El rotundo y anunciado fracaso del modelo económico del gobierno de Mauricio Macri estuvo signado por un cambio de paradigma en materia energética. La energía dejó de considerarse como un derecho esencial de la población para ser una simple mercancía más. Así, se aseguró la rentabilidad de las empresas a fuerza de tarifazos que destruyeron primero la capacidad de ahorro de las familias y luego el consumo, y que apuntalaron la destrucción de la industria y el comercio.

Si bien los precios altos del gas y del petróleo se tradujeron en incremento de la producción, al mismo tiempo socavó la demanda interna y actuó como combustible del proceso inflacionario. Como un bumerán, el modelo terminó arrinconando a sus principales ganadores: las empresas energéticas, que hoy afrontan -por el manotazo desesperado de su gobierno amigo- a sus principales fantasmas: el control de precios y cepo cambiario.

En este contexto, y a días de las elecciones presidenciales, desde el otro lado de la vereda ideológica, comienzan a surgir propuestas para un nuevo modelo energético, bajo el convencimiento de que la Casa Rosada cambiará de color político el 10 de diciembre.

El Partido Justicialista difundió días atrás un documento denominado “Aportes de los equipos técnicos de la unidad”, que atraviesa diversas áreas de gobierno y que fue elaborado tras varios meses de debates, en los cuales participaron 700 personas divididas en 18 comisiones. 

En materia de energía, el informe destaca que los servicios públicos son derechos sociales y, por lo tanto, se debe tender a su universalización y progresiva accesibilidad.

“La salud energética de una Nación no pasa por una balanza comercial energética superavitaria, ni por el estado de la capacidad exportadora del país, todo lo cual por supuesto es más que deseable. La salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo y la de su aparato productivo e industrial”, indica el documento. 

El PJ señala que Argentina como productor de energía no debe pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos, y que los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. Propone congelar las tarifas por 100 días y crear la Comisión de Revisión Tarifaria Integral, que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad para definir los nuevos precios.

“El Estado asegurará la adecuada prestación de los servicios de gas y electricidad a un costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable a las licenciatarias”, señala la propuesta. 

El documento también hace énfasis la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta, a través de un plan estratégico con YPF como actor protagonista y con respaldo de herramientas financieras para proveedores locales de la industria petrolera, de manera de generar empleo y valor agregado en el país. Y propone la creación de un plan de infraestructura de transporte de gas, petróleo y electricidad para asegurar el desarrollo del shale.

Sobre la base de la política de transición energética que oficie como planificación indicativa del sector, se propone priorizar el desarrollo de la generación de energía eléctrica con tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear. 

El PJ también destaca la necesidad de retomar los proyectos de producción de energía nuclear de central CANDU con tecnología argentina y en base a uranio natural y CAREM. 

Por otro lado, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) elaboró el documento “Nuevas Bases para un Programa Energético” como aporte al Frente de Todos. 

La propuesta destaca que la relación estrecha entre el sector de la energía y la macroeconomía nacional, obliga a que el diseño de un plan de desarrollo que garantice “una producción de fuentes de energía con precios pesificados, que permita una ganancia razonable a las empresas productoras, pero acotadas a las posibilidades de pago de la sociedad y de la economía”.

En materia de hidrocarburos, el IESO señala que debe establecerse una política específica, con sólido consenso con las provincias y con una presencia regulatoria y empresaria del Estado Nacional.

Considera que los yacimientos de hidrocarburos no pueden ser objeto de especulación inmobiliaria, sino que deberá propenderse a su explotación productiva.

“Sostenemos la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de YPF como empresa de bandera en el desarrollo productivo y tecnológico”, indica la propuesta del Instituto.

Y asegura que la producción de gas de Vaca Muerta debe posibilitar la disminución de los precios en el mercado doméstico, e intensificar su uso en la industria y el transporte. “Una vez alcanzado el autoabastecimiento, y con el desarrollo de nuevos usuarios, la potencialidad de su exportación dependerá de la escala de producción, en principio hacia los países limítrofes. La perspectiva de llegar con Gas Natural Licuado (GNL) a mercados distantes, dependerá de los costos que desarrolle Vaca Muerta en el largo plazo, y una vez definido su uso con valor agregado nacional. La construcción de nuevos gasoductos deberá estar condicionada a estas políticas, así como toda otra infraestructura o beneficios a la producción del fluido”, dice el documento.

Además propone dar continuidad al impulso de energías renovables, promoviendo la industrialización nacional de todos sus componentes. Y, al igual que el documento del PJ, insta a retomar el desarrollo nuclear nacional y recuperar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito.  

El Instituto Scalabrini Ortiz también remarca la necesidad de continuar con la expansión de la capacidad de transporte de electricidad y gas natural, y de promover políticas de eficiencia energética.