La víspera de la reunión del G20 en Buenos Aires se encuentra marcada por un convulsionado clima para el sector de los negocios energéticos. El golpe de efecto lo dio el juez Claudio Bonadio, quien esta semana procesó a Paolo Rocca, un peso pesado del mundo empresarial, en el marco de la famosa causa de la fotocopia de los cuadernos que relatan el supuesto andamiaje de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

Bonadio, quien en un primer momento intentó hacer un recorte de su “investigación” que iba a dejar a Rocca a salvo, sorprendió al procesar al dueño del grupo Techint por asociación ilícita y cohecho.

El juez consideró que el empresario - por su rol en el holding- no podía desconocer el pago de coimas por parte de sus subalternos y subrayó que se autoincriminó durante un evento público organizado por la Asociación Empresaria Argentina en el que participó el presidente Mauricio Macri. 

En esa ocasión, Rocca dijo que no fue partícipe ni cómplice de la corrupción, pero reconoció que Luis Benatza y Héctor Zabaleta, dos de sus laderos en Techint, habían realizado un pago a funcionarios kirchneristas para destrabar el conflicto por la expropiación de la siderúrgica Sidor, en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. Ambos directivos figuran como “arrepentidos” en la causa.

Más allá del futuro de un proceso judicial poco transparente, el procesamiento de Rocca es un golpe fuerte al desarrollo de Vaca Muerta. Tecpetrol, la petrolera del grupo, llegó el mes pasado a producir 15 millones de metros cúbicos diarios de gas en Fortín de Piedra, la joya gasífera que hoy tiene el shale neuquino. En un año y medio la operadora invirtió más de 2.000 millones de dólares y pasó de adquirir un yacimiento sin actividad a producir el 20 % del gas de la provincia.

La medida de Bonadio impactó de lleno en la cotización de las empresas del grupo, y amenaza con complicar el acceso al financiamiento para el desarrollo de Tecpetrol en Vaca Muerta.

Ternium, la fábrica de acero, y Tenaris, la proveedora de caños sin costura, ratificaron a Rocca como presidente de ambas compañías y anunciaron su respaldo público.

En medio del escándalo, ayer el canciller Jorge Faurie junto con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los embajadores de Estados Unidos, Edward Prado, y de la Argentina, Fernando Oris de Roa, suscribieron una carta de intención en la que la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés) se comprometió a financiar proyectos de infraestructura en la Argentina.  

Se anunció que la administración de Donald Trump está dispuesta a aportar 350 millones de dólares para que Tecpetrol construya el Gasoducto Vaca Muerta – San Nicolás, que le permitirá enviar gas desde Fortín de Piedra hasta la provincia de Buenos Aires. La inversión global de la obra ronda los 1.200 millones de dólares.

Otro frente judicial serio que se abrió esta semana fue la denuncia penal de los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana contra Macri, el secretario de Energía Javier Iguacel y otros funcionarios del área por la decisión del gobierno de vender las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán a precios sensiblemente inferiores a los que requirió su construcción.

La decisión de la venta fue impulsada por Juan José Aranguren, durante su paso por Energía, lo cual le valió un serio enfrentamiento con los socios radicales de la alianza Cambiemos. 

Según la denuncia de los diputados, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, pero se puso a la venta a la mitad de ese valor. Los legisladores sospechan que la intención es favorecer a empresarios ligados al presidente.

Además involucran al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, que era dueño de Iecsa, una de las constructoras de las centrales junto con Isolux. El contrato de las obras fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno nacional le entregó a Iecsa (hoy en manos de Marcelo Mindlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización.

Por eso, los diputados denunciaron a los funcionarios nacionales por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho pasivo, tráfico de influencias, cohecho activo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.