La política energética de del gobierno de Mauricio Macri es la síntesis de un modelo de gestión que llegó para garantizar el negocio de grupos empresarios amigos a costillas de una población cada vez más empobrecida por la inflación desbocada, la caída del salario real y la pérdida de puestos de trabajo. Una fiesta vip para selectos invitados.

La semana pasada realizó la subasta de precios para el abastecimiento de gas a los usuarios residenciales, una medida que va en camino de la liberación total del mercado, y que según el gobierno, se traduciría en precios más bajos. 

Una vez más, los pronósticos oficiales fallaron y la compulsa mediante la cual las productoras ofrecieron suministro a las distribuidoras, cerró con un promedio de 4,53 dólares, cuando se esperaba que no superara la barrera de los 4 dólares.

De esta manera, es posible que el traslado a las tarifas que paguen los usuarios arroje subas superiores al 30% que tenía pensado aprobar el gobierno en las audiencias públicas que se realizarán el miércoles próximo. 

El error de diagnóstico obedeció a la poca confianza que genera la economía de Cambiemos y que hizo que las petroleras se cubrieran de una posible devaluación inflando los precios. Sucede que, si bien los contratos se pactan en dólares, tendrán un tipo de cambio congelado. De acuerdo al nuevo esquema contractual, cobrarán el gas con un dólar calculado sobre el promedio del Banco Nación entre el 1 y 15 de marzo, durante el período abril-septiembre, y al tipo de cambio vigente entre el 1 y el 15 de septiembre, entre octubre y marzo de 2020. 

Esa medida se tomó para evitar el desastre que provocó la devaluación de 2018 en el sector, cuando las distribuidoras acumularon una fuerte deuda con las productoras por tener los contratos dolarizados y no poder trasladar a los usuarios el impacto de la suba de la moneda estadounidense (pasó de 20 pesos a más de 40), ya que las tarifas son actualizadas semestralmente luego de la realización de las audiencias públicas y de la aprobación del Enargas. 

La nueva revisión que se llevará a cabo la semana próxima se hará en base a un gas en dólares más caro y a costos que deberán absorber la inflación del semestre pasado. Es decir, que se está a las puertas de un nuevo tarifazo. Según cálculos conservadores, los usuarios pagarán en el invierno un 80% más por el gas consumido con respecto a 2018. 

Por otro lado, el gobierno nacional avanza en la privatización de dos centrales eléctricas construidas durante la gestión de Cristina Fernández: Ensenada Barragán y Brigadier López. La primera quedó desierta y la segunda quedaría en manos amigas, para Central Puerto, compañía de la cual es accionista Nicolás Caputo, el hermano del alma del presidente. 

La privatización de las centrales está judicializada tras una denuncia de legisladores del Frente para La Victoria, que consideran que el gobierno intenta venderlas a precio vil, y que la operación tendrá un perjuicio para el Estado de 400 millones de dólares. La causa está en manos del juez Daniel Rafecas. 

Según la denuncia, la construcción de ambas usinas termoeléctricas costó alrededor de U$S 1.000 millones, y su precio de venta en las licitaciones fue establecido casi en la mitad. Además, el contrato con Iecsa (la constructora que el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, le vendió a Marcelo Mindlin) e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido en 2016 y el gobierno de Mauricio Macri las indemnizó con $ 1.600 millones.