al intendente Luis Castillo y al entonces ministro de Bienestar Social, Jorge Lara.
En suma, como bien planteó Figueroa esta puede ser la mayor estafa de la historia provincial y todo indicaría que producido un cambio político tan importante como el desplazamiento del partido que gobernó con pocas interrupciones en los últimos 60 años, la justicia se encuentra ahora en mejores condiciones que antes para llevar a cabo una investigación.
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