Si algo caracteriza a los movimientos sociales surgidos en la bisagra de pase de siglo, es la territorialización de los mismos. Es decir, su arraigo en espacios físicos recuperados a través de largos conflictos. La lucha de los Sin Tierra en Brasil o la colonización de la selva de Lacandona por los indígenas chiapanecos, dan muestra de ello

Fue la respuesta de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, escribió Raúl Zibechi.

En Argentina la ley 26160 (2006) declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Por esta normativa, además, se suspendían los desalojos y se ordenaba un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas.

El plazo previsto para terminar el relevamiento era de tres años. Sin embargo, en 15 años solo se llegó a menos de la mitad. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el país hay aproximadamente 1760 comunidades indígenas, de las cuales 1015 (57,6%) no cuentan con el relevamiento territorial concluido.

El 23 de noviembre próximo vence la tercera prórroga de la Ley. De no llevarse a cabo la situación se agravará por dos motivos, según el CELS: las comunidades no contarán con una garantía legal que prohíba expulsarlas de sus territorios y tendrán mayores obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho a la propiedad indígena.

¿Cabe alguna duda de los motivos en la demora en la aplicación de la ley y en la reticencia a prorrogarla? ¿Alguna sospecha sobre la cruzada anti indígena de los últimos años?

Neuquén, el 18 de octubre pasado, celebró la firma del acuerdo con el INAI para dicho relevamiento; aun así, la disputa territorial con las comunidades en la provincia sigue abierta, en especial con la comunidad de Kaxipayiñ en Marimenucoy Fvta Xayen en el sector de Añelo, Vaca Muerta.

Esta última en el 2017 había sido desalojada por efectivos de la policía provincial bajo la acusación de haber encontrado drogas en el lugar. La prensa hegemónica y la local que la sigue, le dio cobertura con la versión de la RAM y al maputerrorismo.

Los sucesos rionegrinos actuales que involucran acciones violentas, por las cuales el gobierno provincial y los sectores propietarios condenan al pueblo mapuche, expresan similar tragedia.

"Los incendios sin investigación, y sin un resultado serio que confirme la autoría de esos atentados, son endilgados a la comunidad Mapuche", denunció Orlando Carriqueo, Werken del pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, y agregó "que se use la palabra Terrorismo, implica caminar hacia el Terrorismo de Estado".

La criminalización del pueblo mapuche -tanto del lado argentino como del chileno- fue haciéndose más intensa en concordancia con el proceso de afirmación de su identidad y revalorización de su cultura.

A la represión clásica se le ha sumado la llamada soft-repression, que consiste en seguimientos, controles reiterados de identidad, allanamientos, detenciones arbitrarias, intervenciones de teléfono o de correo electrónico, censura o estigmatización. Es decir, un conjunto de situaciones más cotidianas difícilmente denunciables. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y el montaje armado luego fue un claro ejemplo de ello.

La vieja estrategia tutelar-paternalista con la que detrás de las políticas de asimilación se ocultaron verdaderas prácticas humillantes y empobrecedoras de los pueblos originarios, se presenta ahora una ‘interculturalidad selectiva’ que excluye la posibilidad de abordar asuntos políticos o territoriales en forma conjunta.

Así se ha venido construyendo una representación del ‘indio permitido’ y del ‘indio terrorista’; éste último es quien no se aviene a la lógica pacificadora del ‘etno desarrollo’ propuesto por organismos y/o consultoras internacionales.

Sin dudas todos los conflictos abiertos con el pueblo mapuche están cruzados por la cuestión territorial.Mientras en Chile Piñera militariza la región de Biobío, Malleco y Cautín declarando el estado de sitio, en Argentina se reclama una medida similar para combatir supuestas acciones de una organización (RAM) que nadie conoce más allá de anónimos y panfletos.

En estos últimos años la conexión entre políticas públicas, criminalización y permanencia de imaginarios coloniales es potente en términos comunicacionales y muy difícil de desarmar. Por eso esto, recién empieza.