“Este país cuando marchó, marchó con las botas puestas”, dijo la profesora en el aula frente a sus alumnas de 15 años. Estas palabras no escandalizaron ni dentro ni fuera de la escuela. Corría el año 1978

Recién iniciada la democracia, en 1986 parte de la oposición católica, conservadora y cuasi falangista, acusaba al gobierno de Raúl Alfonsín por promover la ley de divorcio vincular. Adjudicaba ello a “la infiltración marxista-leninista que sufrimos en la educación y el acercamiento peligroso al enemigo ateo y totalitario de la Unión Soviética.”

Difícil saber en qué momento pudo suceder esta cooptación comunista, a tan solo tres años de haber caído la dictadura terrorista sostenida incluso por el episcopado argentino.

Un argumento similar es el que acaba de dar la presidente del Pro, Patricia Bullrich, al referirse a los comentarios de una docente en el aula respecto al gobierno de Mauricio Macri y advirtió sobre el ‘adoctrinamiento’ de larga data que se viene dando en las escuelas y en las universidades

Quizás por esto, en el año 2017, se instó a los directivos de las escuelas a denunciar a los docentes –ante un 0800 del ministerio de Educación de CABA- que hablaran en sus clases sobre la desaparición de Santiago Maldonado ocurrida el 1 de agosto de ese año, cuando Bullrich precisamente era ministra de seguridad.

Paradójicamente,un año después, los mismos estudiantes que debían ser protegidos del ‘adoctrinamiento’ eran estigmatizados y condenados por resistirse a una reforma educativa -impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- que les licuaba el 5to. año y los mandaba a hacer pasantías y a recibir contenidos de “emprendedurismo”. Asignándoles ya un determinado destino.

En las aulas se habla de política y ésta no es una anomalía de época; siempre fue así. Lo que tal vez hoy se presente con mayor claridad es la desmitificación de la cultura hegemónica y el involucramiento de la escuela en la disputa por la lectura del presente.

¿Por qué hablar de política en la escuela? porque en una sociedad democrática formar ciudadanas y ciudadanos críticos y autónomos es una obligación.

Los derechos humanos, la política como lectura social de la realidad, la ética son debates que construyen esa ciudadanía; al punto que fueron incorporados como contenidos obligatorios de la currícula oficial y en los principios de la Ley Nacional de Educación (N° 26206)

Con la apertura democrática la aspiración fue entender la educación como derecho social y con ello la exigencia al Estado de garantizarla. Según Adriana Puiggrós, la lucha por la educación pública, democrática y popular fue asumida como una necesidad para comenzar a desarmar los mecanismos de exclusión vigentes.

A comienzos del siglo XX, la educación y la asistencia social se preguntaron por ¿qué hacer con los hijos de los pobres?; a comienzos del siguiente siglo, la pregunta debería ser ¿qué hacer con todos aquellos sectores poblacionales que el orden global considera prescindente?

Ante esto, la intervención educativa es un acto político. Sea en el carácter emancipatorio con que Paulo Freire la definió, en la imposibilidad de concebir el texto aislado del contexto cultural; o sea como la piensa Violeta Núñez en la metáfora del antidestino.

La apuesta a una educación antidestino es precisamente cuestionar ese no lugar que se les asigna a niños, niñas y adolescentes por provenir de hogares y lugares ya cancelados, sin posibilidades futuras.

Este cuestionamiento no puede pensarse sin un posicionamiento político de quien educa. La neutralidad política es un mito o una falsa autopercepción de quien cree ser ajeno a ella.

Un educador despolitizado no es más que un pasante del discurso y de los intereses de otro.

Habrá que ver la forma en que las opiniones se respeten. Habrá que pensar en límites y tolerancias, habrá que redefinir formas comunicacionales, en métodos para el debate; pero por sobre todas las cosas, habrá que evitar que la existencia de respuestas entierre la inquietud de formular nuevas preguntas