Edesur y Edenor, dos de las grandes empresas distribuidoras de energía ganadoras durante el macrismo, incrementaron su patrimonio en los últimos dos años un 56% y un 39% respectivamente, y a pesar de que contaron con un aumento de precios del 3.800%, redujeron sus inversiones e incumplieron los límites de calidad establecidos por el ente regulador, que recomendó al Ejecutivo nacional  iniciar una nueva etapa contractual con las distribuidoras de energía para garantizar este servicio público esencial.

De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), Edesur por ejemplo, tuvo una ganancia de 12.600 millones de pesos en 2019 y “en el primer semestre del 2020 redujo a la mitad lo invertido en relación al año pasado, arguyendo falta de rentabilidad”.

“Las distribuidoras eléctricas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, se beneficiaron de sobremanera con la política económica ejecutada en la gestión anterior, puesto que sus ingresos aumentaron muy por encima de la inflación registrada; sin embargo, la calidad del servicio sigue siendo muy bajo”, explicaron los economistas.

Por el lado del patrimonio, en el informe explicaron que “tanto en 2018 como en 2019, en los años donde comienza la última crisis y la caída libre de la economía argentina, el patrimonio neto de estas empresas creció en términos reales en ambas ocasiones”. 

En 2018, Edesur incrementó su patrimonio neto en un 15,3% y Edenor un 11,4%, mientras que en 2019, empresa que distribuye energía en la zona sur del AMBA lo aumentó un 35,6% y la que lo hace en el norte, un 24,2%.

Desde Undav aclararon, en cuanto a las tarifas de electricidad, que para el consumo mensual de 400 Kwh, tuvieron un incremento de 3.802% para Edenor y de 3.737,57% para Edesur; cuando la inflación en el mismo periodo fue de 289,63%.

Esto se debe a la política de baja de subsidios del gobierno de Macri, ya que “se redujeron más de un 60% como consecuencia de la mercantilización de la energía”, y pasaron “de representar un 2,9% en relación con el PBI en 2016, a 1,1% en 2019”.

“Los subsidios bajaron pero no desaparecieron”, aclararon desde la universidad y agregaron que “el aumento del 3.800% fue amortiguado todavía por la presencia del efecto de dichos subsidios sobre el valor final de la factura de luz”.

En cuanto a la calidad del servicio, que está muy cuestionado actualmente durante la pandemia por los sucesivos cortes en amplias zonas del AMBA, tampoco tuvo un buen desempeño en los años en que fueron beneficiadas las empresas.

Luego de que el gobierno de Macri dispusiera la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) a mediados de 2016, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció los objetivos de calidad de servicio para el periodo 2017-2021, que no fueron cumplidos.

Edesur incumplió, entre marzo de 2017 y agosto de 2019, en todos los semestres, el límite que le impuso el organismo regulador en cuanto a la frecuencia media de interrupción por usuario del servicio (SAIFI), e incumplió en 2 de los 5 semestres con el límite acordado en la duración total de interrupción por usuario (SAIDI).

La distribuidora Edenor, incumplió el límite en 3 de los 5 semestres, tanto para el SAIFI como el SAIDI, en el período mencionado.

“Con motivo de los incumplimientos, el ENRE aplicó sanciones en cada uno de los semestres que rigió la RTI, representando un 1,5% del patrimonio del 2019 en el caso de Edenor y del 3,9% en el caso de Edesur”, señalaron en el informe.

Por el lado del desempeño de las acciones, “en el período 2016-2018, los precios de las títulos de las empresas distribuidoras de energía crecieron por encima del nivel general” y en el caso de Edenor, “llegó a duplicar el crecimiento bursátil del Merval”. 

“No obstante, con la crisis del 2018 la burbuja especulativa se pinchó y los papeles de las energéticas vieron terminar su shock especulativo que les sirvió para realizar altas ganancias en un corto tiempo”, remarcaron los economistas.

Revisión del ENRE

Desde Undav, explicaron que el ente regulador elaboró en julio de este año un informe sobre la situación actual de la prestación del servicio donde se “detalla la poca transparencia para fijar las tarifas, que no fueron justas ni razonables, la inconsistencia que significó el nuevo esquema tarifario con la realidad social y económica de los hogares y lo nocivo que fue para la competitividad de la economía en su conjunto”.

Por estos motivos el ENRE “recomendó la anulación de la Revisión Tarifaria Integral realizada durante el macrismo” y le dieron al Ejecutivo nacional la potestad “para iniciar negociaciones con las distribuidoras, a fin de dar comienzo a una nueva etapa en la prestación del servicio, con la accesibilidad del servicio a tarifas justas y teniendo presente la realidad macroeconómica”.