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Exterior
14/12/2021

Referendo en marzo

Uruguay definirá si deroga o no el plan neoliberal del gobierno

Uruguay definirá si deroga o no el plan neoliberal del gobierno | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

El 27 de marzo la ciudadanía uruguaya decidirá mediante el voto acerca de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que condensa las políticas neoliberales del presidente Lacalle Pou. Para llegar a esta consulta popular hubo que juntar las firmas de más del 25% del padrón.

Acostumbrado en las últimas décadas a que la ciudadanía resuelva sobre asuntos que generan grandes controversias en el país, Uruguay empezó los preparativos rumbo al referendo (o “referéndum”) que se realizará el 27 de marzo para decidir si se deroga o no el plan neoliberal del gobierno de Luis Lacalle Pou, condensado en una gigantesca norma llamada “Ley de Urgente Consideración” (LUC) que rige desde junio pasado.

Dicha ley consta de 475 artículos y fue aprobada en un trámite exprés en el Parlamento por la coalición de derecha que respalda al actual mandatario. En la consulta popular dentro de tres meses y medio, se propondrá dejar sin efecto 135 artículos. El voto por “Sí” implicará derogar ese articulado, mientras que el “No” significará rechazar las modificaciones al texto vigente.

La LUC establece disposiciones de corto y mediano plazo que provocarían transformaciones favorables a los sectores de mayor poder en la sociedad uruguaya, tanto en las estructuras económicas, laborales, educativas y de salud como en la seguridad pública, la legislación penal y el ejercicio de los derechos civiles.

Los temas involucrados van desde cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, la eliminación de obligatoriedad para la educación formal en la primera infancia, un nuevo régimen de alquiler de viviendas, restricciones al derecho de huelga y las protestas callejeras, y mayores poderes a la Policía para retener a personas en “procedimientos rutinarios”.

La Corte Electoral informó que el 27 de marzo se hará el referendo, luego de que la consulta fuera solicitada por el 25 % del padrón, según exige la legislación uruguaya. Ese porcentaje obligaba a reunir al menos 671.544 firmas, y el órgano que controla los procesos electorales certificó que la cifra había sido superada.

En realidad la cantidad de ciudadanos que pusieron su rúbrica en el petitorio fueron más de 730.000, pero la Corte confirmó la realización de la consulta cuando se alcanzó el número mínimo y se constató la autenticidad de las firmas. Luego continuaron los procedimientos para validar o descartar el resto.

La recolección de firmas que expresan la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas fue centralizada por la Comisión Nacional Pro-Referéndum, integrada por organizaciones sociales, sindicales, feministas y ambientalistas, y por múltiples sectores y personalidades de la sociedad civil. También participan miembros de la coalición de centroizquierda Frente Amplio pero solo a título personal, ya que legalmente no pueden hacerlo como dirigentes de un sector político.

En julio pasado, la Ley de Urgente Consideración fue aprobada en el Parlamento con los votos de la llamada “coalición multicolor” que integran el Partido Nacional -al cual pertenece el presidente-, el Partido Colorado -rival histórico del anterior pero actualmente ambos con posiciones conservadoras- y también los partidos Independiente y de la Gente, a los que se sumó Cabildo Abierto -este último de extrema derecha, conducido Guido Manini Ríos, un militar que reivindica a la dictadura-.

Una ley clave

La LUC es una ley clave para el gobierno de Lacalle Pou, y algunas de sus múltiples disposiciones afectan al mercado de petróleo crudo y sus derivados. La regulación del precio de los combustibles fue modificada por esa norma, durante sus cinco meses de vigencia hubo varios aumentos y el tema está incluido en los artículos a derogar.

Otros aspectos cuya anulación se propone incluyen mayores atribuciones para el uso de la fuerza policial, la restricción del derecho de huelga y la declaración de “ilegítimos” a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afectan la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente facultad para que personal armado del Estado los disuelva por la fuerza.

En cuanto al Código Penal, la ley amplía las penas mínimas y máximas para loa menores imputables, y además limita el régimen de semilibertad para adolescentes en conflicto con la ley penal. También extiende el concepto de “legítima defensa” cuando sea objeto de ataque un bien material.

Además, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a la Fiscalía sobre la detención de una personas, y otorga potestades a miembros de fuerzas policiales y militares para retener a personas y registrar automotores en procedimientos “preventivos rutinarios”.

Por otra parte, la LUC modificó el régimen de alquileres a través de una serie de artículos que también se propone derogar. El sistema autoriza los arriendos sin garantías pero reduce los plazos para el desalojo. El gobierno afirma que se mejorarán las posibilidades de alquilar, mientras la oposición advierte que los propietarios podrán desalojar fácilmente a los inquilinos.

En 1992, contra las privatizaciones

La realización de consultas populares para dirimir asuntos controvertidos en la vida política y social de Uruguay ha sido reiterada desde la finalización de la dictadura cívico-militar (1973-1985). Una muy significativa se realizó en 1992, cuando el gobierno conservador de entonces -encabezado por Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente- puso en marcha un plan privatizador.

Esa vez, el gran freno al avance de conglomerados empresarios sobre el Estado fue precisamente un referendo que rechazó la privatización de empresas públicas. En pleno auge neoliberal en el continente y a nivel mundial, una mayoría de ciudadanos uruguayos impidieron con su voto la entrega de compañías estatales a grandes capitalistas.

29/07/2016

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