En el proceso de diseño, planificación e implementación de una política pública que busque influir sobre determinado problema social, las perspectivas de los actores involucrados son fundamentales en cuanto a definir el tema en cuestión, y en función de ello establecer las medidas a llevar adelante. No se trata de una decisión meramente técnica. La voluntad política es inescindible de ese aspecto. Las relaciones sociales se ven atravesadas por conflictos de intereses, en mayor medida cuanta más desigualdad contiene una sociedad. En ese sentido, la política pública no está exenta de afectar intereses concretos cuando se trata de solucionar problemáticas enraizadas en profundas estructuras desigualitarias. 

Más allá del planteo teórico y de las condiciones concretas en las que se desarrolla, el Estado necesita de recursos monetarios para poder implementar la política pública. Recursos que van a estar condicionados por la estructura tributaria del país y el nivel de la actividad económica. Al mismo tiempo son fundamentales las capacidades de las agencias del Estado para recaudar y hacer cumplir las normativas, una eficiencia imprescindible, como así también la inteligencia práctica en términos de combinación del saber técnico, la voluntad política y la experiencia de los funcionarios que encabezan dichas agencias.

Según el economista Claudio Scaletta, puede plantearse a la estructura de recaudación como un reflejo de las relaciones de poder entre las clases y grupos sociales. En ese sentido, funciona como un mecanismo de redistribución del ingreso que establece sobre quiénes recae en mayor medida sostener el Estado. Los principales componentes de recaudación de la estructura tributaria de Argentina, excluyendo a las contribuciones a la seguridad social, son el IVA y el impuesto a las Ganancias. Pero el IVA, que es un impuesto regresivo ya que afecta en mayor proporción a los ingresos de los sectores de menores recursos, recauda más que Ganancias y Bienes Personales juntos, según datos publicados por AFIP del mes de abril.

Los poderes económicos tienen en general mayor peso para definir las prioridades de la agenda pública en la que los medios concentrados de comunicación canalizan sus intereses, crean sentido, inclusive deformando u ocultando aspectos de la realidad. Así influyen en la agenda institucional del Estado. En el contexto de la pandemia global, en Argentina se ha comenzado a debatir acerca de un impuesto a las grandes fortunas o patrimonios personales como medida excepcional, impulsada por el Frente de Todos para afrontar la crisis, dado que la actividad económica casi paralizada no permite recaudar.

Según la Constitución Nacional, la cámara legislativa de origen para debatir proyectos en materia tributaria es la de diputados, pero en este marco excepcional estaba en duda la posibilidad que el Congreso pueda sesionar. Sin embargo, el impedimento de la presencia física de los legisladores ha logrado superarse apelando a la presencia virtual mediante las tecnologías de comunicación, sin dejar de cumplir con criterios de seguridad.

Las posibilidades de generar un sistema impositivo más progresivo según nivel de ingreso y capacidad contributiva van a estar dadas entonces por la composición del Congreso, que a su vez es expresión del voto popular, y de la capacidad de influencia de los grandes poderes económicos para imponer a sus representantes. De esta forma, cabe plantearse por ejemplo cuántos diputados o senadores existen de extracción gremial o popular. Por otro lado, la composición de la Cámara de Diputados, en relación al Senado que es más conservador, suele ser más expresiva de las demandas de la sociedad como se ha observado en muchas ocasiones de relevancia, como con la denominada “125” que establecía las retenciones móviles o recientemente la negativa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

En ese contexto se espera el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas. Según Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el proyecto establece que “el impuesto a la riqueza es a partir de 200 millones de pesos con una alícuota de entre el 2 y 4% escalando en tramos". Es definido como un “aporte”, en principio por única vez con un “destino federal y para los sectores vulnerables”.

Al margen de la posibilidad de sanción de la medida redistributiva de carácter excepcional que cuenta con antecedentes en los países desarrollados, queda pendiente para la democracia una reforma integral que deje atrás la actual ley de entidades financieras heredada de la dictadura y Martínez de Hoz. Dicha normativa fue parte del proceso integral de reestructuración del eje de acumulación y de las relaciones sociales que llevó adelante la dictadura cívico militar. En estos días se puede observar que más allá de los anuncios del Banco Central, el comportamiento del poder financiero perjudica a la economía nacional en cuanto al destino de los depósitos de la gente y las empresas posibilitado por dicha normativa.

Para que una sociedad no tenga niveles extremos de desigualdad va a requerir entonces del diseño e implementación de políticas públicas redistributivas. Y para ello es necesario que el Estado cuente con recursos, más aún en la actual situación en la que las políticas de impulso a la demanda que podrían reactivar el mercado interno se tornan de difícil aplicación en el marco de las restricciones por la pandemia. La situación crítica de la economía impacta muy fuerte en las arcas públicas, sumado a la pesada herencia de la deuda externa. Las posibilidades concretas de reformas tributarias van a depender de generar los consensos, al mismo tiempo que los medios seguirán machacando con el discurso antipolítico que establece que lo que recauda el Estado se lo roban los funcionarios, o en el mejor de los casos, va a parar a un Estado ineficiente. 

Poder de agenda, conflictos de intereses, valores y prejuicios enraizados en un sentido común construido en nuestra historia reciente sobre la base de hechos reales, son algunos de los condicionantes a los que se enfrenta cualquier proyecto que busque cambios profundos en pos de lograr altos niveles de desarrollo y bienestar. Estos factores actúan en una coyuntura condicionada por la pandemia, a la que suele compararse con los efectos de una guerra. Resta por ver si ese factor coyuntural puede potenciar las posibilidades de los mencionados cambios.