La decisión del secretario de Energía, Javier Iguacel, de cargar sobre los usuarios la multimillonaria deuda de las distribuidoras de gas con las productoras que se generó tras la brusca devaluación del peso, marca un punto de inflexión en la relación del gobierno de Cambiemos con la sociedad y sepulta sus aspiraciones políticas, al menos en el corto plazo. 

Si bien Iguacel, acuciado por la reacción social, dio marcha atrás con la medida para pasar al costo de la deuda al Estado, que la abonará en cuotas a partir del 2020. Es decir, que pateó el problema para el próximo gobierno. 

Entre la turbiedad del laberinto en que se metió la administración Cambiemos al aumentar sin contemplaciones el precio del gas en dólares, emerge una gran duda: cuál es el verdadero monto de la deuda. Algunas fuentes indican que sería de entre 17 mil y 20 mil millones de pesos, dependiendo de la cotización del dólar que se aplique. Según reveló el sitio web El Destape, Iguacel hizo caso omiso al documento del Enargas que indicaba que las distribuidoras no han acreditado el pago efectivo del gas que compran a las productoras a un tipo de cambio actualizado. 

Sucede que los contratos de compra de gas están pautados en dólares, mientras que las distribuidoras cobran a los usuarios las tarifas en pesos. Los cuadros tarifarios son revisados semestralmente y aprobados por el Ejecutivo. La diferencia que reclaman las productoras se generó porque el dólar se disparó de 20 pesos a 38 en lo que va del año. 

Otra de las dudas en torno al tema es si las distribuidoras deben ser compensadas cuando tienen mecanismos para protegerse de las variaciones del tipo de cambio. Una de las principales herramientas es la operación en los mercados a futuro del dólar, maniobra que habría realizado Metrogas, la principal empresa del segmento. Nuevamente las miradas apuntan a Iguacel por no haberse tomado el trabajo de verificar si realmente las compañías necesitan tal compensación.

Los interrogantes abiertos son muy severos: ¿acreditaron las empresas el monto de la deuda? ¿Si esas compañías habitualmente operan dólar a futuro, no estarían ganando por partida doble con la compensación estatal? ¿No deberían hacerse cargo las empresas privadas del riesgo de meterse en el negocio de comprar un insumo dolarizado? ¿Qué consecuencias tendrá todo este descontrol sobre las inversiones en producción de gas, sobre todo de Vaca Muerta?

Desde el gobierno se intentó deslindar responsabilidades sobre la política tarifaria al asegurar que las tarifas están dolarizadas por la Ley 24.076, sancionada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, pensada para resolver las variaciones del precio del gas. Sin embargo, obviaron el gran detalle de que por ese entonces regía la convertibilidad y durante la gestión de Cambiemos el dólar pasó desde los 9 pesos a superar los 40. 

Por eso, ahora buscan cambiar el marco regulatorio para evitar que una nueva devaluación haga compasar todo los cuadros tarifarios. 

En este escenario, Iguacel decidió abandonar el sendero de precios incrementales en dólares del gas para gran parte del país, excepto para la Patagonia. Por eso, los usuarios del sur del país, que tienen subsidios diferenciales por las bajas temperaturas de la región, tendrán subas que en promedio superarán el 100 por ciento. En los que va del año, el tarifazo asciende al 270% en la zona que aporta la mayor parte del gas que se produce y consume en el país.