El 25 de abril de 2023, solo, con una mochila al hombro, sin que nadie lo esperara, Juan Guaidó Márquez, el ya ex “Presidente Encargado” de Venezuela, bajó en el aeropuerto de Miami, luego de ser expulsado de Bogotá por el gobierno colombiano.

Culminaba así su intento de participar en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, organizada por Gustavo Petro, a la que asistieron representantes de veinte países de América Latina y Europa, junto a Juan González, director para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca.

Parece ser el triste y solitario final de una de las operaciones más bizarras, aunque no por ello menos trágica, de “cambio de régimen” en América Latina por parte del gobierno estadounidense y sus vasallos en América y Europa.

Aunque no es el final de los ataques al gobierno de Maduro es, sin dudas, el fin del “experimento Guaidó”.

La historia comenzó el 23 de enero de 2019 -el día del 61° aniversario del fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez- cuando la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, designó al joven diputado y presidente del cuerpo como “Presidente Encargado”, desconociendo a Nicolás Maduro.

Al día siguiente, Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Trump y “padre de la criatura”, retiró al personal de su embajada en Caracas y anunció que EE.UU. estaba listo para enviar “ayuda” a los venezolanos.

A partir de allí se desató todo el arsenal del “regime change made in USA”.

Dos días después de la “asunción” de Guaidó, el Grupo de Lima (integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reconoció al “Presidente Encargado”.

El 29 de enero, EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra la petrolera PDVSA y el Banco de Inglaterra incautó las reservas de oro venezolanas depositadas allí.

El 31 de enero, el Parlamento Europeo “legitimó” a Guaidó y solicitó hacer lo mismo a los gobiernos de los países de la Unión.

El 22 y 23 de febrero siguientes Juan Guaidó lideró el inicio de la “Operación Libertad”, un intento de levantamiento desde la frontera colombiana enmascarado en un festival musical. Una segunda fase se inició en mayo, con el mismo resultado negativo.

El gobierno de Maduro se mantuvo firme y las fuerzas armadas abortaron el intento, pero cientos de miles de personas salían del país empujadas por la crisis económica y la perspectiva de una guerra civil o una intervención estadounidense.

En los primeros días de mayo de 2020, una docena de mercenarios fueron capturados por el Ejército venezolano en las costas de La Guaira, tras un enfrentamiento en el murieron ocho personas. Se trataba de un grupo de desertores de las fuerzas armadas locales y de ex soldados estadounidenses.

Poco después, el veterano de Irak y “contratista de seguridad” Jordan Goudreau publicó en las redes que la operación había sido planeada y financiada por Guaidó, sus asesores y miembros de la diáspora venezolana en Miami (un deja vudevaluado de Playa Girón).

Fue el último intento de levantamiento armado por parte de una oposición venezolana cada vez más fracturada y alejada de Guaidó, en medio de denuncias cruzadas de fraude y corrupción, con los fondos incautados por los gobiernos estadounidense y europeos y manejados por el “Presidente Encargado” y sus fantasmales ministros.

El “poder dual” pensado por Lenin, no funcionó en las costas caribeñas de Sudamérica.

Por entonces los vientos comenzaban a cambiar en el Sur. Pronto, los nuevos mandatarios en el continente fueron vaciando al grupo de Lima y el gobierno demócrata en EE.UU. buscó deshacerse, pausadamente, del incómodo regalo dejado por el dúo Bolton-Pompeo.

En enero de 2021, la asunción de una nueva Asamblea Nacional en Caracas dejó sin sustento alguno a la especiosa designación presidencial interina de Guaidó y poco después la Unión Europea le soltó la mano al engendro.

La coalición opositora cambió de estrategia. En agosto de 2021 se inició en México una nueva vía de negociación entre el gobierno de Maduro y la Mesa de Unidad Democrática.

Tras tres rondas, sin mayores acuerdos, Venezuela suspendió las tratativas ante la extradición de Alex Saab, uno de los delegados de Maduro, desde Cabo Verde a EE.UU, acusado de lavado de dinero.

La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia abrió un nuevo camino. Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y reabrió la frontera común. En agosto de 2022 anunció la reanudación de las conversaciones en México.

Mientras tanto, en el contexto de incertidumbre del mercado petrolero por el estallido de la guerra en Ucrania, el gobierno de Biden, discretamente, autorizó a Chevron a retomar sus actividades en Venezuela, pero bloqueando el acceso de PDVSA a las ganancias de esas ventas.

El 27 de noviembre de 2022, en México, gobierno y oposición llegaron a un primer acuerdo significativo que solicitaba desbloquear los fondos congelados en el extranjero para volcarlos a atender la crítica situación social del pueblo venezolano.

La negativa de hecho de EE.UU. a permitirlo volvió a empantanar las tratativas.

El 20 de abril de 2023 en su reunión con Joseph Biden, en Washington, Gustavo Petro anunció la propuesta del levantamiento de las sanciones junto a un acuerdo de nuevas elecciones generales en Venezuela para 2024, a discutir en el marco de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que el mandatario colombiano había convocado para el 25 de abril.

Ese día, en Bogotá, la reunión de representantes de 20 naciones (entre ellas Argentina) avanzó sobre la propuesta de “dos rieles al mismo tiempo” de Petro, recogida en la Declaración de la Conferencia.

Establecer un cronograma para la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos y, en paralelo, el levantamiento de las distintas sanciones contra el país.

La respuesta de los EE.UU. y el último favor del caído Guaidó a sus patronos, ocurrió a la par de la Conferencia en Colombia

El Departamento del Tesoro, mediante una Disposición, reconoció el manejo de la Compañía Citgo a la minoritaria facción de la oposición y abrió las puertas para que un tribunal de Delaware avance con la liquidación de la misma.

Citgo Petroleum Corp, propiedad de la estatal PDVSA, tiene su sede en Houston y es la séptima refinería en tamaño en EE.UU. con una cadena anexa de más de 10 mil estaciones de servicio.

La confiscación de Citgo, que genera ganancias por más de mil millones de dólares al año, difícilmente pueda calificarse de otro modo que como lo hizo el presidente Maduro: “un robo”.

Es también otro intento del gobierno estadounidense por impedir el avance de los acuerdos entre el chavismo y la oposición y de sabotear los esfuerzos de paz e integración de los gobiernos latinoamericanos.

Un ejemplo más de que la meneada frase de Antony Blinken, “un orden basado en reglas” es, sencillamente, una trampa para incautos.