El gobierno nacional busca ahora desactivar la bomba de tiempo que armó -con aval del presidente Mauricio Macri- el ex CEO de Shell Juan José Aranguren. 

El Enargas, en sintonía con nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, convocó mediante una carta a las productoras y distribuidoras para que renegocien los contratos de gas. 

En los hechos, se busca que quede sin efecto el acuerdo sellado el 30 de noviembre del año pasado, que fijó los precios de venta del gas y los volúmenes entregados por cada petrolera para 2018 y 2019. 

De acuerdo al esquema establecido por Aranguren, el precio en boca de pozo debía saltar a US$ 5,19 por millón de BTU en octubre próximo y trepar hasta los 6 dólares en el mismo mes de 2019. Las subas semestrales iban acompañadas de quitas de subsidios para cerrar el año próximo con una quita total de la subvención estatal los consumidores. En la Patagonia, los subsidios se mantendrían hasta 2022 por sus condiciones climáticas.

Ahora, Iguacel y el directorio del Enargas coinciden con la principal crítica que se le hizo a Aranguren durante la audiencia pública de septiembre de 2016, donde se cumplió con el burocrático trámite de participación ciudadana dictado por la Justicia, pero que no modificó los planes del ex Shell. En esa oportunidad, el principal cuestionamiento fue que no quedó evidenciado que los precios del gas dispuestos tuvieran un sustento técnico que los justificara.

Ahora, las nuevas autoridades energéticas consideran que no existe viabilidad política ni justificación técnica que avalen ese esquema. 

Sin embargo, el nuevo camino que se tomará no está exento de peligros para los consumidores. Se baraja la idea de que a partir de ahora cada distribuidora negocie su propio contrato de abastecimiento de gas con las petroleras sin la intermediación del Estado. El Enargas se reservará la potestad de habilitarlos si garantizan el mejor precio posible para el usuario.

En el gobierno creen que con la suba de la producción de gas los contratos se negociarán a la baja. Sin embargo, la única cuenca que registra datos de producción alentadores es la neuquina, gracias a Vaca Muerta. A nivel nacional, la extracción gasífera apenas creció un 1% en el último año.

Los nuevos funcionarios piensan que como en el verano sobra gas, el precio en boca de pozo para esa época se negociará a la baja y eso permitirá planchar el promedio anual por debajo del sendero que había planeado Aranguren. 

La idea es presentar los nuevos precios en la audiencia pública de septiembre. 

Esta política implica nuevos interrogantes. En primer lugar, desatar el juego del libre mercado en un sector concentrado como el energético podría abrir la puerta a una cartelización. Cuatro compañías concentran casi más del 75% de la producción de gas del país: YPF, Total Austral,  Pan American y Tecpetrol. El riesgo de dejar que las petroleras dicten sus propios precios en un mercado fuertemente deficitario en los meses de invierno, es extremadamente alto. 

En segundo término, el feroz ajuste en marcha para cumplir con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, requerirán de mayores recortes a los subsidios energéticos. ¿Se eliminarán totalmente? ¿Perderá la Patagonia su estatus preferencial? 

¿Estarán los fondos disponibles para el pago del Plan Gas que motoriza las inversiones en Vaca Muerta? La última devaluación dejó en jaque las previsiones presupuestarias de la gestión Aranguren, que se habían realizado con un dólar a 20 pesos, y hoy supera los 28. En las próximas semanas se librarán fuertes intereses entre productoras, distribuidoras y un gobierno que entrará en la peor etapa del ajuste. El usuario, apenas será testigo en las audiencias públicas que no son vinculantes.