Esta semana se supo que en el segundo trimestre del año la desocupación trepó a 9,3%, más de tres puntos por encima de la que dejó el gobierno anterior. En algunos conglomerados urbanos como Rosario, Córdoba y Mar del Plata, superó el 11% y en ciertos partidos del Conurbano, el 12%. Las cifras alarman: 1.165.000 personas desempleadas. En materia de ocupación, el país descendió a niveles del 2006 o el 2007, retrocedió 10 años.

Según el Indec, en junio pasado el nivel de actividad económica cayó un 4,3% respecto del mismo mes del año pasado producto de brusco descenso de la inversión y la caída del consumo. Uno de los sectores más afectados por esta retracción de la actividad productiva y la timba financiera fue la construcción, cuya caída potenció, a su vez, el desinfle de toda la economía.

La inflación, según reconoce ahora el propio gobierno nacional está arriba del 40% anual y para la mayoría de las consultoras, por encima del 45%.

En Neuquén, la actividad hidrocarburífera está severamente afectada, más del 50% de los equipos que estaban trabajando el año pasado -la cantidad en funcionamiento es un índice de la actividad- han sido “bajados”.

En Río Negro, la actividad frutícola está en uno de sus momentos más críticos. Los productores que fueron a repartir peras y manzanas a la Plaza de Mayo en un intento de dar a conocer la crisis que los afecta, se volvieron sorprendidos por la cantidad de gente que hizo cola para llevarse apenas dos frutas. Para colmo de males, el presidente que mayoritariamente votaron y en quien depositaban sus expectativas ni siquiera los recibió.

En poco más de ocho meses la Argentina se precipitó a una crisis impensada hace un año atrás y de una magnitud sólo comparable a la del 2002.

Sin embargo, el crítico panorama no es producto de ninguna catástrofe natural, ni resultado de una supuesta herencia -en la que ya pocos creen o se ven necesitados de creer para acallar su mala conciencia por haber votado al Pro-, es producto de la acción deliberada del gobierno.

Hay que decirlo: en medio de esta destrucción, el gobierno está concretando sus verdaderos objetivos: bajar los salarios para aumentar los márgenes de ganancia de los sectores concentrados de la economía y quebrar la voluntad de lucha de los trabajadores que, se sabe de sobra, con ocupación plena pujan por el salario y con alta desocupación se limitan a defender el empleo.

Junto con los sueldos de los asalariados, el gobierno de Cambiemos le bajó el haber a los jubilados, que vuelven a ser campo de maniobra de políticas y planes económicos inescrupulosos, como lo muestra la ley que autoriza a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, primer paso para la vuelta al jugoso negocio de las jubilaciones privadas.

Paralelamente a la escalada del gobierno, el cartel mediático judicial que lo sostiene distrae la atención de los graves problemas que padecen los argentinos con un aluvión de denuncias, en su gran mayoría totalmente infundadas, contra figuras del gobierno anterior, principalmente contra la ex presidenta Cristina Fernández. Es lo que llaman “periodismo de guerra”, como reconoció ahora uno de sus cultores desde el diario “Clarín”.

En realidad más allá de la magnitud, inédita desde todo punto de vista, no hay nada nuevo bajo el sol. La misma campaña de difamación y mentira se orquestó con la revolución del ‘30 en contra de Yrigoyen y en el ’55, con la fusiladora, contra Perón. Tampoco es nueva la persecución del partido judicial contra un ex presidente.

Pero esta vez no hubo golpe de Estado. No, a pesar de los reiterados intentos destituyentes, como la 125 o la muerte de Nisman, que tuvieron en jaque el gobierno de Cristina, esta vez la derecha accedió al gobierno por los votos.

¿Es realmente así? ¿Fueron sólo los votos los que encumbraron el gobierno de Cambiemos?

Sin la enorme conspiración mediática, que horadó la conciencia de amplios sectores de la ciudadanía con su goteo de información falsa, ocultación y calumnia, ¿hubiera sido posible lo que ocurrió?

¿Se podría mantener un gobierno tan antipopular y antinacional, tan incompetente como este, sin la ayuda de ese enorme poder mediático?

La restauración conservadora tal vez no hubiera sido posible sin el concurso del arma mediática y tampoco hubiera prosperado sin una sucesión de falsas promesas, verdades a medias y grandes mentiras.

El presidente no dijo la verdad cuando era candidato y sigue sin decirla ahora. No es cierto que trabaje en procura de la “pobreza cero”, ni que venga a unir a los argentinos. Como tampoco era cierto que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores; que si pagábamos a los fondos Buitre iban a llover dólares; que devaluando y abriendo las importaciones íbamos a estar bien en el segundo semestre; que la inflación no iba a superar el 25% anual, o que no iban a haber despidos.

Más allá de los errores que comete a cada rato, hay cuestiones clave de la política nacional en las que el equipo gobernante no se  equivoca; cumple con su plan y predica con cara de cemento lo opuesto a lo que hace, a sabiendas de que está ahí para defender sus intereses económicos y su proyecto político para unos pocos.

Hay un enorme cinismo en la forma en que “comunica” este gobierno, a pesar o precisamente por los presuntos inocentes con cara de ángel, como el jefe de Gabinete Marcos Peña, o las figuras de supuesta “solvencia técnica” como el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, o las supuestas buenas intenciones del propio Mauricio Macri.

Como el cartel mediático que los sostiene, todos ellos dicen y repiten deliberadamente algo en lo que en realidad no creen.

Es preciso tomar debida conciencia de que la democracia argentina está amenazada. Ya no son los tanques o las botas, sino la maquinaria enorme de monopolios de la comunicación ligados al poder económico, los que terminan manejando los hilos de la política.

Monopolios que a su vez se referencian en las políticas económicas totalmente contrarias a los intereses de los pueblos latinoamericanos, que plantean las grandes potencias, en particular Estados Unidos.

El gobierno anterior creyó que este grave problema se solucionaba con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero fue una gran ingenuidad: aquello no era el punto de llegada sino apenas el de partida.

Después de la experiencia vivida en los últimos años, donde quedó expuesto el tremendo costo social y político del esmerilado mediático sobre las conciencias de los ciudadanos, todo aquel que defienda la democracia, debe preguntarse si es posible que se siga sosteniendo con estos medios de comunicación. Si la soberanía popular, como el bien más preciado arrebatado a la última dictadura, es compatible con semejante concentración de poder económico mediático.

El campo popular se debe una reflexión sobre los errores que llevaron a la derrota del año pasado. Pero no se puede equivocar respecto de lo que tiene enfrente.