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Desde el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), venimos alertando sobre los efectos de la pandemia de las desigualdades a la recuperación del salario, el trabajo y la industria a nivel global. Desigualdades que, a su vez, se encuentran presentes en tres planos: entre Estados centrales y periféricos; entre sectores sociales; y entre Estados y grandes corporaciones. En este momento, una parte de la humanidad, la más empobrecida y desprotegida, continúa transitando dos pandemias, la del Covid-19 y la económica.
A su vez, ya se vislumbra que se está ingresando en una fase de estanflación a nivel global. Por un lado, la recuperación de la economía se da de forma tan lenta y dispar que obligó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja sus perspectivas de crecimiento. Por otro lado, se está experimentando un proceso inflacionario a nivel global, como no se vivía desde la década del 70. El aumento de precios en alimentos, energía e insumos, se da producto de un aumento abrupto de la demanda, una crisis comercial -que se expresa en el aumento de los fletes y la imposibilidad de acceder a insumos de uso difundido en la actividad industrial-, y la alta concentración de las compañías a nivel global, que remarcan precios para recuperar rentabilidad y ganar cada vez más porciones de riqueza.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) arroja resultados estremecedores: el índice de precios de los alimentos aumentó un 32,8% entre septiembre de 2020 y 2021. En los cereales el aumento fue del 27,3%, en aceites vegetales un 60%, en lácteos un 15,2%, carnes un 26,3% y en azúcar un 53,5%. Con este aumento de precios millones de personas verán afectadas su calidad de vida.
Se estima que en el 2020, aproximadamente 811 millones de personas (una décima parte de la población global) padecieron subalimentación. En definitiva, esta situación de inseguridad alimentaria afectó a 418 millones de personas en Asia, 282 millones en África y 60 millones de personas en América Latina y el Caribe.
En cuanto a los precios de la energía (hidrocarburos - gas natural, carbón y petróleo), éstos evidenciaron aumentos significativos en el tercer trimestre del 2021 y se prevé que seguirán siendo elevados durante el 2022. Según el Banco Mundial, los precios de la energía son un 80% más elevados que el año anterior, generando grandes riesgos en el corto plazo, en términos de inflación global. Esta situación profundiza, a su vez, la pobreza energética: 800 millones de personas alrededor del mundo, aproximadamente, no tuvieron la posibilidad de acceder a la electricidad y unas 2.600 millones de personas (un tercio de la población global) no accedieron a gas natural para cocinar.
Como es de común conocimiento, el alimento y la energía son dos insumos básicos que definen la calidad de vida de los seres humanos. En consecuencia a los sectores más vulnerados económicamente les será más difícil la subsistencia; a la vez que los sectores medios, muy golpeados por la pandemia, podrán destinar cada vez menos dinero al consumo y tendrán que utilizar sus ingresos para subsistir.
Respuestas de los gobiernos ante el aumento de precios
La inflación experimentada alrededor del mundo, que también aqueja a nuestro país, poseen componentes multicausales que deben ser atacados, según Nigel Chalk, director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, desde varios frentes políticos y macroeconómicos. Ante esta alarmante situación, donde coexisten problemas estructurales y coyunturales, los gobiernos aplican distintas medidas y estrategias para controlar la inflación, que van desde el control de precios, aplicación de subsidios, acciones antimonopólicas, hasta cuotas para la exportación.
En Estados Unidos, mientras el salario real disminuyó un 0,8% interanual, los precios aumentaron un 5,6%. Esto necesariamente se expresa en una puja distributiva, ya que lo que perdieron los consumidores en salario real fue captado por los dueños de las compañías en ganancias. En este sentido, las principales compañías estadounidenses tienen los márgenes de ganancia más altos desde el año 2008, inclusive algunas con ingresos récord. Según un análisis del Washington Post, 45 de las 50 compañías más importantes de EEUU tuvieron ganancias durante la pandemia, y 27 de estas mismas despidieron más de 100.000 trabajadores a pesar de eso.
Parte del problema de la inflación en el país del norte, es que algunos sectores de la industria alimenticia se encuentran altamente concentrados. Actualmente, el 53% del mercado cárnico es controlado por cuatro empresas, las cuales industrializan el 85% de la carne de res de Estados Unidos y el 65% de la carne aviar. Por otro lado, cuatro empresas concentran el 80% del mercado de la cerveza, y otras cuatro controlan el 83% del mercado de cereales listos para el consumo, y lo mismo ocurre en el mercado de gelatinas o papas procesadas.
Recientemente, la administración de Joe Biden aseguró que el aumento récord de precios en la carne del 5,6% interanual tiene una relación directa con la concentración de mercado. Tal es así que el secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Tom Vilsack, mencionó que los aumentos de precios en productos cárnicos se deben a la consolidación de las principales empresas procesadoras, las cuales experimentaron ganancias récord durante la pandemia de Covid-19.
A la situación monopólica se le suman las sequías internas, y el aumento de exportaciones a China que desabastecieron el mercado interno. Por esta razón, parlamentarios demócratas están realizando investigaciones para tomar cartas en el asunto y garantizar el abastecimiento local a precios accesibles. Dentro de las propuestas se encuentra una Ley de Reforma Agrícola para “tomar medidas enérgicas contra las prácticas monopólicas de los empacadores de carne” y “reformar masivamente nuestro sistema agrícola y alimentario roto para dar a los trabajadores, agricultores y consumidores un poder de negociación real”.
En Europa, recientemente, los ministerios de Energía de la Unión Europea mantuvieron reuniones de urgencia para tratar la crisis de aumento de precios de la energía en los países de la Eurozona, y en particular los aumentos del gas, el cual subió su precio en un 170% desde principio de año. La instalación de parques eólicos, solares y energías renovables para producir energía renovable en Europa y reemplazar masivamente el uso de combustibles fósiles, fue parte sustancial del incremento de las tarifas para los usuarios y usuarias.
En este sentido, los ministerios estuvieron de acuerdo con congelar tarifas, formalizar recortes fiscales (desgravaciones para gas y luz, quita del IVA, entre otras) y generar ayudas gubernamentales para familias y empresas. Cabe destacar que, dentro de las discusiones propias del bloque, España, Italia, Grecia y Francia propusieron fijar precios en el mercado mayorista del gas.
Por otro lado, en Ecuador en los últimos meses, el precio de los combustibles (nafta y diesel) sufrió un aumento considerable del 12% que, pese a ser uno de los precios más bajos de la región, provocó impactos directos en la cadena de suministros agroalimentarios y, por supuesto, descontento social. Ante esta situación, el gobierno ecuatoriano congeló los precios del diesel en $1.90 y de la nafta extra en $2.55. Cabe destacar que el aumento de precios en Ecuador se debe a que se permitieron que se remarcaran los precios locales, y a la dependencia internacional de dichos combustibles, ya que alrededor del 40% del combustible comercializado es importado, mientras que para el diesel, este porcentaje aumenta a un 80%.
En Colombia el incremento generalizado de los precios, y particularmente el incremento de los precios de los alimentos y bebidas, fueron generados en gran parte por el aumento exponencial de los precios de los agroinsumos necesarios para la producción agropecuaria y agroindustrial. Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Agricultura colombiano busca definir, mediante un proyecto de ley, las reglas de juego para regular los precios de estos productos y apoyar a los productores y productoras mediante la utilización de un fondo para la compra de esos insumos agropecuarios.
Eurasia tampoco se salvó de la inflación. En Turquía, la inflación minorista de septiembre ascendió al 19,58%, mientras que la inflación en alimentos ascendió en torno al 30%. Allí una parte del problema es la concentración de los supermercados. En respuesta a este aumento de precios que ronda los dos dígitos hace cinco años, el gobierno de Erdogan propuso adicionar 500 locales de alimentos y bebidas, a los 500 locales ya existentes que se encuentran administrados por las Cooperativas de Crédito Agrícola (cuenta con 1 Unión Central, 17 Uniones Regionales, 1622 Cooperativas y muchas Oficinas de Servicios), lo que podría tensionar la relación con las principales cadenas de supermercados que operan en el país, tales como BIM Birlesik Magalazar (cadena que cotiza en bolsa) y la A101 Yeni Magazacilik AS, que operan un aproximado de 8.500 y 10.000 locales de alimentos y bebidas. En simultáneo, el Ministerio de Comercio se encuentra investigando denuncias relacionadas al aumento excesivo de precios en productos agroalimentarios en los mercados mayoristas de Estambul, Ankara, Izmir, entre otras grande ciudades turcas, además de trabajar en reformas legislativas que atienden la cuestión general de la inflación.
En conclusión, el actual aumento de la inflación no sólo responde a un aumento de la demanda de alimentos y energía, sino a que la concentración de todas las actividades económicas permite que pocos actores aprovechen esta situación para recomponer rentabilidad. La captura de renta está en el centro de la nueva espiral inflacionaria global. Con esto, los sectores medios, populares y de pequeña y mediana escala son los grandes perdedores. Es necesario que se tomen medidas a nivel nacional y de cooperación global para limitar el poder monopólico de las grandes corporaciones para fijar los precios.
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