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25/09/2022

Capital Federal

Capital Federal | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Desde 1996 se viene introduciendo confusión a partir del nombre “Ciudad Autónoma” y ya no se nombra a Buenos Aires como lo que realmente es: la capital federal de la República Argentina.

Héctor Mauriño

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Entre los daños que provocaron el Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994, tales como la eliminación del colegio electoral, que ponía cierta equidad en la representación de las provincias menos pobladas, la introducción de la dudosamente eficaz reelección presidencial, y la entrega del petróleo y el gas a los vulnerables gobiernos provinciales, se cuenta también la facultad de darse un gobierno autónomo otorgada a la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina.

Con la ley de federalización de Buenos Aires aprobada en 1880, que declaró al municipio de la ciudad de Buenos Aires capital federal de la Nación, el presidente Nicolás Avellaneda puso fin a las guerras civiles del siglo XIX y permitió que se alcanzara cierto equilibrio entre Buenos Aires y el interior.

Pero con el artículo 129 de la Constitución reformada en 1994 se rompió ese equilibrio y se abrió paso a una jurisdicción sui géneris, que no es una provincia pero tampoco un simple municipio y que además de ser por lejos la ciudad más rica, próspera y poblada del país adquirió un peso propio de un gueto privilegiado en medio de una Argentina plebeya y rezagada.

La reciente provocación del intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta a los manifestantes que se congregaban frente a la casa de la vice presidenta Cristina Kirchner para solidarizarse ante el intento de proscribirla vía judicial, fue uno de los tantos hechos que volvió a poner sobre el tapete la malintencionada confusión que hace la derecha vernácula en torno al estatus de la llamada pomposamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Esto ya había ocurrido en otras oportunidades, como cuando en plena pandemia Larreta desconoció un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández (con fuerza de federal), que ordenaba mantener suspendida la circulación de personas y por lo tanto que no se dictaran clases presenciales sino virtuales durante dos semanas más en las escuelas porteñas, todo con el más que justificado propósito de evitar un colapso sanitario.

Frente a la casa de Cristina, la policía municipal de la capital federal se dedicó a provocar y reprimir a los manifestantes y cuando un juez ordenó que la custodia quedara en manos de la policía federal como corresponde por tratarse de la vicepresidenta, Larreta desconoció el pronunciamiento judicial y apeló la decisión a sabiendas de que el partido judicial le daría una vez más la razón.

Otro tanto ocurrió -y aún espera pronunciamiento de la corte macrista- con los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires, que habían sido aumentados discrecionalmente por Macri y que el presidente Alberto Fernández resolvió reasignar, hecho que mereció otro planteo ante la Corte de Larreta.

En uno de sus gestos olímpicos, a dos meses de asumir, Macri le otorgó al distrito privilegiado de la derecha, donde se reúne su mayor caudal electoral, un 2,35% extra de coparticipación. La ciudad recibía 1,40 % y el llevó el porcentaje a un 3,75.

El argumento era el traspaso de la policía a la ciudad, otro de los desmadres desencadenados por la reforma del ‘94 y que permitió crear poco menos que una policía política de la derecha. Pero Fernández logró establecer que el porcentaje correcto hubiera sido un 0.92% y su decisión mereció otro desplante judicial de Larreta.

En realidad, la vidriosa reforma del ‘94rompió el equilibrio ecológico en una sociedad como la argentina, caracterizada por la fuerte concentración poblacional y de recursos en la ciudad de Buenos Aires, un verdadero rincón primermundista en medio de un interior despoblado y subdesarrollado.

Con motivo del provocador vallado frente a su casa, la vice presidenta recordó que la Constitución reformada en 1994 “no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto” y planteó la necesidad de revisar “el funcionamiento jurisdiccional del gobierno federal”, en la ciudad portuaria.

En efecto, el artículo 129 de la Constitución del ‘94 habla de gobierno autónomo y no de ciudad autónoma o de provincia autónoma. El mismo artículo dice que una ley “garantizará los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras siga siendo la capital federal de la República”.

Esa norma se dictó en 1997, es conocida como ley Cafiero y establece que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones”.

A pesar de todo esto, desde 1996 se viene introduciendo la confusión a partir del nombre de “ciudad autónoma” y ya no se nombra a la ciudad como lo que realmente es: la capital federal de la República Argentina.

Antes y muy convenientemente dado la sangrienta historia precedente, al intendente de la capital federal lo nombraba el presidente con acuerdo del Senado, dado que por tratarse de una ciudad desmesurada en comparación con el resto del país, el jefe comunal porteño fue siempre una amenaza latente para el sostenimiento de la institucionalidad nacional.

A la jurisdicción porteña, felizmente para las mayorías, siempre le fueron esquivas los presidentes constitucionales, pero desde 1996 cuando se eligió al primer jefe de gobierno ya dos presidentes asumieron teniendo tan solo que cruzar la Plaza De Mayo, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. Excelente trampolín.

En síntesis, aunque ya casi nadie habla de ello y la prensa cipaya lo escamotea, pero la ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la República Argentina y si dejara de serlo sería un municipio más de la provincia de Buenos Aires.

En tren de llamar las cosas por su nombre, la ciudad no es una provincia y como tal no tiene constitución sino un estatuto; el jefe de gobierno es el intendente de la capital federal, la legislatura es en realidad el Concejo Deliberante, la policía “de la ciudad” es una policía municipal, y el poder judicial, sometido al arbitrio político del macrismo, es poco más o menos un tribunal municipal.

El intento de escamotear estas verdades por parte de la intendencia de una ciudad privilegiada en medio de un país empobrecido, es un agravio más que la ciudad puerto y la derecha autóctona le inflige al resto de los argentinos.

29/07/2016

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