Con un video de dos minutos y el presidente Alberto Fernández como espada principal el gobierno avisó que dará la batalla por el Poder Judicial. O mejor dicho: que asume que la justicia se transformó en un escenario privilegiado de la disputa política en el que está dispuesto a intervenir.   

La Casa Rosada hizo público su diagnóstico, que también es una meta. Durante cuatro años de macrismo –dice en el video- se violó el Estado de Derecho a través de detenciones arbitrarias, designación de jueces por decreto, espionaje ilegal y extorsión a opositores, interferencia de los servicios de inteligencia, abuso de la figura del arrepentido y armado de causas y detenciones arbitrarias. Todo ello con soporte mediático.

El propio presidente salió a marcar la cancha. "Necesitamos una justicia que actúe contra el crimen organizado y los delitos de corrupción, en vez de perseguir a políticos”, dijo en una entrevista periodística. Y concluyó: “Queremos una Justicia Federal que se aboque a estos temas y se olvide de la política". 

Los jueces, que se jactan de “hablar por sus sentencias”, guardaron silencio. Pero el gobierno sabe que habrá respuesta. Y donde duela. Mientras tanto quien recogió el guante fue Juntos por el Cambio, con Lilita Carrió a la cabeza,  recreando el discurso “republicano” que mejor le sienta. 

La alianza entre el Pro, la UCR y la CC calificó la posición de la Casa Rosada como “un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por corrupción".

Esta posición es mucho más que coyuntural. “Durante el gobierno de Macri la política se tecnifica y busca, por un lado, un discurso empresarial respecto al manejo del Estado y por otro lado dirimir la batalla política en el ámbito judicial, esto es eliminar al adversario político en los tribunales”, asegura la polítóloga e investigadora del Conicet Silvina Romano a . 

“Con la judicialización de la política – explica Romano- se recortan las potencialidades de la democracia, ya que al darle predominio al Poder Judicial se recorta la representatividad y, por supuesto, la participación directa de la ciudadanía, dándole potestad a una élite como es el aparato judicial, que no se elige por voto popular”. 

Mover las piezas

Los aprestos del gobierno para dar una batalla que considera de fondo incluyen el anuncio de una reforma judicial, que será uno de los temas centrales del discurso con que Alberto Fernández inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo próximo. 

El proyecto que la ministra Marcela Losardo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, guardan bajo siete llaves irá en línea con lo que el gobierno expuso la semana pasada: el poder político no puede dejarse erosionar (ni extorsionar) por los tribunales.  

Consciente de que las reformas se hacen cuando se tiene fortaleza y sin darle respiro al contrincante, el gobierno desplegó distintas iniciativas que afectan a la magistratura en general, asumiendo los riesgos del caso: abroquelar a todos los jueces, trascendiendo fueros, instancias y jurisdicciones.  

En la cima de temas incómodos para la corporación judicial aparece el proyecto para modificar el régimen jubilatorio de los jueces, que el oficialismo intentará aprobar en la Cámara de Diputados la semana próxima.

Como efecto colateral de esta medida aparece la renuncia a sus cargos de jueces y fiscales (por ahora serían una treintena) para no perder los beneficios del viejo sistema, algo que va en el sentido de la renovación que se busca desde Balcarce 50.

También genera escozor el pedido de intervención de la Justicia jujeña realizado por el senador peronista Guillermo Snopek, después de  denunciar que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Pablo Baca, amenazó con denunciarlo por sus dichos en el Parlamento sobre el Poder Judicial local.

Baca pidió licencia luego de que se hiciera público un audio donde reconoce que la dirigente social Milagro Sala no está detenida por haber cometido delitos sino porque así lo necesita el gobierno que encabeza el radical Gerardo Morales. Algo así como lawfare explícito. 

“La utilización política del Poder Judicial – destaca Romano- edulcora la democracia y hace que esta se reduzca al procedimiento, como una competencia entre sectores que se presentan a elecciones donde lo importante es el procedimiento, sin importar la sustancia”. 

A desjudicializar

La judicialización de la política que el gobierno parece decidido a combatir se convirtió en una práctica cada vez más asidua desde años ‘90, acompañando las reformas de segunda generación impulsadas por el Banco Mundial  y el FMI a partir del Consenso de Washington. 

Dichas reformas buscaban acompañar la estructura económica neoliberal con una superestructura institucional que la legalice y legitime. Para esto es necesario un Poder Judicial que la sociedad perciba como técnico, apolítico y productor de verdad. Un poder inmutable al riesgo que para el mercado supone los cambios de la política.  

“El Poder Judicial como campo de batalla político adquirió mucho protagonismo en 2015 con la causa Nisman, donde la oposición al kirchnerismo ve al aparato judicial como un espacio que le podía dar cierta legalidad y legitimidad en un año electoral”, analiza Romano, compiladora de “Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina”.

Para la investigadora “el aparato judicial tiene un lenguaje técnico, se presenta en general como apolítico, con un halo de legalidad y no politizado, no corrupto, no ‘sucio’, lo que sumado a los medios de comunicación, por ejemplo, acusaron a al ex presidenta Cristina Fernández de autora intelectual e incluso material de la muerte del ex fiscal”.

Así, la entonces oposición “fue midiendo cómo una batalla política podía dirigirse hacia lo judicial y ganar a la opinión pública”, revela Romano. “La causa Nisman – concluye- demostró que se podía penetrar fuertemente en el sentido común poniendo a la Justicia por encima de lo político”.

De la Patria Grande a la Cárcel Grande

La utilización de la Justicia para esmerilar gobiernos, legitimada y amplificada por las grandes empresas periodísticas, es un fenómeno que se extendió por la región, resultando funcional a la restauración conservadora que vivió América Latina, analiza Romano, quien también es coordinadora del Área de Geopolítica de Celag.  

“En Brasil es claro como la causa del Lava Jato, en nombre del combate de la corrupción, anula los derechos civiles y políticos más importantes de un Estado de Derecho, y donde todo se hace invocando un estado de excepción para salvar, paradójicamente, la democracia, algo muy parecido a lo que ocurrió durante las dictaduras cívico-militares”, agrega. 

Para la analista “no se trata de la lucha contra la corrupción como algo desinteresado sino que hay intereses brutales en juego, como fue apoderarse del Presal y las reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur junto a las de Malvinas después del derrocamiento de Dilma Roussef, que eran reservas monopolizadas por Petrobras y dos meses después de su destitución se abrieron licitaciones para empresas trasnacionales”.

Según la experta esto también se verifica en Ecuador, Venezuela y Bolivia. “En el Ecuador de Lenin Moreno hay una persecusión política virulenta, con allanamientos, prisiones preventivas, sin ningún respeto por el debido proceso ni con alguien que controle eso, estamos hablando de que no hay ley”.

“Estamos viviendo la guerra contrainsurgente por otros medios. Insurgencia hoy es cualquier movimiento, sector o líder que intente llevar a la práctica una alternativa a la vía neoliberal”, abunda Romano.

“Todo esto tiene una fachada de legalidad –explica- porque es en el marco de los tribunales donde se está enjuiciamiento a las alternativas al neoliberalismo, lo que genera la idea de que se está haciendo lo correcto para salvar al Estado de Derecho cuando en realidad se lo está destrozando”.

Una pelea de fondo

El miércoles próximo la conducción de Juntos por el Cambio se reunirá en Buenos Aires para analizar lo que caracteriza como un avance del gobierno sobre la independencia de los jueces “para garantizar la impunidad” de ex funcionarios y de la propia Cristina Kirchner. 

El principal partido de la oposición encontrará así un “nicho” desde el que posicionarse ante un gobierno que le representa su propio fracaso, algo que le reclaman sus votantes pero también los medios de comunicación que apuestan a debilitar al gobierno. 

Además, pondrá a prueba la voluntad política de Alberto Fernández de ir a fondo en un tema que es clave para determinar a qué tipo de democracia pueden aspirar los argentinos. 

“Al judicializar la política y dejar que los jueces o un sector minoritario de la población defina el destino político y económico de un país lo que se hace es recortar la democracia y su potencialidad emancipadora, junto con la promoción de hábitos antipolíticos”, advierte Romano. 

“Un sentido común –dice Romano- en el que son todos corruptos impulsa conductas antipolíticas, la privatización del ciudadano junto con la privatización del Estado. El mensaje es quedate en tu casa y no te metas en política porque si lo hacés sos potencialmente corrupto”.