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Resulta anecdótico analizar si lo que ocurre en Ecuador es producto de una traición, el escenario actual es de un presidente que llegó al poder por el oficialismo “correísta”, pero que resulta estar, en el ejercicio de la presidencia, ajeno al progresismo que tanto Correa como los dirigentes de Alianza País (partido creado por Rafael Correa) proponen como idea de gobierno bajo la denominada “Revolución Ciudadana”.
La profunda crisis de Alianza País (AP) a partir de la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador, es tan grande que ha logrado consumir al resto de los partidos políticos en una batalla interna, y ha llevado a la sociedad ecuatoriana a tomar partido, unos por Correa y otros por la oposición a Correa, hoy encabezada por su sucesor, Lenín Moreno.
Si el actual escenario hubiese sido pensado por el oficialismo para consumir a la oposición, podría decirse que se trata de una de las mejores estrategias que quizá viva el mundo de la política en la actualidad. Pero decididamente, no es así. Las división entre el “correísmo” y los seguidores de Moreno, resultan tan reales, que producen una profunda división, no solo política, sino que también social.
Alianza País capitalizó la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales con una agenda programática que logró la incorporación de los sectores populares que la aplicación del esquema neoliberal, no solo no había resuelto, sino que había empeorado.
Con esa decisión política, Rafael Correa ha forjado su identidad en el ejercicio del gobierno, y el repentino rol de opositor lo hace maniobrar sobre estrategias que todavía no logra explotar. También la identidad de AP como partido, se gestó en ese ejercicio de gobierno, lo cual condicionó su posibilidad de tener una estructura partidaria sólida e independiente del Estado, como le toca afrontar en la actualidad.
El vicepresidente Jorge Glas, hombre de confianza de Correa, debió dimitir de su cargo luego de que el presidente Lenín Moreno le retirará sus funciones debido a un presunto caso de corrupción. Un mes después de que le quitaran funciones, Glas fue condenado a seis años de prisión acusado de recibir coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
A partir de esa detención, el sector “correísta” comenzó a denunciar persecución política e ideológica, y el sector "morenista" se comenzó a mostrar como el grupo político que lucha contra la corrupción.
De esa forma, como si se tratara de alguna estrategia común, Ecuador se suma a Brasil y la Argentina con dirigentes políticos encarcelados. Lenín Moreno, a pesar de ser marginado del partido oficialista, comienza a ganar prestigio por haber iniciado un “proceso de corrección de los males” del gobierno de Correa.
Dentro de esa estrategia, el presidente impulsa un referéndum constitucional para el próximo 4 de febrero con el objetivo de impedir, de forma indirecta, que Rafael Correa pueda volver a ser candidato presidencial.
Nuevamente, con similitudes a los casos de Brasil y la Argentina, el actual gobierno busca prohibir al líder de la oposición, su participación en las próximas elecciones. En Ecuador, además de la persecución judicial y mediática, el gobierno impulsa el mencionado referéndum.
La primera pregunta se refiere a la inhabilitación política de todas las personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, la segunda, está orientada a cambiar el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la tercera elimina la posibilidad de reelección vitalicia para el Presidente de la República.
Esta última, si Correa no fuera condenado por la Justicia por supuestos casos de corrupción, también impediría que el ex presidente se pueda presentar en elecciones debido a que ya ha ejercido el cargo en dos oportunidades.
Si bien la campaña sobre el referéndum recién comienza a tomar color, es el propio Rafael Correa, quien encabeza el “no” a la consulta popular, y fundamentalmente el voto negativo a las preguntas dos y tres que, en el caso de la dos apuntaría a un control de todos los poderes del Estado por parte del Presidente.
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