El individualismo está cada vez más presente como clave para el éxito en las sociedades contemporáneas; es un síntoma de la crisis de solidaridad. La desigualdad deja de asumir un carácter abstracto y se convierte en una elección racional de los grupos que controlan y ejercen los poderes a distintas escalas y deciden en múltiples esferas de la economía, y de la vida cotidiana. A partir de ello se encarna en la sociedad y en su expresión espacial -la ciudad- una violencia estructural que pone en cuestión el derecho a habitar para un número creciente de ciudadanos y ciudadanas, excluidos de una vida digna. 

Hoy son más de 4.000 hogares en situación de vulnerabilidad que habitan la ciudad de Cipolletti, que puede caracterizarse como ciudad dual con segregación y fragmentación socio territorial, en la que los poderes públicos no logran o no buscan modificar la inequidad derivada de la desregulación del mercado de suelo urbano, y la especulación inmobiliaria ligada a la reserva de tierras en áreas de expansión. Asociado a ello la irregularidad en el asentamiento de miles de familias en los márgenes de la ciudad los transforma en prisioneros de la carencia de los servicios básicos. Ello por cuanto la lógica mercantil y empresaria se impone y define no instalar la energía, el gas, las cloacas o extender el pavimento si antes no se regulariza la situación de la tierra, cuestión que compete a las autoridades locales y provinciales y recorre kilómetros de despachos, insumiendo años y años de laberintos burocráticos. Mientras ello se gestiona, se negocia y se resuelve, los pobres e indigentes esperan. Su tiempo vale menos, su dignidad no cotiza en la Bolsa ni en despachos bancarios, ni en las altas esferas, y su existencia queda subordinada a la elección racional de quienes tienen el poder público o privado. De este modo se convive con la violencia del silencio, de la respuesta tardía, y en algunos casos con la muerte en la inmediatez de un incendio o en la larga espera de una ambulancia, un medicamento o un diagnóstico médico. 

Ello se cruza con el frío o la lluvia en el largo y esforzado caminar para salir de Balsa Las Perlas o para llegar al centro desde los barrios periféricos de la ciudad. No hay religión que lo justifique ni lo perdone, y no hay norma ni excusa que sirva, ni fundamento válido para ignorar la demanda social, la penuria de los pobres que no paran de llegar, y para resignarse a una democracia débil. 

Existen los medios técnicos, la dotación de profesionales diversos; existen la información, los jueces, los espacios políticos, las organizaciones sociales, las cooperativas. Todos y todas pueden cooperar en fijar prioridades, y pueden participar activamente en la búsqueda de soluciones si aspiramos a una ciudad para todos y todas, en la que el Estado no reproduzca desigualdad material y simbólica, no excluya por etnia, edad, o color de piel, y en la que no sea el mercado el asignador de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El agua potable y los medios para contar con calefacción, la energía, el tendido de cloacas, la limpieza urbana, la iluminación barrial, el mantenimiento de calles, la circulación y el transporte, la recolección de residuos y la seguridad, la salud y la educación, los centros comunitarios de usos múltiples y adecuados espacios públicos de recreación para los niños son prioridad y deben estar al alcance de todos y todas. Si ello no se garantiza se naturaliza la desigualdad estructural y la violencia integral que ella multiplica.

Se impone la solidaridad en tiempos de pandemia, y la responsabilidad social y política frente a la incertidumbre y al impacto económico y humano que la misma entraña. La solidaridad consiste en compartir lo cotidiano, los medios, las alegrías, los temores y las preocupaciones que afectan al colectivo y a la sociedad, y buscar cohesión social para gestionar contratos, edificar instituciones y construir un destino común. Para reducir las desigualdades estructurales que agrava y profundiza la pandemia ello requiere accionar cuatro mecanismos que ha identificado Dubet en sus estudios sobre la desigualdad, a saber: la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los y las otras, la construcción de capacidades, y la activación  del capital social. A ello Piketty le agrega modificar las rígidas estructuras patrimoniales cada vez más desiguales, y entre ellas está la tierra, el suelo urbano, la vivienda desocupada, o las áreas sin mensura que demandan planificación territorial y ordenamiento de uso. Ello demanda asimismo reformar los regímenes tributarios, y los mecanismos distributivos del ingreso y el gasto público. 

La justicia debe estar en el centro de las instituciones. Debe servir de canalizador para que todas las personas desarrollen su potencial y obtengan, en consecuencia, un mejor nivel de vida. Para que ello sea posible –sin embargo- se requiere de una precondición adicional que sería la obligada presencia de una convicción y una política de la fraternidad. La política de la fraternidad requiere no solo considerar la transformación de las dimensiones económicas y políticas del sistema social que producen y reproducen la desigualdad, y que atraviesan además las dimensiones simbólicas. Alcanzar una política de la fraternidad demanda el desarrollo de una ciudadanía plural e incluyente, capaz de reconocer las diferencias. Por ello los barrios asentados en los márgenes de la ciudad y con dificultades graves para el acceso pleno a los servicios y los derechos demandan ser reconocidos, contar con la infraestructura de obras y servicios básicos para tener una existencia digna y que se respete su derecho a la ciudad y a la participación. El Gobierno Nacional está afectando recursos extraordinarios para garantizar ingresos y salarios, mientras negocia la restructuración de la deuda heredada. La situación inédita que se enfrenta requiere ágiles formas de actuar y resolver. Y demanda urgentes soluciones convocando a un trabajo concertado de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad para encarar un plan de acción que recupere la producción y el trabajo, el comercio y los servicios, y que al mismo tiempo reconozca el derecho a la ciudad de toda la población, cualquiera sea su condición social, y lugar de residencia. Salir de la pandemia y reconstruir el tejido social y económico dañado requiere más democracia, más diálogo, ayuda mutua, solidaridad, y el cuidado de la vida como premisa básica.