El interventor del Enargas, Federico Bernal, dijo ayer que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", mientras que las empresas propusieron aumentos de hasta el 15%.

"El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", subrayó Bernal.

El funcionario habló ayer en la audiencia en la que se discute el aumento de la tarifa de gas, un encuentro virtual que continuará hoy ya que se inscribieron 200 personas para hablar. Este es el ámbito que corresponde al debate de los precios de los tramos de distribución y transporte del negocio, mientras que el lunes se desarrolló la audiencia del precio del gas en el ámbito de la secretaría de Energía.

Bernal destacó que, "a partir de la decisión del Presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes", y afirmó que, "con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos".

Además, remarcó que "la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía", y afirmó que "la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo".

"Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años", puntualizó el interventor del Enargas.

Aseguró que "no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles".

Entre las empresas que intervinieron esta en la audiencia, la distribuidora Naturgy BAN, solicitó "la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente".

"Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio", indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.

A su vez, la distribuidora solicitó "considerar un ajuste que mantenga este incremento conforme la evolución de la economía, de forma semestral", y también pidió "iniciar a la brevedad el proceso de Renegociación de Tarifa Integral, que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad".

El director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, dijo que "los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario" y sostuvo que es "necesario e ineludible un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos de la compañía que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público y que le permita afrontar las obligaciones del período", señaló Cánovas.

"En términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 7,5% correspondiendo un 5,7% al transporte y un 1,8% a los impuestos", afirmó Cánovas.

El subsidio al gas

Este lunes se llevó a cabo la primera de las audiencias con un total de 42 oradores inscriptos para debatir el precio del gas en boca de pozo que es el que reciben las operadoras. La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló en esa oportunidad que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17% y 35%.

“En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla en la apertura de la audiencia pública virtual convocada por la secretaría de Energía para tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo.

La funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla.

La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones. Pero aclaró que requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome.

“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado)” difundidas por el BCRA, puntualizó Videla.

La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30% del total del sistema.

El resto es lo que demanda Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas, un 40%; otro 25% va la industria; y un 5% se destina al GNC.

Videla precisó además que la producción nacional representa el 82% de la oferta total, el gas boliviano 10% y el GNL importado 8%

Fuente: agencia Télam