La política energética del gobierno nacional es blanco de críticas no sólo desde la oposición sino desde sectores vinculados a propia alianza Cambiemos, e incluso de referentes de la industria energética que respaldaron la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Tal es el caso del famoso grupo de los 8 ex secretarios de Energía, la mayoría de ellos de dudoso éxito cuando les ha tocado honrar sus cargos en el Estado, y que fueron muy críticos de los gobiernos kirchneristas.

La cabeza visible de ese club es Jorge Lapeña, funcionario de Raúl Alfonsín y actual presidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, quien manifestó su “profunda preocupación algunas decisiones adoptadas en el último año que creemos que deberían ser reexaminadas por la administración”. 

Durante el cóctel por el 35º aniversario del Instituto, Lapeña aseguró que es incomprensible el anuncio del gobierno nacional de la paralización de las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) “dilapidando un enorme esfuerzo e inversión pública realizada por el Estado argentino”.

También consideró como “fuera de lógica” la idea de la cartera que conduce Javier Iguacel de interrumpir las compras de gas a Bolivia, país con el cual Argentina tiene un contrato con vencimiento en 2026. Según Lapeña, la decisión no es razonable cuando aún se importa el 25 por ciento de gas que se consume en el mercado local durante los meses de mayor demanda.

El ex secretario de Energía además señaló que el decreto ómnibus N° 882/17, que creó la empresa Ieasa y le transfirió una serie de obras como las represas de Santa Cruz y usinas de generación eléctrica, demostró no ser un instrumento ni eficiente ni eficaz para realizar una reorganización virtuosa del sector eléctrico.

El decreto habilitaba a Ieasa a vender paquetes accionarios del Estado en centrales eléctricas al sector privado. Entre los activos también se encuentra Transener, la compañía de transporte de energía más grande del país. Cuando Juan José Aranguren quiso vender la participaron estatal, se desató el cortocircuito con el radicalismo, y el presidente del IAE General Mosconi lideró la rebelión. Mediante un duro documento, aseguró que la media era irracional e ideológica. La venta se postergó para 2019, y se vislumbra como fabuloso negociado donde perderá el Estado.

Lapeña -junto al resto del Grupo de los 8- era por ese entonces consejero consultivo del ministerio de Energía, que conducía el ex directivo de Shell.

Incluso ahora, con Aranguren fuera del gobierno y los tarifazos impagables que aplicó durante su gestión, aseguró que ve con satisfacción “que se puso fin a los subsidios a la industria petrolera limitándolos en tiempo solo al shale gas y se abandonó el sendero de precios del gas natural; lo que prepara a nuestra industria petrolera para competir en el mundo con exportaciones que tienen que ser compatibles con los precios de cuenca similares a los que rigen en países con economía gasífera competitiva”. 

El rol en materia energética para el radicalismo parece ser el mismo que tiene reservado el macrismo para el centenario partido dentro del gobierno: un lugar testimonial y de legitimación política sin peso a la hora de la toma de decisiones. Desde hace unos meses Lapeña es el principal ejecutor del fuego amigo contra las polémicas decisiones de la administración Macri para el sector.