Desde diciembre de 2019, fecha en que el Frente de Todos asumió el gobierno, hasta ahora, el Congreso de la Nación trabajó un conjunto de proyectos muy importantes para el desarrollo y fortalecimiento del sistema científico tecnológico argentino, buscando superar enfoques lineales de la ciencia y la tecnología, incorporando lo territorial y una fuerte orientación a la producción, a fin de dar vuelta el modelo de economía financierizada y especulativa de las políticas del macrismo, que condujo a una profunda crisis productiva y del empleo desde 2018 y al endeudamiento más grande de la historia argentina en bonos a 100 años y con el stand by de 57 mil millones de dólares con el FMI.

El punto de partida de la política en la materia por parte del gobierno del Frente de Todos fue disponer que Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva recuperara el nivel de ministerio como parte de la estructura del Poder Ejecutivo de la Nación. En su órbita funcionan también la Agencia Nacional Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el COFECYT (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología), el CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y sus institutos ubicados en el territorio junto a distintas universidades nacionales, y a ellos se suman Institutos y Centros de Investigación sectoriales como la CONEA, el INTI, el INTA, el INIDEP, y muchos más que se articulan con las provincias como el INVAP, el Centro Atómico y el Instituto Balseiro, localizados en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Las iniciativas en materia de ciencia y tecnología que son pilares de un nuevo modelo federal productivo, de empleo e inclusión social tuvieron como antecedente la Ley de Solidaridad y Recuperación Productiva y Social sancionada a fines de 2019. La formulación de los proyectos de ley por las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación productiva, que definieron la asignación de fondos y un conjunto de normas de aplicación, introdujeron modificaciones en leyes previas que demandaban adecuación al nuevo modelo económico. Su tratamiento y aprobación se vio demorada por la situación planteada a partir de la pandemia del COVID-19 y la declaración de emergencia que ella supuso en distintas áreas de gobierno, en particular en materia de salud, asistencia social y en lo laboral y financiero, como también por los procesos de reestructuración de la deuda pública.

Entre las normas sancionadas y en proceso se cuentan las siguientes:

1. En primer lugar, se aprobó en octubre de 2020 la Ley Nº 27.570 que modifica la Ley Nº 27.506 sobre Régimen de Promoción de la Economía del Conocimientoque había sido aprobada en 2019.
2. En febrero de 2021, se aprobó la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovaciónque establece el incremento anual, progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función Ciencia y Técnica con el propósito de alcanzar el 1% del PBI en 2032.
3. En septiembre del 2022 se aprobó la Ley N° 27.685 de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología quemodifica yprorroga hasta el año 2034 la Ley N° 26.270 otorgando beneficios fiscales a empresas que realicen inversiones en proyectos innovadores en sectores que son claves para la ciencia y la tecnología y para incorporar las nuevas tecnologías a la producción.

Está pendiente para su sanción definitiva el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados sobre Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica por el cual se introducen modificaciones a la Ley de Innovación Tecnológica 23.877y se crea un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo.

Todo este marco normativo forma parte del escenario de base en el cual se plantea el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que cuenta con media sanción del Senado y que propone continuar transformando la estructura productiva y científico tecnológica del país, a partir de la creciente incorporación de conocimiento y de nuevas formas de organización de la producción.

El Plan, elaborado con la participación de los responsables provinciales de las áreas de ciencia y tecnología, tiene como propósito fomentar la generación y gestión del conocimiento para la innovación social y productiva, inclusiva y sostenible a partir de 3 pilares de gestión: la articulaciónpara la formulación e implementación de las políticas, el impactoque vincula la generación de conocimientos y tecnologías con su contribución estratégica al desarrollo sostenible y la federalizaciónque garantiza el criterio territorial en la generación, aplicación y distribución de conocimiento y tecnologías.

Para ello, plantea cuatro tipos de agendas para orientar al conjunto de instituciones, sectores, organizaciones y empresas del sector público, privado y mixto que realizan actividades científicas y tecnológicas. Las mismas definen una serie de intervenciones a fin de alcanzar los objetivos del Plan en diferentes dimensiones que se complementan.

• Agenda Estratégica: Los Desafíos Nacionales tienen por objeto la solución de problemas de interés nacional con fuerte asociación con las políticas públicas del mismo alcance.

• Agendas Territoriales: se enfocan en sectores y temáticas relevantes para el desarrollo de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las regiones del país, siendo objeto de compromisos y esfuerzos conjuntos por parte de las jurisdicciones y el gobierno nacional, y siendo su propósito principal superar los desequilibrios territoriales existentes.

• Agendas Transversales: tienen por objetivo consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta a los Desafíos Nacionales y de las Agendas Territoriales

• Agenda de Cambio Institucional: aspira a diseñar intervenciones orientadas a la conformación de entornos institucionales y organizacionales con creciente grado de complejidad, que evolucionen hacia la conformación de ecosistemas de aprendizaje, desarrollo e innovación.

Las Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación son herramientas que expresan prioridades y estrategias de intervención por parte de cada jurisdicción subnacional. Cada provincia despliega propuestas en línea con los objetivos del Plan. De esta manera, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 se plantea como un instrumento central para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente y resulta fundamental para establecer prioridades de gestión y distribución de recursos y diseñar programas acordes a las demandas territoriales.

El caso de Río Negro

En lo que respecta a la provincia de Río Negro, la inversión en investigación y desarrollo y la agenda científico tecnológica ha crecido sostenidamente en los últimos años permitiendoconcretar la producción de bienes estratégicos de alta tecnología y valor comercial que resultan fundamentales para llevar adelante operaciones de exportación, como la llevada adelante por el INVAP a partir de la producción de reactores complementada con la de satélites, radares, y elementos para la medicina nuclear, en momentos en que la economía del conocimiento y la transición energética en curso constituyen ejes que organizan el proceso de desarrollo en países y regiones del mundo. En términos territoriales la principal incidencia de la modalidad que asume la ejecución de los recursos nacionales en Río Negro, se observa en la ciudad de San Carlos de Bariloche en la que se localizan la mayor parte de las instituciones y organismos de Ciencia y Tecnología.

En línea con esto, la Agenda Territorial planteada por la provincia en el Plan 2030 se estructura en 5 principales vectores de desarrollo social, productivo y ambiental:

• Agregado de valor a productos y servicios: propone la mejora de los procesos de producción incorporando nuevos insumos a la industria, aplicando economía circular en la producción regional y fortaleciendo las cadenas de valor regionales.

• Tecnologías de la industria 4.0: busca incorporar el uso de estas tecnologías en procesos de diseño, producción y desarrollo de bienes y servicios como así también para el seguimiento y control de la producción.

• Sostenibilidad ambiental: abarca al tratamiento y uso de residuos y al desarrollo tanto de sistemas de reparación de aguas y suelos contaminados y/o degradados como de sistemas de control de áreas protegidas. Además, se pretende utilizar bio insumos para una producción más sostenible.

• Transición energética: presenta la posibilidad de incorporar nuevos sistemas de generación, distribución, almacenamiento y uso de energías renovables, sistemas de eficiencia energética, uso de la biomasa en biocombustibles y aplicaciones de hidrógeno en la industria.

• Transformación Digital: incorpora el diseño y desarrollo de un centro de datos provincial y fuentes auténticas, la digitalización de los principales procesos de gobierno, y sistemas online de servicio al ciudadano, entre otros.

Algunas consideraciones adicionales respecto a la producción y aplicación del conocimiento científico y tecnológico y las perspectivas en la Argentina.

Como se ha expuesto, el debate por la formulación del Plan 2030 gira en torno a la proyección estratégica de la ciencia y la tecnología en el sistema productivo, la federalización, la fijación de prioridades, y también en torno a la participación de la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo. A ello se suma la cuestión del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, partiendo de un escenario de alta complejidad macroeconómica.

Es un hecho incontrastable la fuerte presencia del Estado en proyectos y financiamiento a través de los institutos de investigación y las empresas públicas en la producción de conocimiento, y también lo es la utilización final del conocimiento generado por parte de la actividad empresarial, que puede apropiarse de rentas tecnológicas y ganancias diferenciales en los mercados a partir de lo generado por la inversión pública. Esto ha sido y es muy frecuente en los rubros de la biología, la biotecnología, la química, la genética, la edafología, la exploración minera, etc. En los países de América Latina, el estudio de la participación de las organizaciones generadoras y difusoras de conocimiento (universidades, institutos y centros de Ciencia y Tecnología) en los procesos de innovación de las empresas adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que, a diferencia de los países desarrollados, en los países de la región, el gasto en Investigación y Desarrollo es financiado en gran proporción por el Estado, a través de sus universidades, institutos y centros de Ciencia y Tecnología, superando ampliamente al gasto registrado en el sector privado empresarial. Las empresas extranjeras, por su parte, traen conocimiento incorporado en sus equipos, componentes y maquinarias que desarrollan en sus casas matrices, lo usan aquí y transfieren sus ganancias para financiar su reproducción financiera, económica y científico tecnológica a sus países.

En Argentina, las organizaciones de conocimiento públicas concentran más del 60% del gasto nacional en Investigación y Desarrollo (MINCYT, 2020). Ello se suma a la histórica debilidad en materia de vinculación entre las organizaciones de conocimiento públicas y las empresas privadas, y entre ellas, en los rubros más importantes de la industria. Predominan desarrollos introvertidos, lo cual termina provocando restricciones sistémicas en materia de innovación, o la falta de intercambio y cooperación para enfrentar los cambios en el paradigma tecnológico y los desafíos que impone la inserción directa o indirecta en los mercados internacionales. Con mucha frecuencia las relaciones verticales y asimétricas entre grandes clientes y proveedores PyMEs predominan en distintos sectores productivos internacionalizados, y entre eslabones de las cadenas de valor, por caso en los hidrocarburos, y ello limita su escalamiento tecnológico, funcional, y su capacidad de negociación.

Numerosos estudios dan cuenta de una escasa vinculación virtuosa entre firmas y organizaciones de conocimiento en la Argentina en el marco de una cooperación para el desarrollo. De acuerdo al último relevamiento estadístico disponible a escala nacional (MINCYT, 2020a), las firmas innovadoras son proclives a vincularse, principalmente con agentes de su entorno como ‘Clientes, proveedores y/o competidores’ (63%) y con ‘Consultores/asesores’ (57%). En tercer lugar, se posicionan los centros de Ciencia y Tecnología y las universidades teniendo como principal objetivo la vinculación a las actividades de prestación de servicios, pruebas y ensayos, y la captación de técnicos y profesionales. Prevalece un patrón de vinculación en el cual las empresas industriales de Argentina no se caracterizan por llevar a cabo actividades Investigación y Desarrollo en conjunto con las organizaciones de conocimiento (INDEC, 2005). Por el contrario, la vinculación con estas organizaciones está tradicionalmente orientada a la prueba de nuevos productos y procesos, al control de calidad, y a la resolución de problemas técnicos, convirtiéndose en los principales objetivos perseguidos por las empresas que toman contacto con el complejo científico y tecnológico nacional.

Finalmente, es la mirada sistémica de la innovación lo que ha de recomendar la orientación de la política de ciencia, tecnología e innovación en Argentina, y el resto de los países de América Latina, hacia la generación de los incentivos adecuados para favorecer una articulación más estrecha entre las organizaciones de conocimiento y el sector productivo y focalizar el financiamiento hacia tecnologías de propósito general que puedan distribuir conocimiento más ampliamente en la estructura empresarial, y que abarquen un conjunto privado y público de instituciones articuladas en su generación y uso compartido.

Estos son desafíos pendientes para un desarrollo productivo sustentable y con equidad.