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Los derechos sociales revisitados y las políticas públicas: un ingreso universal que cubra las necesidades básicas del alimento y la salud; el camino cuesta arriba del plan social al empleo registrado; y los servicios básicos de agua y energía, y de la conectividad para acceder al conocimiento y la socialización.
El trabajo y la solidaridad distributiva como respuesta social a la carencia de oportunidades e ingresos. El desafío de acceder a recursos, crecer y hacer sustentable el trabajo digno en contextos complejos. El Estado promotor debe hacerlo posible.
La experiencia de la pandemia COVID-19 entre 2020 y 2021, y las diferentes reacciones que han tenido las sociedades y los gobiernos frente a los complejos procesos que el virus desató, han corrido un espeso velo y dejado al descubierto –entre otras- dos cuestiones de una manera muy dramática en América latina y en Argentina. Ellas navegan entre lo estructural, y lo que aparece como coyuntural, que tal vez prolongue su vigencia. Algunos cambios que impulsó la pandemia en la interacción económica y social de la mano de las nuevas tecnologías, y la revalorización de la producción y distribución de cercanía -junto a los riesgos sanitarios generados por el virus- auguran fuertes reestructuraciones en la globalización productiva y comercial que pareciera han llegado para quedarse, y aunque plantean amenazas pueden crear oportunidades.
Las nuevas y difusas realidades que se configuran y se intentan procesar y explicar a diario, han evidenciado con claridad las desigualdades viejas y las más recientes que existen en nuestras sociedades en materia de protección social, hábitat, acceso a las nuevas tecnologías -con lo que ellas implican en cuanto a disponibilidad de equipos, conexiones y saberes-; y en lo que hace a la diferenciación creciente que se produce en el mundo del trabajo y lo que ella implica en relación a las condiciones contractuales, funcionales, de derechos y saberes, y salariales directas e indirectas.
La pandemia se ha sobrepuesto a la dinámica geopolítica y a la económico-financiera neoliberal extendida en el mundo desde las últimas décadas, y ha dejado un lastre traducido en múltiples y visibles impactos en la proyección de la vida individual y colectiva, como así también en las empresas y en los gobiernos, sus estrategias y sus políticas. Junto a los desequilibrios ambientales y los episodios sanitarios, el presente conflicto bélico y sus derivaciones en materia de abastecimiento de alimentos y energía, y de amenaza de confrontación nuclear, ha plantado en el centro de las percepciones sociales lo que diversos pensadores como Ulrich Beck y Zygmun Bauman definieron como “la sociedad del riesgo” o la de la “liquidez vital”, sea en lo laboral, lo afectivo, lo relacional, lo residencial, etc. Es así que la pandemia -en simultáneo a sus múltiples manifestaciones y consecuencias- ha abierto un debate renovado en las ciencias sociales. Ello ha quedado plasmado por caso, en obras producidas en Argentina como Ciencias y pandemia. Una Epistemología de los derechos humanos;y Covid-19. Economía y Derechos Humanos, ambas compiladas por el Dr. Juan Pablo Bohoslavsky desde la Universidad Nacional de Río Negro y CONICET; y Desigualdades y políticas públicas distributivas, texto compilado para FLACSO y la Fundación Ebert por los especialistas en ciencias sociales Roxana Marzolla y Pablo Vommaro. Estas obras son la expresión de los aportes intelectuales teóricos y aplicados de investigadores argentinos y extranjeros de distintas especialidades y adscripciones institucionales, y dan cuenta de la nueva complejidad y volatilidad del presente, y de la dificultad que ello plantea para la comprensión de la dinámica social, económica y política desplegada en el mundo y el continente, a la cual se le ha sumado un nuevo contexto de guerra y desequilibrio de sociedades, naciones, regiones, mercados y gobiernos.
En lo político, el nuevo tiempo demanda la revisión sobre cuál es el rol del Estado y el de las políticas públicas activas que tienen que desarrollar nuestros gobiernos para enfrentar los nuevos escenarios, y para -entre otras intervenciones- estimular en las actuales circunstancias la inversión productiva sustentable en lo económico, lo ambiental y lo social en un marco de relaciones geopolíticas que den cuenta de la multilateralidad; y al mismo tiempo, garantizar la protección de los sectores más vulnerados por la sucesión de crisis y desigualdades agravadas, y aportar hacia adelante a construir nuevas formas de organización para la dupla producción-distribución y nuevas instituciones asociadas con ella que garanticen los derechos humanos y la estabilidad democrática.
El nuevo tiempo de guerra en 2022 agravó las cuestiones de la desigualdad estructural y nueva generada por la pandemia del Covid-19. Más allá de que el impacto directo del conflicto podría imaginarse restringido a un espacio geográfico localizado en Rusia y Ucrania, entre Europa y el noroeste de Asia, dado el involucramiento de EEUU y de los países nucleados en la OTAN, y la forma de organización económica y financiera globalizada del presente, la confrontación ha invadido el mundo entero en cuanto a decisiones geopolíticas, militares, y económico-financieras, y ha desnudado la lucha competitiva del capital en el campo de la energía, las materias primas y alimentos y las nuevas tecnologías de información, control y armamento entre distintas naciones y regiones. Ha impactado profundamente en las cadenas productivas globales y el empleo, en el abastecimiento y en los precios de los bienes básicos depreciando los salarios reales. Las restricciones resultantes en la provisión de energía, alimentos y minerales condicionan la dinámica de la actividad económica y las previsiones de los presupuestos públicos, y desatan procesos inflacionarios desbocados que dificultan el acceso al alimento y los servicios básicos, y multiplican reclamos de actualizaciones salariales y ayudas sociales que crean inestabilidad política. El malestar se agrava por razones previas que hacen a la configuración institucional, socio histórica, racial, religiosa y territorial, y por las asimetrías distributivas y la situación económico financiera y fiscal de cada nación. En ese escenario complejo, los gobiernos definen intervenciones y regulaciones coordinadas o no que resultan de su orden jurídico y político, de su densidad institucional y de sus alineamientos previos, al tiempo que las políticas monetaristas que buscan contraer la espiral inflacionaria mundial y en las naciones más afectadas provocan recesión, y agravan lo que de por sí será la contracción de la inversión real y del empleo en distintos países desarrollados, en los de ingresos medios y en aquellos dependientes por su matriz productiva o por el endeudamiento previo.
El mundo ve profundizar la desigualdad entre países endeudados y acreedores, entre los poderosos en el control de los mercados estratégicos y los que carecen de recursos esenciales; y dentro de los países, entre sectores con recursos económicos derivados de la propiedad inmobiliaria, de la tierra más fértil y productiva, de las industrias y el capital financiero o de la cercanía al poder, y los y las trabajadoras de baja condición, los y las jubiladas y pensionadas pobres y los y las desocupadas. La desigualdad de patrimonios y condiciones de vida se agrava por la puja por las divisas, su valor en el intercambio externo e interno y su incidencia en el comportamiento de los agentes económicos.
En estos escenarios de complejidad, desigualdad y volatilidad, Argentina enfrenta un conjunto de problemáticas estructurales y nuevas que demandan la construcción de acuerdos político institucionales, sociales e inter jurisdiccionales. La democracia inconclusa reconquistada en 1983 después de los horrores de la dictadura que dejó innumerables cicatrices políticas, sociales, económicas y humanas, impone que los representantes de las fuerzas políticas, de las entidades empresarias, de las organizaciones gremiales del trabajo y los movimientos sociales de trabajadores informales y desocupados, barriales y de género participen para encontrar rumbos viables de convivencia, de trabajo digno, y de bienestar dando cuenta de los principios de solidaridad y respeto mutuo, otorgando prioridad a la vida y a los derechos humanos integralmente concebidos. El trabajo digno y registrado es uno de ellos, como lo es el ingreso para el sostén familiar y la reproducción ampliada de la vida. Al mismo tiempo, una sociedad democrática no puede avalar la evasión y la elusión impositiva, el contrabando, el trabajo en negro, y la explotación del hombre por el hombre. Está obligada a construir espacios de diálogo político y social para salir de la crisis en que nos sumieron el endeudamiento externo perverso, la entrega de recursos y empresas a capitales golondrinas y fondos “buitres” a partir de operaciones que responden a las políticas neoliberales, la fuga ilegal de divisas, las operaciones de precios de transferencia especulativos en el comercio exterior y el vaciamiento de firmas con las resultantes de parálisis productiva y desempleo, junto al tendal de deudas con proveedores, trabajadores y el fisco.
Para sortear la difícil coyuntura económico financiera actual, producto de los desequilibrios provocados en las cadenas productivas, los mercados y las monedas por la pandemia y la guerra, y su traducción en desempleo, precariedad laboral y pobreza, el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso de la Nación, de los gobiernos provinciales y locales y de las organizaciones de empresas y de trabajadores puede crear los instrumentos pertinentes para encaminar acciones que progresivamente se plasmen en acuerdos, gestiones e instituciones que den sustentabilidad a la economía y la política en la Argentina en la tercera década del siglo XXI. Es necesario superar dicotomías políticas y las profundas desigualdades territoriales y sociales, y es necesario hacer sustentable el empleo y el ingreso de los y las trabajadoras. Para ello la economía que es política debe encaminarse a desterrar la especulación financiera y las estampidas inflacionarias y cambiarias, y anteponer a ello la producción y distribución para el desarrollo. Debe articular la producción primaria e industrial, y garantizar servicios e infraestructura de calidad; y junto con ello debe otorgar estabilidad a las reglas de juego y prioridad a la educación para el trabajo y a la formación para hacer efectiva la participación política en una sociedad democrática. Pueden citarse algunos ejemplos.
La iniciativa parlamentaria de un “ingreso básico ciudadano” aporta a edificar una sociedad más integrada sobre la base de la defensa de la vida más allá de la condición de existencia de cada hombre y cada mujer. Ello por cuanto el alimento, el cuidado de la salud y la educación junto al abrigo son un eje central de los derechos humanos. Complementariamente, el programa “puente de empleo” entre planes sociales y trabajo registrado es una oportunidad que debe convocar a todos los sectores a fin de dar garantías de su viabilidad, y su concreción con capacitación e involucramiento de los sectores del capital, el trabajo y el Estado nacional y provinciales a fin de avanzar en su implementación. La iniciativa contempla un acompañamiento económico y beneficios impositivos para las empresas que incorporen como empleados formales a personas que perciban el plan social Potenciar Trabajo. Estima que en una primera etapa logrará la incorporación de 200 mil trabajadores al empleo formal para 2023. El trabajo registrado es la gran meta del Gobierno Nacional porque permite acceder a beneficios y paritarias y a diferentes formas de recuperación del salario. Formalizar el empleo es un desafío que va más allá de un contrato, debe garantizar aprendizaje en las nuevas tecnologías, debe implicar integración, cooperación y organización en la comunidad de trabajo, nuevos roles, funciones, responsabilidades, rutinas, evaluaciones y resultados. Ha de incluir seguridad social, salud laboral, y una trayectoria de práctica con entrenamiento y convicción que sea sustentable en el tiempo, y otorgue sentido al trabajo y promueva mejoras en la socialización.
Se requieren en este rumbo de recuperación del trabajo formal instrumentos legales, educativos, de registración y control, aportes monetarios del Estado y el sector privado, y la maduración colectiva de la importancia que supone para la sustentabilidad de la producción y el intercambio que se desplieguen en un circuito virtuoso, la estabilidad contractual y la mejora progresiva de la productividad y de los ingresos del trabajo; y que la alternativa sea asumida con responsabilidad social y política por todas las partes involucradas. La cooperación formal e informal es un recurso imprescindible, el respeto a las diferencias por género y edad y por trayectoria ocupacional o laboral particular también lo es. Está en juego la dignidad del trabajo y los ingresos, la estabilidad en el empleo registrado, y la formación y el aprendizaje que fortalece y libera a quien trabaja. Todos somos responsables de que esta iniciativa funcione y se institucionalice con transparencia y eficiencia y tenga éxito en aportar a una sociedad más justa.
Al mismo tiempo, somos también responsables de exigir investigación acerca de las defraudaciones al fisco, de la evasión y elusión impositiva, y de reclamar juicio y castigo frente a estos delitos que además se combinan con el endeudamiento externo, la fuga de divisas y la riqueza oculta. Las nuevas tarifas de servicios públicos con segmentación y las modificaciones de alícuotas impositivas en ganancias y bienes personales buscan construir equidad. Junto a ello la persecución del contrabando en todas sus formas, del lavado de dinero y las operaciones ilegales con divisas son esenciales para mejorar la dinámica de las cuentas públicas y hacer posible avanzar en el camino del desarrollo con inclusión. Las deudas tomadas irresponsablemente deben pagarlas en primer lugar quienes las generaron y se beneficiaron con ellas a costa del resto de la población.
La Argentina tiene recursos naturales; ciudadanos y ciudadanas formadas; una rica historia en materia de instituciones laborales y de la seguridad social; tiene nuevas oportunidades y desafíos que emprender; y debe superar las viejas y nuevas desigualdades y las dicotomías políticas para fortalecerse como nación soberana e integrarse con vocación y decisión en la patria grande latinoamericana. Es convicción y es necesidad, el presente lo demanda, el futuro lo espera y los países hermanos lo necesitan
19 de agosto de 2022
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