En 2023 vencen las concesiones otorgadas por 30 años a las empresas que administran las repesas hidroeléctricas de la región. La proximidad a la fecha de vencimiento en un contexto de sequía agravada en la cuenca de los ríos Neuquén y Limay abrió un parteaguas entre quienes proponen que la provincia administre ese recurso en adelante y quienes rechazan esa posibilidad.

En medio del debate, ex empleados de Hidronor, la empresa privatizada que construyó las obras, pusieron el foco en un tema para tener cuenta a la hora de tomar decisiones: cuando terminen las concesiones, las centrales tendrán entre 35 y 60 años de antigüedad y necesitarán inversiones.

El primero en señalar la necesidad de que la provincia tome el control de las centrales hidroeléctricas fue Elías Sapag, el representante neuquino en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), argumentando que deben priorizarse los intereses de la provincia por encima de la generación de energía eléctrica.

Sapag compartió la presentación que hizo el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, en la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, de un proyecto para que sea remitido a la secretaría de Energía de la Nación, en la cual respalda la Declaración de Emergencia dictada por la AIC e inicia el proceso de recuperación de El Chocón y las demás presas, atento la cercanía del vencimiento de las concesiones (cinco sobre el Limay y una sobre el Neuquén).

En declaraciones a Radio Nacional Neuquén, Mansilla argumentó que la profundización de la sequía "tiene que ver con una acción de las grandes hidroeléctricas que en los últimos 5 años han turbinado a gran escala y sin control" y sostuvo que mediante el envío de la comunicación a la Secretaría "se informa que la provincia está dispuesta a asumir la administración", en detrimento del "intento de renegociación de la concesión que han solicitado las hidroeléctricas".

"Se trata de quedarnos con las ganancias, de ser los neuquinos y rionegrinos quienes vendamos la energía y que esa ganancia quede en nuestro país y no se la estén llevando multinacionales como está ocurriendo ahora", señaló.

Consultado acerca de si el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, acompaña a esa iniciativa, Mansilla afirmó que "lo hemos hablado y es uno de nuestros puntos fuertes porque hay un neuquino en la secretaría que obviamente va a hacer todo lo posible para que esto vaya en este camino" y agregó que "esto supera a la lapicera de Darío Martínez. Esta es una decisión política que se va a tomar más arriba. Esto lo tiene que resolver el presidente de nuestro país, el Congreso de la Nación".

La precandidata a diputada nacional por la lista Azul del MPN, María Eugenia Ferraresso, coincide con la postura de Mansilla. En una entrevista con este sitio web, consultada acerca de si las hidroeléctricas tienen que estar en manos de las provincias, respondió: "Sí, nosotros creemos firmemente que es fundamental que Neuquén y Río Negro recuperen el manejo de las centrales hidroeléctricas".

Quien la secunda en la lista, Osvaldo Llancafilo, no opina lo mismo. El actual secretario del Interior y los Gobiernos Locales propuso que la provincia no administre a las represas, sino que participe de las pautas de las concesiones, algo que está contemplado en la Constitución de 1994 y que no existía al momento de realizar las concesiones por 30 años.

En declaraciones radiales, dijo que "en 2023 nosotros queremos rediscutir las pautas de esas concesiones, a partir que la provincia las define, y en esa relación con estas empresas hay dos aspectos fundamentales: el cuidado del agua, que hoy se utiliza en un 70 por ciento para la producción, un 20 por ciento para la industria, y un 10 por ciento se potabiliza para el consumo humano, y ahí nosotros queremos establecer nuevos niveles de erogación de agua para la energía eléctrica".

Asimismo, planteó "volver a la tarifa Comahue", por la cual los neuquinos pagaban un precio diferenciado por ser productores de energía, que desapareció en 1993 cuando se realizaron las concesiones.

"La provincia tiene que ser quien defina esas pautas como dueña del recurso", agregó, "por eso planteamos que se incorporen en esas concesiones cláusulas que establezcan claramente la defensa de los recursos de Neuquén".

Un aporte técnico para la toma de decisiones

En un documento titulado "Propuestas alternativas para el desarrollo de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos", elaborado en julio de este año por un grupo de profesionales que en el pasado formaron parte de Hidronor (Hidroeléctrica Norpatagonica SA), se exponen distintas alternativas ante el vencimiento de las concesiones en 2023.

Los ex trabajadores de la empresa nacional estatal y luego privatizada, que tuvo a cargo la construcción y explotación de los complejos hidroeléctricos instalados en los ríos Neuquén y Limay, buscan aportar a la toma de decisiones que el gobierno tiene por delante y señalan varios aspectos para tener en cuenta.

Uno de ellos es que cuando venzan las concesiones, muchas de ellas "tendrán entre 35 y 60 años de antigüedad según el caso". Sostienen que gran parte del equipamiento estará cercano al fin de su vida útil, "en consecuencia, si se licitasen nuevamente las centrales hidroeléctricas o se prorrogaran las concesiones actualmente vigentes, habría que prever un programa de inversiones", y si el Estado quedara de operador tendría que armar un plan adecuado de inversiones.

Otro aspecto a considerar es la adecuación de las normas al manejo del agua, teniendo en cuenta que las mismas fueron redactadas hace 30 años, en escenarios hidrológicos diferentes a los actuales.

Con respecto a la posibilidad de prorrogar las concesiones, valoran que las empresas ya cuentan con el know how, pero advierten que sería conveniente que "la prórroga no fuera por un plazo muy extendido, por ejemplo, de 5 años", con la salvedad de que si el plazo es corto no se le puede pedir a los administradores que inviertan en equipamiento.

Apuntan que una nueva licitación de concesiones es el escenario "más factible" siempre y cuando haya un estricto control por parte del Estado. También analizan la posibilidad de modificar las reglas de las concesiones. Para ello sería necesario revisar los cánones regulatorios actuales o generar nuevos cánones, establecer inversiones obligatorias, evaluar la calificación del oferente y atender a contratos de energía de largo plazo.

En cuanto a la posibilidad de transferir la administración a las provincias, aclaran que el Estado nacional seguiría teniendo la titularidad de los activos, debido a la interconexión que tiene el sistema eléctrico argentino.

La modalidad de la administración sería a través de "una empresa provincial que aspire a obtener una concesión directa del Estado Nacional sin competir con el sector privado, en un procedimiento concursal transparente, asumiendo la gestión integral del emprendimiento, y apropiándose de una parte de la renta para costear los gastos de operación y mantenimiento".

Además, advierten que "al delegar el Estado Nacional la gestión de las obras, perdería el manejo inmediato de la caja y del control del gasto. Los objetivos energéticos se encontrarían en alto riesgo de perder relevancia frente a los extra societarios y en definitiva pondrían en riesgo la supervivencia de la propia empresa".