No es la primera vez que abogados, funcionarios públicos y empresarios vinculados con el poder de turno consiguen en forma meteórica un contrato, un permiso de ocupación o un comprobante de obligaciones cumplidas. Trámites interminables y cuando no imposibles de gestionar por parte de quienes trabajan la tierra.
Hace unas semanas atrás, durante el temporal que azotó al norte neuquino, Ciríaco Valdez compartió en las redes sociales un video que mostraba a su madre, María Ermelina Valdez y a su hermano, José Robinson Valdez, en el paraje Buraleo, Puesto El Pino, un lugar de veranada que para llegar desde la invernada hay que hacer un recorrido a caballo de más de dos horas.
Se los veía en medio de la nieve, con sus perros y pavos, en una inmensa geografía blanca donde el negocio más cercano se encuentra a varios kilómetros del lugar.
A esta familia criancera del norte neuquino, que hace más de 20 años vive en el paraje La Buitrera, el juez civil Carlos Choco le libró una orden de desalojo a partir de una acción reivindicatoria presentada por Baldemar Sepúlveda, a través de su letrado, Alfredo Urrutia. Orden de desalojo de la que doña Ermelina, una mujer de 90 años con problemas de salud, nunca se enteró. No porque cuando le hicieron conocer la resolución no estaba en su domicilio, sino porque nunca fue notificada.
El funcionario de Chos Malal que decretó esta medida es el mismo que a fines de 2018 fue suspendido en el cargo por mal desempeño en la investigación que se llevó a cabo para esclarecer el doble femicidio de Las Ovejas, un luctuoso hecho que se cobró la vida de Valentina y Carina Apablaza.
29/07/2016
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