“No hay otro lugar en el país donde se registre este desastre socioambiental”. El lugar de referencia es Vaca Muerta y su zona de influencia, y la afirmación corre por cuenta de Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que impulsó una denuncia penal por contaminación con desechos de la industria petrolera provenientes de Vaca Muerta.

Colombo anunció en una entrevista con que a principios del próximo año la entidad denunciante se va a constituir como querellante en el expediente que tiene la fiscalía de Delitos Ambientales de la provincia. Esta semana, la fiscalía tomó la primera medida con allanamientos en las instalaciones de la empresa Comarsa, una de las partes involucradas en la denuncia, ubicadas en la ciudad de Neuquén y en Añelo.

Lo que hay en las plantas es “un acopio indiscriminado, sin ningún tipo de tratamiento o medidas de bioseguridad”, afirmó el abogado.

“Están dadas todas las condiciones para que la fiscalía investigue seriamente y eluda cualquier tipo de interés o de influencia perniciosa, ya sea de autoridades públicas como de corporaciones” para “determinar las responsabilidades penales y tomar medidas que considere apropiadas, entre ellas la clausura provisoria de las plantas”, dijo el especialista en legislación de preservación del medio ambiente.

La institución denunciante también espera que la Justicia neuquina prohíba nuevos ingresos de residuos, tome declaración a “ejecutivos y empleados de la empresa y por supuesto a los funcionarios públicos involucrados que han avalado y consentido con actos administrativos el funcionamiento de estas plantas en estas condiciones”, agregó Colombo.

La denuncia se presentó el pasado 17 e involucra, además de la empresa Comarsa, una de las encargadas de los trabajos de remediación de los desperdicios que provoca la industria de los hidrocarburos, a las petroleras YPF S.A., Pan American Energy, Shell, Chevron, Tecpetrol S.A., Pampa Energía S.A., Vista Oil & Gas Argentina S.A. y ExxonMobil, y a los responsables de las áreas de Energía y Medio Ambiente de la provincia. Los abogados ambientalistas estiman que hay un daño ambiental del orden de los 5.000 millones de pesos.

En 2018, la misma organización junto a Greenpace y la Confederación Mapuche, presentaron una denuncia de similares características contra Treater, otra de las empresas de servicio que realiza el mismo trabajo que Comarsa en Vaca Muerta. “Esa causa estaba a punto de pasar a archivo y hace un mes la jueza de garantías, Ana Malvido, la reactivó”, dijo Colombo.

Sobre la nueva denuncia, el abogado expresó que hay “buenas expectativas” respecto a que avance la investigación, porque “a 48 horas hábiles de la presentación, el fiscal consideró que? ? había elementos suficientes para llevar a cabo los allanamientos”.

El abogado precisó que Vaca Muerta tiene 2020 pozos perforados y “más de 1.900 están en Neuquén”. Hablamos, continuó Colombo, de “fracking con todos los impactos ambientales y los problemas de sismicidad en zonas donde se hacen perforaciones”.

Para Colombo, la técnica del fracking es “un modelo antieconómico que requiere de subsidios del Estado que están cuantificados en 10 mil millones de dólares desde 2013 en adelante”. El nuevo Plan Gas, añadió, requiere de “78 mil millones de pesos” en aportes estatales, “diez veces más que el presupuesto para medio ambiente”, precisó.

“Vaca Muerta es sin lugar a dudas una expresión que no tiene grietas desde el punto de vista político y por lo tanto uno puede presumir que el Estado, en todos sus niveles, junto con las corporaciones involucradas, caminan brazo con brazo”, concluyó.