La distribuidora Metrogas, una empresa controlada por YPF, amenazó con no pagar el gas que compró durante el invierno a las petroleras para atender la demanda de sus clientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sector del conurbano bonaerense. La advertencia, que se materializará este mes, reactiva en la agenda energética la actualización de las tarifas y la dolarización del producto.

La advertencia de Metrogas puede tomarse como una reacción airada de una compañía a la que ahora no le cierran los números, o al menos eso es lo que muestran sus balances, o como cabeza de playa de un sector con fuerte poder de lobby que intenta recuperar rendimientos que le proporcionó el macrismo mediante políticas que perjudicaron a las grandes mayorías y fueron aplaudidas por todos los actores vinculados a la industria energética, incluidas las provincias petroleras, entre las que se destacó Neuquén y el gobierno del MPN.

El de Metrogas es un planteo que tiene presente a YPF en todos los mostradores, porque la petrolera estatal extrae gas y es uno de los proveedores de la distribuidora que acaba de patear el tablero. Pero además controla a la propia Metrogas con una participación del 70%. 

El planteo de Metrogas, en definitiva, empieza y termina en el despacho del presidente de YPF Guillermo Nielsen en el edificio de Puerto Madero. El economista está a cargo de la empresa de referencia de la industria petrolera en el país que puede, según cómo oriente sus políticas, funcionar con lógicas más afines al salvajismo del mercado o desplegar estrategias de desarrollo que contemplen las necesidades del conjunto de la sociedad.

Metrogas anunció a sus proveedores que no pagará el gas que compró en julio, agosto y el que corresponda a setiembre. La medida, de hacerse efectiva, interrumpirá la cadena de pagos con la propia YPF, Pan American Energy, Total, Tecpetrol y Pampa Energía. La cifra que dejará de pagar se estima cercana a los mil millones de pesos.

El planteo de Metrogas se sostiene sobre una queja por el congelamiento de tarifas. La empresa recuerda que el último aumento se dio en abril del 2019 y que no se autorizaron los incrementos de octubre del 2019 y abril de este año. Menos mal, porque una actualización como la reclamada y con el índice de precios mayoristas, implicaría un ajuste cercano al? ? 68%.

La empresa también está afectada por una caída en la recaudación - no lo dice pero es producto del desplome de la economía durante el macrismo y sus efectos devastadores sobre el mercado laboral, todo agravado después por la pandemia-,? ? y la prohibición que pesa sobre el corte de los servicios públicos, medida adoptada para no seguir tirando gente por la borda.

La industria intenta mostrar el hecho como un suceso aislado y desconectado de la política energética. Tiene, y de sobra, quien le escriba el relato. Pero en el fondo, el planteo de Metrogas identifica a todos los actores de la industria petrolera que quieren volver a maximizar ganancias y? ? persiguen un objetivo común: mantener el precio actualizado al valor dólar en todas las puntas de la cadena del negocio. 

Con ese libreto van prendidas todos los actores y también las provincias que tienen recursos en gas y petróleo, aliadas en los intereses de las empresas porque altos valores del producto es igual a mayor ingresos en regalías.

En este mar de tiburones propios y ajenos, está debutando el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, que deberá ser polea de transmisión de las estrategias del gobierno de Alberto Fernández y no ceder ante el entramado de intereses y presiones de uno de los sectores más poderosos de la economía.