"No hay forma de hablar de otra cosa, toda la agenda es del coronavirus”. Entre la queja y la resignación una fuente oficial confirmó a que el proyecto ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo deberá esperar. Tal vez hasta la semana que se inicia, pero esto dependerá de la evolución de la pandemia. 

La decisión comenzó a madurar el lunes. El martes era un hecho: el presidente Alberto Fernández se ponía al frente de los intentos para contener el virus, dejando a un costado todo lo demás. Las críticas que demolían al primer ministro italiano Giuseppe Conte por no tomar medidas drásticas ante el avance de la enfermedad terminaron de convencer a la Casa Rosada.   

El proyecto no irá al Congreso el viernes y es difícil que lo haga la semana que viene, explicaban en Balcarce 50. Es que el Ejecutivo no quiere que la decisión pase desapercibida. El gobierno siente que el aborto legal va a tener más apoyo en la calle que en el Congreso y quiere capitalizarlo.  

Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo último, Fernández había dicho que el proyecto de ley sería remitido al Parlamento “en 10 días”. Ese plazo venció el miércoles pasado, cuando la prioridad ya era otra. 

En tiempos de incertidumbre es difícil marcar temas de agenda que no sean los que concentran la atención de la opinión pública. Más aún cuando, como sucede con la legalización del aborto, conllevan debate y movilización ciudadana en momentos en que se busca restringir las actividades masivas. 

Puesta a punto

El tiempo que el proyecto siga en Balcarce 50 le servirá al oficialismo para continuar con la “puesta a punto” de la iniciativa. Es que en el gobierno quieren que la ley salga sí o sí. Fue una promesa de campaña y un mojón en el inicio de la gestión.

Aborto legal, reforma judicial y Consejo Económico y Social son los temas “institucionales” que el presidente marcó como prioridades en el Congreso. La ley que permite la interrupción del embarazo es la elegida para abrir la triada. En el oficialismo creen que son tres batallas que pueden marcarán el rumbo (junto con la renegociación de la deuda) y quieren darla una por vez.  

Para no convertir la esperanza en frustración en el entorno del presidente hacen cuentas sobre la suerte que puede correr la iniciativa en el Congreso. Estas, aún sin ser holgadas, son alentadoras en Diputados. La incógnita está en el Senado, donde la ley naufragó en 2018 y hoy genera las mayores dudas.

En este contexto resulta clave la letra final del proyecto, ya que puede definir voluntades en una votación que se presume cerrada. “Están trabajando Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica), Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujer, Géneros y Diversidad) y el presidente, nadie más”, dijo una fuente del Ministerio de la Mujer a , graficando lo que se juega. 

Trazo fino

El camino que elija el gobierno para lograr la aprobación de ley se conocerá cuando envié el proyecto. Ahí se verá cuán confiada está la Casa Rosada respecto a lo que suceda en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría pero divisiones en el bloque entre “verdes” y “celestes”. 

Según algunos conteos previos, hoy hay 33 senadores dispuestos a acompañar la iniciativa, 35 a rechazarla y 4 indefinidos. En estos también pensaron quienes redactaron la letra chica de la ley.

Si el proyecto busca despenalizar y no legalizar el aborto habrá más senadores dispuestos a acompañarlo, pero tendrá gusto a poco, a demasiado poco, en la “marea verde” que irrumpió hace dos años en la escena pública. Y también, obvio, en la valoración de la posición presidencial. 

Es que a diferencia de Mauricio Macri, Fernández no se limita a “habilitar el debate” desentendiéndose del resultado. Lo impulsa y apuesta por la aprobación. El rechazo o la sanción de una ley que se quede a mitad de camino sería una derrota para el oficialismo. Y un golpe para el presidente.

Definiciones

Así las cosas, el proyecto propondría legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, tal como exige la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este punto, que constituye el núcleo central de la iniciativa, parece no estar en discusión.  

El margen de duda está en lo que suceda con la objeción de conciencia: si será individual o institucional. Es decir, si se habilitará a que sean los médicos quienes por convicción se opongan a interrumpir un embarazo o puedan hacerlo también las instituciones donde trabajan. 

Esta última opción es rechazada por el colectivo de mujeres que impulsa la ley. Tampoco estaba contemplada en la norma aprobada en Diputados hace dos años. Quienes cuestionan esta posibilidad la ven como un atajo para maniatar la iniciativa. 

Se preguntan, básicamente, quién determinaría qué institución puede ser objetora. Temen que, más allá de las clínicas o centros de salud que pertenecen a un credo determinado, las autoridades de cualquier establecimiento privado puedan negar la práctica, por convicción o por presión.  

Una pista de lo que puede suceder la dio Vilma Ibarra, quien en una entrevista periodística dijo que “las instituciones de salud están para hacer cumplir las normas de la salud pública” y que se debe “garantizar que la prestación se realice en término oportuno y efectivo”. Resta saber si en este punto primará la convicción o los votos. 

Otro aspecto que se develará cuando se conozca el proyecto es si se incluye la interrupción de embarazo en el Plan Médico Obligatorio para que sea reconocida por las obras sociales y prepagas, tal como propone la campaña. 

También si la práctica debe realizarse dentro de los cinco días de solicitada, garantizando así un derecho pero también intentando saltear presiones sobre la mujer que decide abortar por parte de quienes se oponen a que esto ocurra.

Fuego cruzado 

Que el coronavirus deje de ocupar un lugar perentorio en la agenda pública para enviar el proyecto al Congreso no es la única preocupación del Ejecutivo. También lo es alcanzar una victoria rápida, que evite el desgaste y acote rispideces.

La Iglesia Católica ya empezó a movilizarse contra la iniciativa. El primer paso lo dio el 8 de marzo pasado, en el acto que encabezó frente a la Basílica de Lujan el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea. Este no sólo rechazó a la iniciativa sino que criticó directamente al presidente.

Y habrá más, ya que católicos y evangélicos, de peso creciente en el país y la región, tienen previsto realizar actividades conjuntas para rechazar la ley, dándole marco a la movilización “celeste” para influir en los legisladores, tanto a nivel nacional como en las provincias a través de los gobernadores.  

Pero el gobierno apuesta a que la pelea con la Iglesia Católica sea con daños controlados. La Casa Rosada considera al Papa Francisco como un aliado y no quiere ni necesita tenerlo en la vereda de enfrente. Salvo que sea imprescindible, y por el menor tiempo posible, como sucede ahora. 

Bergoglio jugó fuerte en el escenario internacional para empujar la necesidad de renegociar la deuda externa argentina, un respaldo que la propia Casa Rosada reconoció y que fue muy importante en el principio de acuerdo que hoy existe con el FMI.  

Un trámite rápido en el Congreso, con la ley aprobada en abril (si el coronavirus lo permite), es el escenario ideal para el gobierno, que también encuentra en el Vaticano a un aliado en la lucha contra el hambre y en los cuestionamientos al ideario neoliberal.

Mil días

Como parte de la estrategia de “control de daños” el gobierno enviaría junto a la legalización del aborto el proyecto de ley denominado “de los mil días”, para que se debata en simultáneo con este.

La propuesta establece un programa que garantiza la asistencia del Estado a mujeres pobres desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño en gestación. Se garantizaría así, al menos en las clases más bajas, que quien quiera continuar con el embarazo pueda hacerlo. 

La Casa Rosada intenta de este modo dar una respuesta a aquellos que  plantean el respeto a la vida “del niño por nacer” y a las mujeres que quieren tener a sus hijos pero no cuentan los recursos económicos para hacerlo. 

Ambas cuestiones, la vida desde la concepción y la pobreza, forman parte además del discurso permanente (e histórico) de la Iglesia Católica, quien en reiteradas oportunidades denunció al aborto como una práctica contra los sectores populares de los países periféricos.

Desde la lógica oficial la ley “de los mil días” busca también generar condiciones, en este caso económicas, para que la decisión de cada mujer sobre su cuerpo tenga la menor cantidad de condicionantes posibles. 

Todo a ganador

En el gobierno confían en que el impulso dado a la ley por el propio presidente  traccionará a favor de la iniciativa, tanto en la calle como en el Parlamento. A diferencia de lo ocurrido en 2018 –remarcan- Alberto no se desentiende del resultado y esto puede ser determinante en los senadores que en otro contexto votarían en contra. 

Aprobada la legalización del aborto, el oficialismo irá por la reforma judicial, donde también necesita un triunfo que además de tener efectos prácticos sea simbólico: muestre un país que va en otra dirección, que quiere otro rumbo. Cuando el coronavirus lo permita, claro. Y nos des un respiro a todos.