Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la secretaría de Energía aseguró que el decreto de Necesidad y Urgencia 389 que se publicó la semana pasada “establece un nuevo punto de partida para una empresa de mayoría estatal como IEASA” y le devuelve al Estado “la participación directa” en “distintos eslabones de la cadena de valor energética” que había desarmado el gobierno de Macri durante su gestión.

“El decreto viene a establecer un nuevo punto de partida para IEASA (Integración Energética Argentina S.A) que nació en el año 2004 y que tiene un rol central básicamente en la importación de gas natural aunque su espectro de incidencia en el sector energético es mucho más amplio; y sufrió una serie de idas y vueltas en las últimas administraciones en cuanto al manejo de algunos activos específicamente en el sector eléctrico”, aseguró Carbajales a .

Y remarcó que “pone en negro sobre blanco el rol del Estado en la economía y se echa por tierra la postura que había inaugurado la administración anterior que se simplifica en lo que se suele llamar el principio de subsidiariedad”, y que implica que el Estado “solo debe intervenir de manera directa en el mercado si el privado no quiere actuar o no puede; como un suplente”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 389/2021, publicado el 16 de junio en el Boletín Oficial, establece que el gobierno “considera esencial la activa participación del Estado, a través de sus empresas, en uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país como es el energético” y define medidas “que garanticen la reactivación y ampliación del campo de acción de la actualmente denominada Integración Energética Argentina S.A como actor protagónico del sector energético”.

En concreto, asignó a IEASA las acciones del Estado en la Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín, otorgó los permisos exploratorios correspondientes a dos áreas off shore de la Cuenca Malvinas Oeste del Mar Argentino, otorgó avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de 200 millones de dólares y derogó artículos del decreto de Macri que frenaron la venta de activos de la empresa.

Carbajales explicó que “este decreto lo que hace es devolverle el manejo de alguno de esos activos o por lo menos impedir que se desprenda de ellos y a la vez resuelve algunas cuestiones como el pago de una carta de crédito a Bolivia para importación de gas y otros temas sobre áreas off shore que estaban en cabeza de la secretaría de Energía y ahora se asignan directamente a esta empresa”.

El director del Posgrado en Hidrocarburos, Energía y Ambiente de la Facultad de Derecho de la UBA indicó que la gestión de Mauricio Macri reinterpretó el rol de subsidiariedad del Estado, y a través de un decreto, “fundamenta que el Estado tiene que retirarse porque esa actividad la pueden llevar a delante de una manera más eficiente y adecuada el sector privado”.

“Ahí tomó la decisión de desprenderse de activos en termoeléctricas, en empresas del sector nuclear, en Transener, que es la transportista monopólica troncal de energía eléctrica y así una serie de activos bajo el argumento de que lo debía hacer el sector privado, sin justificar por qué”, explicó el ex funcionario.

Para Carbajal es “valioso” el hecho de que el nuevo decreto revierta “esa decisión que había configurado el gobierno anterior y viene a clarificar la nueva visión del gobierno sobre el rol del estado en la economía”.

Y aclaró que es importante también porque en Argentina “no tenemos una norma constitucional que diga que el Estado va a hacer esto, como si lo tiene Brasil, una norma que se refiere a las empresas públicas y al rol del Estado en la economía y en materia de servicios públicos”.

“Este decreto viene a llenar ese vacío y lo dice con todas las letras, que el Ejecutivo considera que es valioso que el Estado tenga una participación directa a través de IEASA en distintos eslabones de la cadena de valor energética, específicamente en la generación eléctrica pero también en la transmisión como es el caso de Transener”, completó.

Y otro aspecto que destacó es la idea de “que empiece a incursionar en áreas como la producción de Litio y de Hidrógeno, y encabeza lo que es la industrialización y la transición energética”.

El rescate de IMPSA

El 12 de julio se va a realizar una asamblea en la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) para designar un nuevo directorio, luego de que el 28 de mayo el Estado nacional y la provincia de Mendoza concretaran el rescate y la capitalización del 84,9% de la empresa a través de sus acciones.

Carbajales opinó que la decisión tiene “aristas positivas” y sostuvo que “en primer lugar se lleva adelante un mecanismo de nivel societario, en el marco de una quiebra comercial cuyo acreedor mayoritario era el Estado a través de las agencias de recaudación y los bancos públicos; por lo que el Estado capitaliza ese crédito y pasa a ser el accionista mayoritario”.

“Esta decisión se enmarca en una visión estratégica que lleva adelante el ministerio de Desarrollo Productivo sobre cuál es el rol que la industria pesada y los grandes agentes económicos con capacidades productivas y tecnológicas y de innovación tienen en nuestro país”, definió el especialista.

Y planteó la importancia de “enmarcar esta decisión en un modelo de desarrollo productivo y sustentable que cree en las capacidades locales, en los Cluster productivos y que entiende que es una empresa que históricamente ha aportado mucho al país y que tiene mucho potencial para seguir haciéndolo en el marco de energías renovables, de generación hidráulica y tanto a nivel nacional como internacional”.