En su rol como ministro de Energía, Juan José Aranguren ha arrastrado las enemistades con parte del sector petrolero que supo cosechar durante su carrera en el ámbito privado. Está claro que para él y para el gobierno que integra, la empresa bajo control estatal, YPF, no tiene privilegios. Tal es así que la compañía de bandera es la principal perjudicada por la deuda que el Estado nacional mantiene con las productoras beneficiarias del Plan Gas, extinto a fines de 2017. El monto asciende a unos 1.500 millones por los subsidios al incremento de producción de todo el año pasado. 

Más allá de la falta de pago, el nudo del conflicto pasa por el lado de que las autoridades consideran que la deuda es en pesos, al tipo de cambio del año pasado, mientras que las petroleras aducen que es en dólares.

Aranguren prepara una resolución para que las compañías acreedoras puedan adherirse. La idea es pagar la deuda en cuotas a partir de enero de 2019. La puja se desata en torno a la pérdida por la devaluación que tendrían las empresas, que también quieren cobrar con intereses, lo cual no es visto con buenos ojos por el ministro de Energía.

Aranguren tiene la presión de bajar aún más los subsidios a la energía. Lo viene haciendo con la demanda, con su esquema “gradualista”, y busca trasladarlo a la oferta, en el afán del gobierno nacional del disminuir el fuerte déficit de las cuentas públicas que provocó en sus dos años de gestión. 

La idea de Aranguren es pagar a las productoras de gas 26.200 millones de pesos (al cambio actual algo menos de u$s 1.300 millones) en cuotas a partir del año próximo y negociar algún tipo de compensación con las petroleras.

La mitad de la deuda, casi 800 millones de dólares, corresponde a YPF, empresa que pugna por cobrar en dólares. Además de perjudicar las finanzas de las compañías por la falta de pago, las beneficiarias del Plan Gas ponen en relieve que con la devaluación del último trimestre, si cobraran en moneda local, la deuda se habría licuado un 15 por ciento. Y nada hace prever que el dólar se mantendrá estable o tenderá a bajar.

Cobrar en pesos, en cómodas cuotas y dos años después es un combo intolerable para las compañías, quienes se sienten estafadas porque hicieron las inversiones para extraer más gas con la zanahoria del mejor precio. Aseguran que algunos de esos desembolsos aún no se recobraron, y advierten que dejarán de invertir en campos que no tienen los beneficios de los subsidios.

Los cortocircuitos no son nuevos. A principios de año, la suba de los combustibles produjo chispazos con el gabinete. Por un lado, el gobierno liberó el mercado, y por otro, se ofuscó cuando las petroleras subieron los precios por su incidencia en la inflación. La alianza gobernante probó una cucharada de su propia medicina. 

El Plan Gas fue ideado por el ministro Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández y permitió incrementar las curvas de producción, sobre todo en Neuquén. Ese programa llegó a su fin en 2017 y Aranguren lo reemplazó por un nuevo esquema que otorga precios más altos a los del mercado por cada proyecto no convencional de gas que acelere las inversiones. 

La medida provocó fuertes discrepancias con empresas como YPF, Wintershall o Pan American Energy, por el cambio de reglas: el gobierno nacional dejó de reconocer precios a las inversiones que ya se realizaron bajo el viejo esquema del Plan Gas. 

En cambio, sólo otorga subsidios a las compañías que ingresan al flamante programa. La primera en hacerlo fue Tecpetrol, de Paolo Rocca, con el desarrollo de Fortín de Piedra.

“El problema de perder el Plan Gas, especialmente para proyectos de elevadísimos costos como el shale, tight u offshore, es que se pierde el incentivo. Se pide que los proyectos viejos, que ya se pagaron o se están pagando, subsidien a los proyectos nuevos, pero cuando se toma una decisión de inversión como una compañía independiente, se evalúa el mérito del proyecto independiente de toda la empresa”, explicó el director general de Wintershall, Gustavo Albretch al sitio EconoJournal, poniendo en palabras el reclamo de las empresas.