El Fondo Monetario Internacional posee un mecanismo de emisión de dinero de emergencia, llamado Derechos Especiales de Giro (DEG), que ha sido usado en periodos de crisis económica desde su creación después de la post segunda guerra mundial. La última vez que se hizo fue en 2009, como respuesta a la crisis financiera mundial, que se inició como crisis de las hipotecas y se extendió en la economía real afectando los mercados y las naciones, y supuso el rescate gigantesco de empresas, bancos y aseguradoras. En 2020, el mundo se acercaba a una nueva recesión, que fue acelerada y profundizada por la pandemia. Como consecuencia, los países en conjunto experimentaron la mayor caída de su producción en tiempos de paz del último siglo.

Los países ricos actuaron con velocidad y contundencia para proteger sus empresas, el ingreso de su población, y los empleos. Para ello, acudieron a abundantes fuentes de financiación con préstamos y emisión monetaria, canalizados por medio del gasto público. Los Estados pasaron a protagonizar la lucha sanitaria y definieron mayores intervenciones en la economía al tiempo que impusieron controles a la circulación de la población y asumieron campañas de vacunación. Pero América Latina no cuenta con tanta suerte en materia de financiamiento, y Argentina arrastra una pesada deuda externa junto con una deuda social evidenciada en los indicadores de pobreza, indigencia, informalidad laboral y desempleo. Estos indicadores son la contracara de la elusión y la evasión impositiva, así como de la fuga de divisas.

En las últimas dos décadas, la región latinoamericana ha visto profundizados los recurrentes déficit en su balanza de pagos, como consecuencia de una estructura productiva especializada en materias primas o productos de bajo grado de elaboración por lo cual sus exportaciones no recogen los suficientes recursos para financiar sus importaciones. Y ha sido afectada por las consecuencias de la financiarización extendida en la economía global. Como consecuencia, no se obtienen los recursos necesarios para desarrollar proyectos de innovación tecnológica en sectores avanzados y mejorar la productividad y competitividad del aparato empresarial, ni para financiar las necesidades básicas de la población. Por el contrario, se genera una espiral en el que toca destinar recursos del Estado para compensar el faltante, provocando continuos déficits de cuenta corriente y fiscales; y suelen ser acompañados por caídas de la producción y el empleo, empeorando la distribución primaria del ingreso nacional y la secundaria resultante de la obra pública, los servicios que presta el Estado y la política tributaria.

Las fuentes de financiación de la región son escasas, de corto plazo y costosas. La intervención del Fondo Monetario Internacional solo promueve más políticas de austeridad, y muchos países se ven obligados a endeudarse con instituciones y a través de mecanismos que no ofrecen préstamos en condiciones favorables, como sí ocurre en los países ricos. Al mismo tiempo el sistema impositivo es claramente regresivo.

Frente a este panorama y ante la incertidumbre del acceso a las vacunas, producto de la mercantilización que han generado los laboratorios concentrados en el mundo, y la lucha por las patentes, los países del G20 y movimientos sociales a nivel global demandan una nueva emisión de DEG. En las recientes reuniones del FMI se avanzó en la posibilidad de configurar una emisión por USD 650.000 millones, de los cuales USD 51.500 millones llegarían a América Latina.

Estos recursos que pueden cooperar a estimular la recuperación de las economías, constituyen una emisión nueva de dinero, que no son préstamos y no son reembolsables. El costo es significativamente inferior al de un crédito regular y servirían como recursos frescos para mitigar la crisis económica y social. No obstante, se necesita una mayor incidencia por parte de los movimientos sociales para que estos recursos no se queden en reservas internacionales, sino que puedan ser sumados a los presupuestos de los países para atender sus necesidades más urgentes en materia de políticas sociales y de empleo.

De la misma forma, se requiere que los países ricos cedan al resto sus recursos, puesto que se ha estimado que reducir la pobreza y la desigualdad causada o profundizada por la crisis, costaría mucho más que lo contemplado. Por ello, se ha propuesto una emisión de USD 3 billones, para evitar otra década perdida en la región que obligue a acudir a préstamos no concesionales que deterioren aún más las finanzas públicas.

Desde ámbitos académicos y políticos de América Latina y Argentina y desde el grupo de países del G20 se promueve la emisión de los DEG, que se establezca un monto mayor y que los países ricos trasladen estos recursos al resto, como también se pide la liberación de patentes de las vacunas contra la COVID 19, en tanto los laboratorios que las fabrican han contado con innumerables fondos públicos que han financiado las investigaciones y desarrollos que les dieron origen.

Corresponde seguir trabajando con movimientos de la región, y a nivel global, para proponer alternativas de financiación para la recuperación de las economías que tengan como aspecto fundamental la atención social, más que las exigencias de los organismos multilaterales y agencias de calificación. Ellos son corresponsables del estrangulamiento fiscal y social que ha provocado el irresponsable endeudamiento asociado a la fuga de capitales, como en la Argentina mostró la gestión de Cambiemos. No generó inversión productiva, empleo, desarrollo, ni mejora de los recursos fiscales y las capacidades estatales, sólo aumentó las rentas financieras, la fuga de divisas, la miseria, el malestar social y la destrucción del aparato productivo.

Investigar a los deudores seriales, a los fugadores y a los evasores es nuestro compromiso desde el Congreso y desde el gobierno nacional, hayan sido funcionarios o agentes privados. Investigación, Transparencia, Justicia y Castigo a los especuladores cambiarios y financieros.

La recuperación económica y el bienestar de los y las argentinas requiere juzgar a los responsables y culpables del vaciamiento nacional y contar con un financiamiento internacional en condiciones sustentables que permita garantizar los recursos necesarios para concretar las obras de infraestructura económica y social demoradas y abandonadas en los últimos años y estimular el desarrollo científico y tecnológico, la producción y el empleo. Demanda también convenios para la puesta en marcha de iniciativas productivas.

Estado Presente y empresas nacionales juntos en la Argentina Unida. Inversión con criterio federal y Equidad Social. Invertir en producir vacunas es salvar vidas, ahorrar divisas y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas con que cuenta el país.