El traspaso de mando en la Casa Rosada se traduce en Vaca Muerta de la manera más cruel: una catarata de telegramas de despidos que las grandes compañías de servicio comenzaron a enviar ayer. Se estima que son unos 600, pero el número podría ser incluso superior. Según el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, a esa cifra se le debe sumar los 1.500 trabajadores suspendidos desde que Mauricio Macri congeló vía decreto el barril de petróleo.

La medida dejó de regir el 14 de noviembre y las petroleras volvieron a incrementar los precios de los combustibles. Sin embargo, la actividad en Vaca Muerta está frenada. Prácticamente no se realizan fracturas, la técnica que permite que el shale produzca petróleo y gas. Las operadoras tercerizan ese tipo de servicios en grandes compañías multinacionales como Schlumberger o Weatherford, y otras de perforación como San Antonio, que ayer comenzaron a enviar telegramas de despido luego de un periodo en el que ofrecieron retiros voluntarios.

El gremio que conduce Guillermo Pereyra, junto con el de Petroleros Jerárquicos, encabezado por Manuel Arévalo, pusieron ayer por la tarde en marcha un paro tras varias horas confusas en las que el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria antes de que se decretara la medida de fuerza.

Desde Petroleros Privados consideran que el gobierno nacional intervino a pedido de las cámaras empresariales, quienes de esta forma estirarán el conflicto hasta la asunción de Alberto Fernández.

Si el DNU de Macri que congeló el barril ya dejó de regir, la razón por la cual las petroleras dejaron de invertir está vinculada a una presión sobre el futuro gobierno para que tome medidas que le garanticen la rentabilidad de su negocio. Especulación pura y dura.

“Bajo argumentos ridículos y espurios, más vinculados a la política nacional y sus medidas erráticas que al desempeño del trabajador, las cámaras empresarias del sector hidrocarburífero pretenden que los más débiles paguen lo que deberían resolver en otro ámbito”, indicó el gremio a través de un comunicado.

El sindicato pidió que se convoque de manera urgente a la Mesa de Vaca Muerta y al gobernador Omar Gutiérrez para poner en marcha el mecanismo de resolución de conflictos previsto en el convenio colectivo de trabajo.

El gremio no quiere quedar en medio de una disputa política entre el sector empresarial y el gobierno de Fernández. 

La falta de sutileza de una industria de trabajadores rudos y empresarios que apuestan fuerte quedó en evidencia. Las compañías enviaron telegramas de despido a mansalva, en el mismo momento que pedían a Nación que dictara la conciliación obligatoria para evitar el costo económico del paro. El gobierno hizo caso y dictó la resolución antes de que los gremios anunciaran la medida de fuerza. Como la cédula de notificación no llegó a los sindicatos, el paro se puso en marcha ayer por la tarde, garantizando las guardias mínimas en los yacimientos, y seguramente se levantará hoy por la mañana.

Así las cosas, Alberto Fernández asumirá con una industria petrolera paralizada y en pleno conflicto laboral, con las empresas tratando de marcar la cancha.