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El pasado 1 de marzo se realizó la apertura de un nuevo año legislativo en el Congreso Nacional con el discurso del Presidente Alberto Fernández, en el que expuso logros, problemas y desafíos. El 2023 no es ni será un año más en la Argentina, mientras se busca reacomodar la economía y los programas del Estado en tiempos de inestabilidad mundial, en los que se debate acerca de la guerra en las tierras de Eurasia, y su impacto en la población afectada directa e indirectamente, y en las economías, en particular en los precios de los alimentos, la energía y las materias primas, en las tasas de interés, el nivel de actividad y el empleo, en un escenario internacional a todas luces recesivo.
En este mismo 2023 se cumple en Argentina la vigencia de 40 años de democracia ininterrumpida. Ellos se han caracterizado por distintos regímenes económicos, la búsqueda de la integración latinoamericana y una persistente lucha por los derechos humanos en gran parte de las cuatro décadas. Este año se renuevan autoridades y representantes a nivel nacional y en la mayoría de nuestras provincias y municipios. Es entonces un tiempo de hacer un balance de logros y asignaturas pendientes, y de pensar las estrategias para consolidar la agenda de equidad en materia de educación, de empleo, de ingresos y de género en nuestro país, a través de políticas que promuevan las autonomías de las mujeres (económica, física y en la toma de decisiones) como una clave para garantizar el pleno goce de sus derechos humanos, y fortalecer la democracia.
En este sentido, la agenda legislativa en temas de género ha avanzado sostenidamente, y debemos continuar por ese camino durante este año. En materia de trabajo y de los derechos al bienestar en la etapa pasiva de la vida, esta misma semana, se ha logrado aprobar la extensión del plazo de la moratoria previsional que ha tenido un impacto de género sustancial al permitir a miles de mujeres que no habían podido alcanzar los años de aportes pudieran jubilarse: entre agosto y diciembre del año pasado alrededor de 70.000 mujeres accedieron a la jubilación que sin la extensión no hubieran podido hacerlo. En materia de derechos sexuales y reproductivos, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su implementación se ha traducido en un descenso del 40% en la mortalidad materna por embrazo terminado en aborto y se ha logrado el descenso de 1,7% de la tasa de fecundidad adolescente. Tales indicadores formaron parte del mensaje del Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Otras iniciativas legislativas tienen estado parlamentario para ser debatidas, como las vinculadas a la creación del Sistema Nacional e Integral de Cuidados.
Respecto de la violencia por razones de género, sabemos que los femicidios, como la expresión más brutal de este flagelo, continúan y continúan, incluso en nuestras ciudades, y nos duelen.
Desde el gobierno nacional se ha creado el Programa Acompañar, a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que garantiza apoyo económico y psicológico a mujeres que atraviesas violencia de género. Desde el Congreso Nacional, en 2022, continuamos con la construcción del marco normativo para erradicar las violencias por razones de género, al votar la Ley 27.696 para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales". A pesar de ello, la violencia de género persiste, muchas causas avanzan y se resuelven con excesiva lentitud y la persistente desigualdad daña la democracia
En términos políticos, un nuevo proceso electoral nos ofrece la oportunidad de proyectar y consolidar acciones en distintos temas de la agenda de la equidad, en la participación política de las mujeres y en la erradicación de la violencia política por razones de género y de los discursos de odio. El año 2022 nos dejó uno de los hechos violentos en términos políticos más graves desde 1983 con el atentado a la Vicepresidenta Cristina Fernández, y la impunidad de sectores críticos al Poder Ejecutivo que han atacado edificios públicos. Pero también vivimos la violencia en la Cámara de Diputados con varias sesiones cargadas de insultos xenófobos y machistas -incluso contra la propia presidenta del cuerpo - como los que se vivieron también el miércoles en la apertura de sesiones ordinarias y los que propalan algunos políticos en medios y redes sociales. Mientras tanto, en el país y la región continúan los femicidios, el horror para las familias de las víctimas y el reclamo de verdad, justicia y castigo a los culpables.
El camino de la equidad, la reducción de brechas salariales, y la creación de oportunidades que tomen en consideración los derechos asociados a la maternidad, a la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, ingresos dignos y bienestar, constituyen un gran avance en la construcción de una sociedad más justa.
Democracia y violencia política
En línea con lo anterior, vale la pena retomar los conceptos más relevantes del Informe de un comité de expertas de la Organización de Estados Americanos sobre la violencia en la vida pública y política de género en la Argentina actual, difundido en estos días, del que se deduce la necesidad de poner freno a la violencia que movilizan algunos actores políticos y sociales en el país–que se visibilizó en tiempos de pandemia y que arrecia más aún en tiempos electorales-, como factor que degrada la democracia.
Al respecto, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) visitó nuestro país y publicó un informe con recomendaciones específicas para distintos organismos del Estado. Comparto aquí, algunos de las principales conclusiones:
A través de entrevistas con mujeres políticas, la delegación “constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política no son hechos aislados, sinoque se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación.”
Asimismo, el Informe menciona “que los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o ex funcionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno, nacional, provincial y local”.
Con especial relevancia, señalaron que a pesar de que existe “una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres, con leyes que han supuesto importantes avances, hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia. La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia.”
Mucho para reflexionar entonces acerca de lo que expresa el Comité de Expertas en tiempos en que sigue demorándose la investigación por el intento de asesinato de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que echa sombras cada vez más espesas sobre la justicia, sobre grupos de fiscales y jueces, y naturaliza los hechos, mientras conviven los ejecutores y planificadores del mismo. Al mismo tiempo, vemos con estupor que siguen demorados juicios de lesa humanidad, mueren testigos y se intenta liberar o trasladar a la intimidad y las comodidades de sus domicilios a represores culpables y con sentencias, juzgados por delitos aberrantes; Y se suceden como práctica habitual los insultos a diputadas y autoridades en el Congreso por parte de representantes legislativos de la oposición política, buscando incluso deslegitimar con la ayuda de algunos medios de comunicación social a la Comisión de Juicio Político en Diputados, y se repiten cada marzo hechos de vandalismo contra monumentos, espacios y símbolos de la defensa de los derechos humanos y el NUNCA MAS en la Argentina.
Basta de tolerar y naturalizar la violencia política, por una democracia plena y con densidad institucional amparada por la constitución y ejercida con fuerza y convicción.
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