Tal como ocurrió con el sector gremial, los principales jugadores de la industria petrolera buscan ahora blindar a Vaca Muerta de los conflictos de índole social para evitar que las protestas perjudiquen las inversiones. 

Si bien se trata de un viejo reclamo de las compañías, que consideran que son blanco frecuente de manifestaciones que no tienen que ver con la actividad, como así también de las tensiones territoriales con comunidades mapuches, esta semana hubo un fuerte avance en el intento de obtener un trato especial por parte de la justicia.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, recibió en la Ciudad Judicial a Alejandro Díaz, CEO de AmCham (la cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), y Martín Kaindl, director de relaciones institucionales del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), quienes plantearon el interés de incorporar una nueva figura en el Código Penal que desaliente protestas que interrumpan la actividad hidrocarburífera, lo que se traduce en un “blindaje penal" para Vaca Muerta.

El IAPG es el organismo técnico integrado por las principales compañías petroleras que operan en el país, mientras que AmCham representa los intereses de las empresas norteamericanas.

La idea de las empresas es tipificar una nueva figura penal que sea más severa con quienes afecten a la actividad petrolera, por considerarla estratégica para el país. En definitiva, el objetivo es proteger los dólares que se invierten y sobre todo las ganancias. El sector ya logró que 16 gremios -sobre todo los petroleros- se comprometieran a evitar por todos los medios que sus demandas afecten a Vaca Muerta.

El intente de este blindaje penal logró inmediatamente el repudio de la Confederación Mapuche la cual aseguró que se busca criminalizar la protesta social e incrementar “la persecución y el hostigamiento”, y señaló que la justicia debería ser la última instancia para resolver los conflictos, porque la solución está en manos de la política. 

Mientras que el vicegobernador Rolando Figueroa, de franco enfrentamiento con el gobernador Omar Gutiérrez, aprovechó para meterse de lleno en la discusión y advirtió que “los inversores extranjeros ya tienen seguridad jurídica decidida soberanamente y no como consecuencia de los lobbies”. Señaló que la legislación vigente es suficiente para dirimir cualquier conflicto.

La relación con las comunidades originarias y las disputas territoriales es uno de los ejes centrales que se discute en la Mesa de Vaca Muerta a la cual están sentados actores que representan a las compañías de servicio, operadoras, sindicatos, funcionarios nacionales y provinciales, cámaras empresariales e intendentes. Entre los temas que se debaten es la reglamentación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la principal herramienta que protege los derechos de los indígenas. 

El tratado, que fue ratificado por la Argentina se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales. 

En los hechos es la principal herramienta que cuentan las comunidades mapuches asentadas sobre yacimientos petroleros a la hora de exigir el consentimiento previo, libre e informado para decidir si aceptan la actividad extractiva en sus territorios. 

La gran discusión no es nueva en la provincia, y pasa por los alcances que tiene el convenio.

Ahora, con el resurgimiento de la actividad petrolera de la mano de Vaca Muerta, el sector empresarial prevé que podría desencadenarse un recrudecimiento de los conflictos y busca blindarse para proteger el negocio.